La Diputación de  A Coruña tiene más de 300 millones en la caja

Las cifras de la entidad provincial evidencian una parálisis en la gestión y la inversión

La situación de la Diputación de A Coruña pone de manifiesto una serie de contradicciones en la gestión de recursos públicos. Cuenta con más de 300 millones de euros inmovilizados en cuentas bancarias, cantidad que supera ampliamente el presupuesto anual de la institución, que asciende a poco más de 200 millones. Este hecho evidencia un problema de gestión en la ejecución de recursos, que debería orientarse a prestar servicios e inversiones en la provincia.

Parálisis en la ejecución presupuestaria:

La acumulación de remanentes —provenientes de ejercicios anteriores no ejecutados—, que supera los 398 millones incorporados mediante modificativos presupuestarios, denota incapacidad para ejecutar los proyectos previstos. Esto genera un presupuesto final inflado (620 millones), pero con poca ejecución efectiva.

Distribución descompensada del gasto

• Personal y gasto corriente consumen aproximadamente la mitad del presupuesto.
• Transferencias corrientes (72 millones) representan la partida más alta, destinadas mayormente a subvenciones o apoyos a otras instituciones.
• Las inversiones, con apenas 22 millones (10% del total), son notablemente bajas para una entidad que debería liderar el desarrollo provincial.

Modelo de gestión cuestionable

La acumulación de recursos sin invertir plantea dudas sobre la capacidad de la Diputación para identificar necesidades prioritarias y ejecutar proyectos que impacten en la calidad de vida de los ciudadanos. Esto puede interpretarse como una falta de planificación estratégica o una gestión excesivamente conservadora.

Críticas políticas y sociales

El rechazo al presupuesto por parte del Partido Popular evidencia desacuerdo con la orientación de las políticas de gasto e inversión. Además, esta gestión puede ser percibida por la ciudadanía como ineficaz, especialmente en un contexto donde las necesidades sociales y de infraestructuras en la provincia son notorias.

Implicaciones

• Económicas: el capital inmovilizado pierde su potencial de generar impacto en la economía local. Además, no se maximiza el uso de recursos públicos en proyectos que podrían generar empleo, servicios o infraestructura.
• Sociales: la falta de inversión en áreas clave puede provocar descontento entre la población, especialmente en sectores que requieren atención urgente.
• Políticas: la gestión de Valentín González Formoso puede ser objeto de críticas y desgaste, especialmente en un entorno donde la oposición busca evidenciar carencias en su administración.

Algunas carencias

• Planificación estratégica de inversiones: identificar proyectos prioritarios que permitan reducir el remanente acumulado y generar impacto positivo en la provincia, eliminando progresivamente ese remanente a través de una buena ejecución presupuestaria.
• Transparencia y participación ciudadana: establecer mecanismos para que los ciudadanos y colectivos sociales propongan y supervisen el uso de los recursos.
• Revisión de la estructura presupuestaria: incrementar significativamente la partida destinada a inversiones para responder a las demandas provinciales.
• Fortalecimiento de la gestión administrativa: aumentar la eficiencia en la ejecución presupuestaria mediante herramientas de planificación y seguimiento más rigurosas.

La cifra final de más de 620 millones de euros en el presupuesto total de la Diputación de A Coruña, lejos de ser un éxito, pone de manifiesto una evidente incapacidad de gestión bajo la presidencia del socialista Valentín González Formoso. Este comportamiento, más característico de una entidad financiera enfocada a la acumulación y el ahorro, resulta inadecuado para una institución pública cuyo propósito principal es promover el desarrollo y la prestación de servicios efectivos a los ciudadanos de la provincia.

Rol de las diputaciones provinciales

Las diputaciones provinciales son instituciones esenciales en el gobierno y la administración autónoma de las provincias españolas. Están constituidas como entidades locales para garantizar la cooperación técnica, jurídica y económica con los ayuntamientos dentro de su ámbito territorial. Su existencia está avalada por el artículo 141 de la Constitución Española de 1978, que dispone que “el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo”.

Composición y Elección

La composición de las diputaciones provinciales se determina a partir de los resultados de las elecciones municipales. Los diputados provinciales no son elegidos directamente por los ciudadanos, sino que son designados por los concejales electos de los ayuntamientos de cada partido judicialen función de los votos obtenidos por las formaciones políticas. Este modelo asegura que las diputaciones representen proporcionalmente la voluntad expresada en las urnas a nivel municipal.

Competencias y Funciones

Las competencias de las diputaciones provinciales están orientadas principalmente a:

1. Asesoramiento y cooperación con los ayuntamientos:en especial con los municipios de menor capacidad económica y de gestión, garantizando la prestación de servicios públicos básicos.
2. Planificación territorial y urbanística:coordinan estrategias para el desarrollo equilibrado de la provincia.
3. Gestión de servicios supramunicipales: como por ejemplo carreteras provinciales, infraestructuras hídricas y residuos.
4. Promoción del desarrollo económico y social:mediante programas de empleo, formación y apoyo a sectores como el turismo y la cultura.
5. Supervisión económica y financiera:proporcionan asistencia jurídica y contable a los ayuntamientos.

Además, tienen competencias delegadas por las comunidades autónomas y el Estado, lo que las convierte en un nexo de coordinación interinstitucional.

Relación con las Comunidades Autónomas

Desde la creación del Estado de las Autonomías, las diputaciones provinciales han redefinido su papel para evitar duplicidades con las competencias autonómicas. En algunas comunidades autónomas uniprovinciales (como Madrid), las diputaciones fueron sustituidas por gobiernos autonómicos. En otras, como Cataluña y País Vasco, han sido sustituidas por organismos similares, como los consejos comarcales o las diputaciones forales, adaptándose a las particularidades de sus estatutos de autonomía.

Críticas

Aunque las diputaciones provinciales desempeñan un papel vital en el equilibrio territorial, también han sido objeto de críticas:

• Duplicidad de funciones:en ocasiones, sus competencias se solapan con las de las comunidades autónomas o incluso con las de los grandes ayuntamientos.
• Falta de transparencia:se les ha cuestionado por su opacidad en la gestión y toma de decisiones.
• Debate sobre su necesidad:algunos sectores políticos abogan por su eliminación o reforma profunda, argumentando que son instituciones anacrónicas.

Las diputaciones provinciales siguen teniendo mucho peso en los servicios y el desarrollo territorial equilibrado en España, especialmente en municipios con menos recursos. Sin embargo, su modernización y adaptación a las nuevas realidades políticas y administrativas son imprescindibles para mejorar su eficacia, transparencia y pertinencia en el contexto del Estado autonómico.