El gobierno local convoca con pocos minutos la junta de gobierno para aprobar por vía urgente una prórroga de las obras de María Pita-Labañou mientras sigue sin responder a los vecinos. No alarga el diálogo: alarga la «tortura»
El gobierno municipal de A Coruña, presidido por Inés Rey, ha convertido las reuniones de la Junta de Gobierno Local (JGL) «urgentes y extraordinarias» en una práctica habitual. Y en el caso de las obras de reurbanización del ARI Grupo de Viviendas María Pita-Labañou, el gobierno no solo no escucha a los vecinos, sino que les concede generosamente una ampliación del plazo de ejecución. No es una solución: es alargar la «tortura».
Lo «urgente» como rutina, el sistema como formalismo
Las reuniones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña deberían ser la excepción dentro de la excepción. Según la normativa de régimen local, solo cuando la urgencia de los asuntos «no permita convocar la sesión extraordinaria con la antelación legal de dos días hábiles» puede el alcalde convocar una sesión «urgente y extraordinaria». Es decir, este mecanismo fue diseñado para afrontar asuntos verdaderamente imprevisibles e inaplazables.
Sin embargo, la realidad es otra: el 17 de julio de 2026, el 31 de julio, el 4 de agosto… En apenas unas semanas, las sesiones «urgentes y extraordinarias» de la JGL se suceden sin interrupción. Cuando lo «urgente» se convierte en norma, lo «extraordinario» pierde cualquier significado real. Este mecanismo ya no es una herramienta ágil para excepciones, sino un atajo administrativo para acelerar decisiones ya tomadas, sorteando los cauces ordinarios de deliberación.
El silencio ante los vecinos y la «generosidad» con la obra
Lo que verdaderamente pone al descubierto la ironía de este procedimiento «urgente» es el tratamiento del proyecto de reurbanización del ARI Grupo de Viviendas María Pita-Labañou.
El proyecto afecta a la segunda fase de las obras del ARI Grupo de Viviendas María Pita-Labañou, dentro de un plan integral de reurbanización dividido en cinco fases. Las actuaciones incluyen la mejora de la accesibilidad peatonal, la unificación de plataformas, la incorporación de zonas verdes, la renovación de las redes de saneamiento y pluviales, la implantación de nueva iluminación y la subterranización de las líneas eléctricas, telefónicas y de gas. En cuanto al presupuesto, el contrato de la segunda fase asciende a aproximadamente 972.809 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de nueve meses.
Todo esto suena a una renovación urbana deseable. Sin embargo, para quienes viven junto a las obras, la realidad es otra: ruido, polvo, dificultades de circulación, problemas de aparcamiento y una vida cotidiana permanentemente alterada.
¿Qué piden los vecinos? Ser informados, escuchados y tenidos en cuenta. Pero cuando plantean sus demandas, ¿cuál es la respuesta del gobierno de Inés Rey? Silencio.
Lo que sí concede con generosidad es una prórroga del plazo de ejecución.
Ampliar el plazo no es una solución: es prolongar el problema
En la última reunión urgente de la JGL figura, en lugar destacado, el siguiente punto: «Concesión dunha ampliación do prazo de execución das obras incluídas no proxecto de reurbanización do ARI Grupo de vivendas María Pita-Labañou».
Traducido al lenguaje que entienden los vecinos: las obras van a durar más.
El gobierno ha aprobado una simple prórroga del plazo. No ha añadido medidas compensatorias para mejorar las condiciones de vida de los residentes, no ha respondido a ninguna de sus demandas previas y no hay indicio alguno de que tenga intención de dialogar con la comunidad afectada durante ese tiempo extra.
Si una obra ya está causando molestias, ¿qué significa ampliar su plazo de ejecución? Significa que las molestias durarán más: más ruido, más incomodidades, más incertidumbre durante más tiempo.
Esto no es gestión: es institucionalizar la «tortura».
¿A quién se «acelera» y a quién se «prorroga»
Un contraste revelador:
— La voz de los vecinos: ignorada, silenciada, nadie la tramita con urgencia.
— El plazo del contratista: tramitado con carácter «urgente», ampliado con generosidad.
Cuando el gobierno aprueba una prórroga mediante un procedimiento «urgente», en realidad está diciendo a los vecinos que su paciencia puede prorrogarse indefinidamente. Cada día que la obra se retrasa, un día más de sufrimiento para los residentes. Y lo único que hace el gobierno es firmar una resolución.
La lógica del gobierno de Inés Rey parece ser: la eficiencia se reserva para agilizar los trámites administrativos; la dilación, para quienes sufren las consecuencias.
Epílogo
El número de reuniones «urgentes y extraordinarias» es, en sí mismo, un indicador de diagnóstico. Cuando un gobierno necesita recurrir con frecuencia a procedimientos «urgentes» para despachar asuntos, o bien existe un problema de capacidad de gobierno, o bien esos asuntos no eran tan urgentes: simplemente no se quería seguir el cauce ordinario.
En el caso de María Pita-Labañou, ambas posibilidades concurren. La prórroga de la obra puede presentarse como un «ajuste administrativo», pero lo que perciben los vecinos es una prolongación tangible de las molestias. El gobierno rechazó sus voces, pero aprobó su calvario.
Cuando lo «urgente» solo sirve a la comodidad del procedimiento y no a las necesidades de las personas, el sistema ha traicionado la razón por la que existe.