El Gobierno central desmiente su acuerdo para salvar un juzgado de instrucción
Una respuesta oficial del Ministerio en el Congreso confirma la reconversión del Juzgado de Instrucción nº8 en un órgano de Violencia sobre la Mujer, contradiciendo el anuncio de la alcaldesa de A Coruña de haber logrado un pacto con Bolaños.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró haber logrado mediante «gestiones discretas» con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que la ciudad mantuviera sus ocho juzgados de instrucción y sumara uno específico para Violencia sobre la Mujer. Sin embargo, la realidad que dibuja una respuesta oficial del Gobierno en el Congreso es muy distinta y deja en evidencia a la regidora: A Coruña perderá uno de sus juzgados de instrucción. La justicia, en este caso administrativa, le ha dado la espalda.
El conflicto se originó en marzo, cuando el Ministerio de Justicia planteó, dentro de la Ley de Eficiencia de la Justicia, transformar el Juzgado de Instrucción nº8 de A Coruña en una segunda sección de Violencia sobre la Mujer. La medida generó una inmediata alarma entre jueces, magistrados y sindicatos, que alertaron de los «graves perjuicios» que supondría para una carga de trabajo ya saturada –este juzgado gestionó en 2023 un 115% más de asuntos de los recomendados–.
Ante las críticas, especialmente del PP local que le recriminaba su «silencio inicial», Inés Rey salió al paso el pasado 27 de junio. La alcaldesa reveló entonces que había mantenido contactos directos y «absolutamente discretos, rigurosos y formales» con el ministro Bolaños. Incluso llegó a comprometerse públicamente, en una reunión con el sindicato CSIF, en que A Coruña sería incluida en un nuevo Real Decreto que preservaría la planta judicial actual y crearía un juzgado adicional, sin pérdidas.
El desmentido oficial
La versión de la alcaldesa se ha topado con la cruda realidad de los hechos. Los diputados populares Tristana Moraleja y Álvaro López registraron unas preguntas escritas en el Congreso para esclarecer el destino de los juzgados gallegos. La respuesta del Gobierno, contundente, desmonta el supuesto acuerdo del que presumía Rey.
El texto oficial afirma: “En el caso de Galicia se han creado dos Secciones de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de Instancia de Santiago de Compostela y Ourense (…) y se ha procedido a transformar dos plazas de Secciones de Instrucción, en funcionamiento, en dos plazas de Secciones de Violencia sobre la Mujer en los partidos judiciales de A Coruña y Vigo”.
Es decir, lejos de sumar un juzgado, A Coruña y Vigo ven cómo uno de instrucción es reconvertido. Santiago y Ourense, por su parte, son los que realmente ganan un nuevo órgano sin mermar sus recursos existentes.
Consecuencias y desgaste político
La consecuencia directa de esta reconversión es clara: la ya sobrecargada justicia ordinaria en A Coruña se verá aún más colapsada. El Colegio de Abogados de A Coruña ya advirtió en su día que «la creación de nuevos órganos especializados debe hacerse sumando recursos, no reduciendo capacidades», tildando la medida de «injustificada y regresiva».
Para Inés Rey, el varapalo es doble. Por un lado, el Gobierno del que forma parte su partido la desautoriza públicamente, dejando en evidencia su capacidad de influencia. Por otro, la oposición no ha dudado en señalar su «presunción» y el fracaso de sus gestiones. El PP ha destacado que el Ejecutivo central «desmiente a Inés Rey» y confirma «el cierre» que ella negaba.
Este episodio alimenta la percepción de un posible desgaste en el peso político de la alcaldesa, incluso dentro de su propia fuerza. Aunque a menudo menciona su puesto en la ejecutiva del PSOE, su cargo le llega como representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a diferencia de alcaldes como Abel Caballero de Vigo, que fue elegido en el Congreso. Ahora, Rey se enfrenta a la difícil tarea de gestionar una derrota que, paradójicamente, llega desde el mismo Gobierno con el que dice tener una sintonía privilegiada.
