La insistencia del PSOE en aprobar el pago por la cárcel provincial llevó a que el Portavoz Municipal pidiese una votación individual por posibles consecuencias patrimoniales. La oposición en pleno rechazó este acuerdo y la justicia les ha dado la razón
Antecedentes
En el pleno extraordinario del 29 de diciembre de 2022, la corporación municipal de A Coruña debatió intensamente sobre el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y Seguridad del Estado (Siepse) para recuperar la titularidad municipal de la antigua cárcel de la Torre. Este acuerdo, impulsado por la alcaldesa Inés Rey, buscaba reducir la cantidad que debía pagar el Ayuntamiento, fijada inicialmente en 2,8 millones de euros tras una sentencia judicial. La propuesta permitía un pago de 2,3 millones en plazos, en lugar de la cantidad única que dictaminaba la sentencia, logrando una rebaja negociada con la Siepse.
El acuerdo, sin embargo, no logró los votos necesarios para ser aprobado. Con solo el respaldo del PSOE y las concejalas no adscritas Susana Soneira e Isabel Faraldo, la votación se saldó con 10 votos a favor y en contra, los emitidos por el PP, BNG, y Marea Atlántica. La propuesta no alcanzó la mayoría simple requerida.
Durante el pleno, José Manuel Lage, portavoz municipal, intentó un procedimiento inusual al proponer una votación individual en lugar de grupal, argumentando la importancia patrimonial del acuerdo y las posibles consecuencias. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada. Lage explicó que el acuerdo tenía como objetivo resolver una obligación pendiente desde 2005, cuando, bajo el mandato del alcalde socialista Francisco Vázquez, se firmó un convenio para convertir la antigua cárcel en un centro de inserción social. Como parte de este convenio, el Ayuntamiento debía abonar 1,12 millones de euros y tramitar la modificación de uso de la parcela actualmente ocupada por el CIS.
Tras el rechazo, Inés Rey defendió su gestión, subrayando que su equipo había negociado una reducción significativa frente a las demandas iniciales de la Siepse.
La sentencia anula el convenio
La sentencia emitida el 6 de noviembre por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de A Coruña anula el convenio de 2005 entre el Ayuntamiento de A Coruña y el Estado por considerarlo ilegal. La razón principal es que los terrenos cedidos por el Ayuntamiento, donde se construyó el Centro de Inserción Social (CIS) Carmela Arias y Díaz de Rábago, tienen carácter de dominio público, lo cual prohíbe su cesión. El acuerdo implicaba que el Ayuntamiento transferiría esta parcela a cambio de que la antigua cárcel pasara a ser de titularidad municipal mediante el pago de poco más de un millón de euros.
El juzgado ha determinado que, al ser un bien de dominio público y no patrimonial, el terreno no podía ser entregado al Estado como parte de este acuerdo.
Como resultado, la situación actual es que la antigua cárcel provincial sigue siendo propiedad de la Siepse, y el Ayuntamiento deberá iniciar un proceso desde cero si desea obtener su uso o titularidad. Por otro lado, el CIS continuará operando en este terreno público, pero el Estado no posee legalmente la propiedad, ya que el suelo sigue siendo de los vecinos de A Coruña.
Este fallo representa un contratiempo para el Ayuntamiento y genera un escenario en el que, para recuperar la cárcel y hacer un uso de la misma, deberá encontrar una nueva vía legal y comenzar negociaciones desde el inicio.
