Personal de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento participa en la defensa de una querella presentada contra el número dos de Inés Rey y del PSdG
Los servicios de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de A Coruña cobran cada vez más protagonismo. Sirva como ejemplo que en la última Junta de Gobierno Local, más de la mitad de los puntos del orden del día estaban relacionados con asuntos judiciales.
En este artículo, aportamos nueva información sobre un caso que saltó a la actualidad hace algunos meses.
La perrera municipal
A finales del año pasado tuvimos conocimiento de una querella presentada por la empresa Más Cuidados Multiservicios SLU contra un concejal, una empresaria y dos trabajadores del Concello da Coruña. La demanda se tramita en el Juzgado de Instrucción nº 2 de A Coruña. El caso pone el foco sobre el procedimiento de adjudicación del contrato del servicio de recogida, transporte, mantenimiento y residencia de animales domésticos en A Coruña a la empresa Servigal.
Dicha adjudicación, dicen, se llevó a cabo en sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno local el 26 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales y dos días después de que, también en sesión extraordinaria y urgente, la misma Junta acordara solicitar el preceptivo dictamen del Consello Consultivo de Galicia sobre la propuesta de reconocer la existencia de un desequilibrio económico derivado de la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía de Galicia, reconociendo el derecho de Servigal a percibir la cantidad de 147.010 euros por los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
Más Cuidados tramitó esta querella al entender que la adjudicación obedeció a un «plan preconcebido para favorecer a Servigal en perjuicio de los restantes licitadores».
Tales hechos, según la querella criminal presentada, «serían constitutivos de sendos delitos de prevaricación y tráfico de influencias».
Según Más Cuidados, el Concello da Coruña, y en particular el concejal y los funcionarios querellados, eran «perfectamente conocedores del largo historial de incumplimientos en la prestación del servicio por parte de Servigal«.
La parte administrativa y la penal.
Este litigio tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la parte administrativa, donde la empresa solicita que se corrija la situación contractual que el ayuntamiento firmó con Servigal. Esta parte, como es lógico, está siendo defendida por los abogados de la asesoría jurídica del propio Concello.
La parte penal afecta a distintas personas y tiene por tanto, carácter particular. Tanto es así que la defensa de los acusados no es conjunta, cada uno escogió su estrategia de defensa y sus abogados.
La parte penal ya está admitida a trámite, lo que convierte a los afectados en “imputados” (aunque la denominación actual es la de investigados), pendiente de la decisión de abrir juicio oral o de ordenar el sobreseimiento.
Una persona destaca en el grupo de “imputados”. Es el concejal José Manuel Lage Tuñas. Este edil, como cualquier otro ciudadano, tiene reconocido el derecho a su legítima defensa, y por la información a la que ha tenido acceso la redacción de Noticias Coruña, ha solicitado “el sobreseimiento de la causa” a través de sus abogados.
Los abogados de Lage Tuñas.
Lo que llama mucho la atención es que, según la información recibida, son los propios abogados municipales los que se hicieron cargo de la defensa de Lage Tuñas en la parte penal, algo impropio al tratarse de un caso de carácter personal.
Consultando casos del pasado en los que hubo causas penales contra concejales, cada uno se tuvo que buscar y costear su defensa.
¿Le parece a Inés Rey esta actitud honesta y ejemplarizante?
¿Por qué todos los coruñeses y coruñesas tenemos que pagarle los abogados al señor Lage Tuñas en un asunto particular?
La acumulación de poder de Lage Tuñas le lleva a confundir lo público con lo privado. Una grave irregularidad más que sumar a la larga lista de controversias protagonizadas por el mandamás del Concello.
