Un imputado en el ‘caso Koldo’ vincula a la expresidenta de Adif con la trama de las mascarillas
Según publicó en el día de ayer el Periódico de España, el exdirector general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, ha entregado a la Audiencia Nacional 25 documentos con los que busca desvincularse del caso Koldo, que investiga la compra de mascarillas para el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Estos documentos apuntan a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, como una de las responsables de la elección de la empresa Soluciones de Gestión, la cual obtuvo un contrato de 12,5 millones de euros para la compra de cinco millones de mascarillas.
En su defensa, Miranda ha aportado capturas de WhatsApp, correos electrónicos, actas de reuniones del Consejo de Administración, burofax y otros documentos relacionados con la compra. Entre las pruebas está un mensaje de Pardo de Vera del 26 de marzo de 2020, en el que ella le proporciona a Miranda los contactos del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y de Íñigo Rotaeche, responsable de Soluciones de Gestión.
La declaración de Miranda del 19 de septiembre ya había señalado a Pardo de Vera y ahora, con los nuevos documentos, apunta que ella facilitó el contacto de Soluciones de Gestión, lo cual refuerza la petición de su imputación hecha por la organización Hazte Oír.
La defensa de Michaux Miranda ha presentado pruebas adicionales ante la Audiencia Nacional para demostrar que Adif evaluó otras ofertas antes de adjudicar la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al caso Koldo. Según la documentación, el 18 de marzo de 2020, Jesús Ángel Díaz Muñoz, entonces subdirector de Prevención de Riesgos Laborales, informó a Miranda de una oferta para adquirir 20.000 mascarillas a un precio unitario de 2,8 euros. Las mascarillas ofrecidas por la trama supuestamente corrupta, que finalmente fueron compradas, tenían un precio inferior: 2,5 euros por unidad.
Dos días más tarde, Díaz Muñoz envió a Miranda otra oferta de la empresa Serlomed, que proponía mascarillas por 3,15 euros cada una, con un plazo de entrega de 3 a 4 semanas. También se presentó una oferta de Injoo Technologies para suministrar 5 millones de mascarillas FFP2 a 2,1 euros por unidad. Esta última oferta fue inicialmente seleccionada, pero se canceló debido a una solicitud de actualización de precios y plazos de entrega.
Finalmente, el 26 de marzo de 2020, el mismo día en que Pardo de Vera remitió el contacto del responsable de Soluciones de Gestión, Miranda recibió la oferta de esta empresa para el suministro de 5 millones de mascarillas KN95/FFP2 a un precio unitario de 2,5 euros, según los documentos presentados en el Juzgado Central de Instrucción número 2.
El Gobierno de Inés Rey sigue sin publicar ninguno de los contratos de emergencia tramitados durante la pandemia, incumpliendo así los principios de transparencia.
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, detalla la forma de realizar trámites de emergencia, como viene recogido, entre otros artículos, en el 120 de esta ley. Pero este tipo de tramitación especial no exime en ningún caso de la publicación de dichos contratos, garantizando así el principio de transparencia.
- Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días.
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación. En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.
El Gobierno de Inés Rey sigue sin publicaren las plataformas de transparencia ninguno de los contratos tramitados de forma urgente durante la pandemia del COVID-19, a pesar de las promesas de la alcaldesa. Según los datos disponibles, más de 100 millones de euros en contratos de 2021 no se reflejan en la web de transparencia del Ayuntamiento, generado discordancias significativas entre los documentos oficiales y los contratos publicados.
La plataforma presentada por José Manuel Lage Tuñas, diseñada como una herramienta de transparencia, muestra una diferencia del 38% en 2021 entre los contratos publicados y los datos de la cuenta general fiscalizada por intervención y tesorería, lo que la convierte en una plataforma muy poco fiable y muy opaca.
A la falta de transparencia del Gobierno de Inés Rey hay que sumar la tibia postura de la oposición del PP y del BNG, que no han exigido con la debida contundencia el esclarecimiento de los contratos ocultos.