Asociación de Vecinos O Cruceiro Oza Urbanización Soto informó a algo menos de un centenar de vecinos sobre el proyecto urbanístico de su barrio
El rechazo al convenio urbanístico para el Castrillón por parte de los 76 asistentes en la reunión refleja una clara oposición vecinal, motivada por la preocupación en torno a las torres de 17 plantas, la movilidad vial y la insuficiencia de servicios en la zona. El presidente de la entidad vecinal, Eros Riveiro, junto a una representación del Partido Popular, presentó estos puntos, pero fue Antonio Deus, como arquitecto, quien detalló los cambios propuestos en el plan, que se ajusta al PGOM vigente.
Este rechazo subraya las inquietudes de la comunidad sobre el impacto que un proyecto de tal envergadura puede tener en la calidad de vida y el entorno urbano del barrio, al tiempo que evidencia la necesidad de ajustes más dialogados y consensuados entre los vecinos y las autoridades urbanísticas.
La planificación urbanística del Castrillón ha sido un proceso prolongado, que ya en 2014 llegó a la aprobación de la compensación, permitiendo, en teoría, la solicitud de licencias de construcción. Sin embargo, el proceso fue detenido por José Manuel Lage Tuñas, responsable del área de urbanismo, quien paralizó el acuerdo de compensación. Más adelante, reaparece con un convenio urbanístico, una estrategia que permite sortear el proceso más riguroso de modificación puntual del PGOM, el cual requiere mayoría absoluta para su aprobación.
Este tipo de convenios, como los que también se han aplicado en As Xubias y Pocomaco, se apoyan en el uso del Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que se puede aprobar con mayoría simple. Esta fórmula ha generado críticas, ya que permite al gobierno local avanzar en grandes proyectos urbanísticos sin necesitar un consenso amplio en el pleno, lo que puede reducir el nivel de debate y la consideración de las preocupaciones vecinales, como las manifestadas en el caso del Castrillón.
Es un enfoque que facilita al gobierno evitar bloqueos políticos, pero también puede aumentar las tensiones con los vecinos y la oposición, especialmente en proyectos que afectan directamente a la calidad de vida de las comunidades locales.
Rechazo a una construcción de grandes alturas.
El rechazo a la construcción de las tres torres de 17 plantas en el Castrillón está relacionado no solo con preocupaciones locales, sino también con su posible contradicción con las normativas recientes, como la Ley de Vivienda aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez y la Ley del Suelo de Galicia. Estas leyes, particularmente en sus artículos sobre calidad ambiental y paisajística, y la adaptación al entorno, apuntan a un urbanismo más sostenible y respetuoso con el paisaje, algo que parece no coincidir con el planteamiento del proyecto de las torres.
El aumento en la altura de los edificios, de las 6 plantas previstas inicialmente a 9, y de las 9 a 17 plantas, marca un claro desvío de lo que originalmente estaba previsto para la zona. A Coruña, además, ya cuenta con una concentración significativa de edificios que superan los 50 metros, lo que recuerda el enfoque urbanístico de los años 70, cuando se priorizaba la altura de los edificios en detrimento de los espacios públicos y los servicios que requiere una población densa.
Esta disparidad entre las normativas del gobierno nacional y regional, y las decisiones del gobierno local, a pesar de compartir el mismo color político que el gobierno nacional, genera una desconexión entre los objetivos de desarrollo urbanístico a distintos niveles.
Inconvenientes de la construcción en altura
Los rascacielos, aunque impresionantes y funcionales en muchos aspectos, presentan varios inconvenientes medioambientales:
- Emisiones de carbono. Segúnel estudio “Decoupling density from tallness in analysing the life cycle greenhouse gas emissions of cities” publicado en la revista Nature, los rascacielos generan un 140 % más de emisiones totales durante su vida útil comparado con zonas de menor altura con el mismo número de habitantes. Esto se debe a que requieren estructuras más pesadas y un mayor uso de materiales con una alta huella de carbono.
- Mayor contaminación. La construcción de edificios altos implica el uso de más materiales robustos, lo que incrementa la huella de carbono.
- Islas de calor. La concentración de rascacielos en una misma zona urbana puede producir islas de calor, donde las altas temperaturas quedan atrapadas entre los edificios, dificultando el enfriamiento natural.
- Concentración de contaminación. En ciudades con poca ventilación natural y muchos rascacielos, se produce el “efecto valle”, donde los agentes tóxicos quedan atrapados en las capas superiores, afectando la calidad del aire.
Estos factores resaltan la importancia de considerar el impacto medioambiental en el diseño y construcción de rascacielos.
El hecho de que el principal propietario del suelo en la urbanización del Castrillón, una empresa vinculada a una entidad bancaria, colabore con la semana de la arquitectura titulada «Arquitectura vertical» organizada por el Ayuntamiento de A Coruña añade una dimensión interesante al debate sobre las torres de 17 plantas. Este título parece estar hecho a medida.
La coincidencia de intereses entre el propietario del suelo y el enfoque de la semana de la arquitectura puede alimentar la percepción de que las decisiones urbanísticas favorecen intereses privados sobre las necesidades de la comunidad.
La movilidad y los servicios
El nuevo planteamiento de las conexiones viales en la urbanización del Castrillón ha generado preocupación, ya que arterias importantes como Casanova de Eiris y la Avenida de la Concordia quedarían aisladas respecto al proyecto original, eliminando la conexión directa de Casanova de Eiris con la Ronda de Outeiro. Estos cambios, junto con el aumento previsto de la población por el incremento de viviendas, subrayan la necesidad de considerar la infraestructura de servicios básicos, como nuevos centros de salud, colegios, así como soluciones para aparcamientos y transporte público, que aún no han sido concretadas.
Además, la reconfiguración del espacio afecta también al uso del suelo. Lo que en el proyecto anterior estaba previsto como zona verde, ahora se destina a dos nuevos edificios, respetando únicamente una zona protegida por sus restos arqueológicos.
La propaganda de la vivienda de protección oficial.
Según la información que nos llego a esta redacción, la falta de compromiso concreto por parte de los promotores y del Ayuntamiento respecto a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) es preocupante. Aunque la ley sugiere destinar un 30% a este tipo de viviendas, los promotores solo cumplirían con el mínimo legal del 10%. Además, la ausencia de plazos para su construcción deja abierta la posibilidad de que estas viviendas no se materialicen, a menos que surja un promotor que considere rentable su desarrollo.
Este tipo de indefinición suele ser una fuente de tensión en los proyectos urbanísticos, ya que el acceso a la vivienda asequible es una de las principales demandas de la ciudadanía. La incertidumbre sobre la construcción de VPO puede generar dudas sobre el impacto social del proyecto
Parece inevitable que el convenio urbanístico para el Castrillón enfrente alegaciones una vez que se publique, dado el fuerte rechazo expresado por los vecinos en la reciente reunión.
