14/11/2025

Más de 300 millones en un contrato que incumple la normativa de economía circular: ¿Un negocio para quién?

El anuncio de pliego de Nostián, una huida hacia delante

La planta de Nostián, ubicada en A Coruña, lleva más de cinco años en una situación de precariedad tras quedarse sin contrato a principios de 2020. Este vacío legal y administrativo se ha visto agravado por la falta de transparencia y las decisiones cuestionables del Gobierno local. En diciembre de 2019, la alcaldesa Inés Rey anunció en el pleno municipal que los pliegos para la adjudicación del contrato estaban listos. Sin embargo, meses después, desde el Ayuntamiento se insinuó que dichos pliegos, elaborados y pagados con fondos públicos, no cumplían con la normativa vigente.

Esta justificación plantea serias dudas: si los pliegos no se ajustaban a la legalidad, ¿por qué no se exigieron las modificaciones necesarias? ¿O se trató de una excusa para retrasar el proceso y elaborar unos nuevos pliegos que pudieran beneficiar a intereses particulares? Lo cierto es que, desde entonces, la gestión de la planta de Nostián ha estado envuelta en un opaco silencio, mientras el Ayuntamiento de A Coruña ha incumplido reiteradamente la normativa estatal y europea en materia de economía circular.

Ahora, en un giro inesperado, el gobierno municipal anuncia la inminente presentación de unos nuevos pliegos para la gestión de la planta, con un contrato que supera los 300 millones de euros. Este anuncio coincide con la apertura de un expediente por parte de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente, por el incumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La ley y sus consecuencias

La Ley 7/2022 establece obligaciones claras para los entes locales, como la instalación de contenedores específicos para la recogida separada de residuos. En A Coruña, la ausencia del contenedor amarillo para envases ligeros constituye un incumplimiento flagrante de esta normativa. Las posibles sanciones por este hecho son severas:

  • Infracción grave: multas de entre 10.001 y 100.000 euros por no adoptar medidas obligatorias para la recogida separada de residuos.
  • Infracción muy grave: multas de entre 100.001 y 3,5 millones de euros en caso de incumplimiento reiterado que afecte gravemente al medio ambiente o a la salud pública.

Además, el procedimiento sancionador, regulado por la Ley 39/2015, podría derivar en una orden de cumplimiento forzoso y, en el peor de los casos, en la devolución de fondos europeos ya recibidos y la exclusión de futuras ayudas. Esto explicaría la drástica reducción de ingresos por fondos europeos que ha experimentado el Ayuntamiento en los últimos presupuestos.

Una gestión desastrosa con coste para los coruñeses

La situación de la planta de Nostián no solo es un problema ambiental, sino también económico. A la posible sanción se suma la nueva tasa que el Ayuntamiento debe pagar por cada tonelada de residuos no reciclados que se traslada a Sobrado dos Monxes o se acumula en las instalaciones de Nostián. Esta pésima gestión, caracterizada por la opacidad y la falta de planificación, tendrá un coste directo para los ciudadanos de A Coruña.

Promesas incumplidas y falta de transparencia

En septiembre de 2023, el portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, anunció en Radio Coruña que el quinto contenedor sería una realidad en las calles de la ciudad. Sin embargo, este anuncio contrasta con la falta de avances concretos y la ausencia de transparencia en la gestión de los residuos. La ciudadanía sigue esperando respuestas claras sobre cómo se resolverá el problema de la planta de Nostián y cómo se garantizará el cumplimiento de la normativa de economía circular.

En definitiva, el anuncio de los nuevos pliegos para la gestión de la planta de Nostián parece más una cortina de humo que una solución real. Mientras tanto, el Ayuntamiento de A Coruña se enfrenta a sanciones millonarias, la posible pérdida de fondos europeos y un deterioro de su credibilidad. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿quién sale ganando con este contrato? Lo que está claro es que los perdedores son, una vez más, los ciudadanos y ciudadanas de A Coruña.

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