El nuevo jefe de Edificación llega desde Bomberos de Gijón mientras el Ayuntamiento recurre a comisiones de servicio externas y mantiene a un septuagenario en una jefatura: la política de personal que nadie quiere explicar
La alcaldesa Inés Rey nunca ha dicho públicamente que «los funcionarios del Ayuntamiento de A Coruña son los peores». La frase es demasiado directa, no encaja con la estética de la retórica política. Pero cuando uno revisa el registro de nombramientos del Ayuntamiento, descubre una regularidad reveladora: desde que llegó al Palacio de María Pita, A Coruña parece haberse convertido en un «importador neto» de talento municipal.
No es, por supuesto, una conclusión explícita, sino una nota a pie de página escrita con hechos.
La versión mejorada de «cada nuevo rey, nuevos cortesanos»
En el sistema administrativo local español, el nivel 30 es la cúspide de la escala funcionarial, y corresponde a los «directores de área». Tradicionalmente, tanto con el PP como con la Marea Atlántica y pasados del PSOE, estos puestos se cubrían mayoritariamente mediante promoción interna de funcionarios municipales veteranos: conocían el tejido de la ciudad, sabían en qué pared colgaba la llave del archivo y tenían claro qué trámites se podían acelerar y cuáles solían atascarse. Los externos eran la excepción.
Ahora el guion se ha dado la vuelta. Desde que Lage Tuñas asumió la dirección de personal, los nombramientos de directores de área empezaron a inclinarse masivamente hacia el exterior. Llegaron «paracaidistas» de otras administraciones públicas e incluso del sector privado, uno tras otro, aterrizando en María Pita. Los funcionarios municipales que llevaban veinte años escalando peldaños descubrieron de pronto que se habían convertido en espectadores de su propia casa.
Cuando la «excepción» se convierte en «norma»
Un escalón siguiente, el panorama es aún más sutil. La figura del «jefe de servicio» debería ser el canal natural de promoción interna. Pero hoy se está «externalizando» a gran escala mediante una fórmula llamada «comisión de servicio»: se traen funcionarios de otras administraciones para cubrir el puesto.
Este mecanismo de comisión debería ser, en teoría, temporal y limitado a situaciones de urgencia. El plazo no supera los dos años, dice la ley con claridad. Pero la realidad es que algunas comisiones han rebasado con creces ese límite y se han convertido en nombramientos permanentes de facto. Más llamativo aún es el caso de una persona procedente del sistema educativo, ya con más de 70 años cumplidos, que sigue firmemente instalada en una jefatura de servicio. ¿La edad legal de jubilación funcionarial? Eso debe de ser para los que cumplen las reglas.
El caso más reciente es aún más teatral: el nuevo jefe de servicio de Edificación es Pablo Ferrio Pequeño, un funcionario procedente del Ayuntamiento de Gijón, donde ocupó el puesto de jefe de servicio de Bomberos. Del despacho de bomberos asturiano a la aprobación de licencias de obra gallegas: un salto profesional tan amplio que haría meditar a cualquier experto en recursos humanos.
Una lógica que no se puede decir en voz alta
Estos movimientos de personal no son ilegales en sí mismos. Cada nombramiento lleva su sello, su firma y su procedimiento. El problema es el cuadro que todos ellos componen en conjunto:
Si se ficha a un jefe de bomberos de Gijón para dirigir Edificación, si se recorta de Educación a un septuagenario para una jefatura de servicio, si se hace aterrizar desde fuera a un buen número de directores de área… ¿en qué lugar queda entonces el funcionariado local?
La respuesta quizá sea sencilla: queda en el lugar de la «desconfianza». No una desconfianza de capacidad, sino de lealtad. En esta lógica, alguien que lleva veinte años en el Ayuntamiento sabe demasiado: sabe cómo funcionaba el anterior equipo, sabe qué promesas no se cumplieron, sabe quién se enemistó con quién. Esa persona no va a responder «amén» a cada nueva instrucción.
Los de fuera son distintos. No cargan con mochilas históricas, ni redes personales, ni marcos de comparación. Todo lo suyo —el puesto, el sueldo, la renovación— depende del patrón actual. Es un arte de la dirección de personal más puro y más controlable.
El ADN administrativo de una ciudad, reescrito
Nadie dirá en público que «los funcionarios locales no sirven». Decirlo haría estallar a los sindicatos y se convertiría en munición electoral para la oposición. Pero los actos son más sinceros que las palabras.
Cuando la estrategia sistemática de personal de un ayuntamiento pasa de la «cantera interna» a la «compra externa», la señal es clara: quien gobierna no confía en la experiencia acumulada de su propia institución, no reconoce la lógica de promoción de su propio equipo y no tiene intención de que los funcionarios locales compartan el poder en los niveles de decisión.
Los funcionarios de A Coruña no son, ni mucho menos, «los peores». Simplemente han tenido la desgracia de toparse con un gobierno que confía más en el «monje foráneo». Y en el mundo del nombramiento político, no ser de fiar suele ser más letal que ser criticado.
En cuanto a los recién llegados, su «amén» probablemente suene mucho más alto que el de los locales.