Las 50 viviendas de Xuxán son una obligación judicial, no una decisión política. La aportación municipal de casi 3 millones está vinculada a un crédito inexistente y la rehabilitación cerró 2025 con solo el 5% de lo presupuestado ejecutado.
El escaparate: 50 viviendas que no son una apuesta, son una obligación
Cuando la alcaldesa saca pecho por la vivienda pública, el foco se dirige siempre al mismo lugar: las 50 viviendas de alquiler social que se construyen en la calle Cernadas, en Xuxán. Es la única promoción de vivienda pública destinada a alquiler social en marcha en el municipio. Hasta aquí, el dato es cierto. Lo que ya no encaja es la atribución de mérito.
Esas 50 viviendas no nacen de una decisión política del gobierno local, sino del cumplimiento de un acuerdo judicial. Concretamente, son la condición del convenio de mediación que evitó el derribo del edificio Conde de Fenosa, cerrado en febrero de 2019, cuando gobernaba Marea Atlántica. Es decir, la promoción es la letra pequeña de una sentencia, no un anuncio de programa electoral. Presentarla como apuesta propia es, como mínimo, un ejercicio de apropiación narrativa.
El origen que se omite
Conviene recordar los antecedentes para entender la naturaleza de la operación. La antigua sede de Unión Fenosa fue vendida a la extinta Fadesa en 1997 y, en 2017, el Tribunal Supremo ordenó su derribo sin posibilidad de recurso. Fue la primera mediación en un litigio urbanístico con orden de derribo en España. El ayuntamiento asumió entonces una serie de compromisos: legalizar el edificio como inmueble singular —lo que implicaba modificar el plan general—, adoptar un protocolo de buenas prácticas urbanísticas y construir un edificio de 50 viviendas de protección oficial en Xuxán para alquiler.
El acuerdo evitaba un coste público estimado en unos 60 millones de euros por el derribo y la reconstrucción de la antigua sede. El Ayuntamiento tendría que asumir unos 3 millones, no los 60 que habría supuesto demoler. Hasta ahí, la lógica del convenio era razonable. El problema aparece cuando se examina cómo se está financiando la única promoción que el gobierno puede exhibir.
Los flecos de la inversión: un préstamo sin contratar
El edificio está en fase de construcción, pero los datos de la inversión dejan muchos cabos sueltos. El total del proyecto asciende a 9.953.790,69 €. En ejercicios anteriores se llevan invertidos 5.698.201,21 €, y este año quedan 4.255.589,48 €.
Aquí es donde se evidencia la cofinanciación: de esos algo más de 4 millones, 1.270.380,45 € corresponden a aportación externa. Pero la gran duda es la aportación municipal: el ayuntamiento debe aportar 2.985.209,03 €, cantidad vinculada a un préstamo que, dada la situación económica municipal, está sin contratar.
Es decir, la única promoción de vivienda pública en marcha depende de un crédito que no existe. Y lo más probable es que, para cubrir este desajuste, se tenga que anular alguna otra inversión y aplicar un cambio presupuestario. Traducido: la apuesta por la vivienda pública no solo es mínima, sino que ni siquiera está financiada. Si la filosofía de la resolución judicial fuera que el ayuntamiento asumiera íntegramente la inversión tras el ahorro de 60 millones, el incumplimiento sería destacable, dado que el proyecto tiene cofinanciación. La realidad es aún más incómoda: ni siquiera se cubre la parte propia.
La rehabilitación: el 5% de lo prometido
Si en vivienda nueva el balance es frágil, en rehabilitación las cifras casi son peores. En la liquidación del ejercicio de 2025, la nula apuesta por la rehabilitación de viviendas es clamorosa: el presupuesto inicial ascendía a 1.920.855,45 € y, al final del año, únicamente se invirtieron 91.839,90 € en rehabilitación de viviendas. Es decir, en torno al 5% de lo presupuestado.
No se trata de un desvío menor ni de una ejecución imperfecta: es la práctica desaparición de una política pública. Rehabilitar vivienda es, además, una de las palancas más eficaces para mejorar la eficiencia energética, fijar población y activar la economía local. Dejar esa partida en el 5% no es un ajuste técnico, es una decisión política.
Palabras sin hechos
El balance es difícil de maquillar. La apuesta por la vivienda pública se reduce a una única promoción, heredada de un acuerdo judicial, con una aportación municipal pendiente de un préstamo sin contratar y con riesgo de anular otras inversiones para cuadrar las cuentas. La apuesta por la rehabilitación se queda en el 5% de lo presupuestado.
La alcaldesa puede seguir hablando de vivienda como prioridad, pero los números dicen otra cosa: hay relato, no política. Y mientras el discurso crece, las 50 viviendas de Xuxán siguen esperando un préstamo que nadie ha firmado.