El TSXG confirma la nulidad de una sanción que impuso Figueroa por «injusta y contraria a derecho», en un caso que el PP tilda de «abuso de poder continuado». La moción del PP, respaldada por el BNG, insta al alcalde a retirarle las competencias de inmediato
El pleno del Concello de Culleredo aprobó este jueves una moción del Partido Popular para exigir el cese inmediato de la concejala de Personal, Marta Figueroa, tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula una sanción impuesta por ella por ser «injusta, desproporcionada y contraria a derecho». Sin embargo, el alcalde, José Ramón Rioboo, se ha negado a asumir las responsabilidades políticas y ha decidido mantener a Figueroa en el cargo, quedando políticamente aislado en defensa de su edil.
La votación dejó al regidor en una posición de extrema debilidad. La moción contó con los votos a favor del PP y del BNG, mientras que Alternativa dos Veciños optó por la abstención. El PSOE, grupo de Rioboo y Figueroa, votó en contra. El resultado fue un respaldo mayoritario del pleno a la retirada de competencias de la concejala, que el alcalde ha decidido ignorar, generando una crisis de gobierno en la institución.
El detonante formal de la moción es la reciente sentencia del TSXG que confirma la nulidad de la sanción impuesta en 2022 por Figueroa al jefe del Servicio de Obras. El tribunal desestimó el recurso del Concello y avaló la posición del trabajador, reforzando las acusaciones del PP sobre una gestión irregular en el área de Personal. Los populares aseguran que este no es un caso aislado, sino que se suma a «otras dos condenas anteriores» por vulnerar el derecho a la conciliación familiar de dos trabajadoras, así como a varias demandas por incumplir la actualización de niveles retributivos.
«Abuso de poder continuado y consciente»
La portavoz del PP, Izaskun García, cargó duramente contra la concejala y, especialmente, contra el alcalde. «Esto no es un error administrativo aislado», afirmó García, «sino un abuso de poder continuado y consciente que perjudica a Culleredo». La popular destacó las graves consecuencias de esta gestión: «Perjuicio económico por costas judiciales, indemnizaciones y pago de abogados, paralización de proyectos y licencias en el área de Urbanismo, además de un serio daño reputacional para el Concello».
La moción, que ya reprobó a Figueroa en 2023 por este mismo caso, no se limita a exigir su cese. También reclama la realización de una auditoría independiente en el área de Personal, un plan de choque para desbloquear los expedientes paralizados en Urbanismo y la publicación en el portal de transparencia de todos los costes derivados de estos procedimientos judiciales.
El blindaje de Rioboo a Figueroa, quien mantiene fuertes vínculos con el mundo sindical de la comarca, se interpreta en el arco opuesto como un acto de lealtad que prima sobre la gobernanza y la responsabilidad política. La negativa del alcalde a actuar, pese al mandato del pleno y las condenas judiciales, deja a la concejala de Personal en su puesto, pero sumida en una profunda deslegitimación y convierte a Rioboo en el «máximo responsable», en palabras del PP, de una crisis que amenaza con extenderse.
