Asesoría Jurídica, el servicio que más asuntos gestiona
La elevada cantidad de asuntos judiciales gestionados por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de A Coruña es un reflejo de la creciente judicialización de la política local. La prevalencia de temas legales en las Juntas de Gobierno presididas por Inés Rey, como el ejemplo reciente en el que 22 de los 36 puntos del orden del día estaban relacionados con comparecencias y sentencias judiciales, muestra el protagonismo de estos casos.
Aunque muchos de estos asuntos no trascienden a los medios de comunicación, los casos más notorios suelen ser aquellos de gran impacto económico o que involucran a figuras de alto perfil, como cargos electos o directivos del Gobierno local. Esto sugiere que los desafíos legales están afectando significativamente a la gestión municipal, añadiendo una carga considerable a la administración y potencialmente complicando el avance de proyectos y políticas locales.
Actualmente los cuatro casos con mayor presencia en los medios son:
El caso del sindicato STL, en el que el Ayuntamiento de A Coruña está involucrado como parte interesada, plantea serias dudas sobre la integridad en la gestión de contratos públicos. El hecho de que se relacione al principal acusado con la obtención de información confidencial sobre contratos tramitados por el Gobierno local sugiere la posible existencia de irregularidades o filtraciones dentro de la administración.
Este tipo de casos tiende a prolongarse, especialmente cuando se trata de delitos relacionados con la corrupción o el mal uso de información privilegiada, pudiendo afectar a la reputación del Gobierno local y complicar aún más la gestión administrativa mientras el proceso judicial sigue su curso.
El uso y posible abuso de las comisiones de servicio en el Ayuntamiento de A Coruña es otro tema delicado que afecta a numerosos funcionarios municipales. Estas comisiones, que permiten el traslado temporal de personal dentro de la administración, podrían haber sido utilizadas de manera irregular. Aunque este asunto sigue en curso, se espera que su resolución llegue antes que la del caso STL.
Este tipo de prácticas, si no se ajustan a la normativa, pueden generar desigualdad entre los empleados públicos y afectar a la eficiencia de los servicios municipales, además de crear un clima de desconfianza en la gestión interna.
Las diversas sentencias que obligan a retrotraer el nombramiento de la actual concejala del Gobierno de Inés Rey, Monserrat Paz, como Jefa de Servicio de Seguridad, sigue siendo un caso a seguir, dado que a pesar de las referidas sentencias, el Gobierno local no las ha hecho efectivas. El proceso sigue sin retrotraerse hasta el momento del procedimiento selectivo que indica la sentencia. En el transcurso del tiempo, el primer demandante ya cumplió la edad de jubilación, pero quedan más participantes en el proceso que no llegaron a esa situación laboral.
El caso de la perrera municipal vuelve a estar de actualidad, dado que según información a la que ha tenido acceso nuestra redacción, el juzgado ya ha citado a varios testigos.
Para la empresa demandante, el consistorio herculino podría haber cometido dos delitos a la hora de adjudicar un contrato público para el servicio de recogida, transporte, mantenimiento y residencia de animales domésticos en A Coruña. Los querellantes aseguran que los querellados «sabían que estaban adjudicando el contrato a una oferta que no era la más ventajosa».
En la querella, que ha llegado a la redacción de Noticias Coruña, la empresa indica que recibieron un correo electrónico el pasado 7 de mayo en el que se les informaba de que se había elegido a una empresa, ya que «la dueña andaba diciendo por ahí que sabía que se lo iban a dar porque es muy amiga del concejal Lage». De este modo, piden a los tribunales que investiguen los hechos. Sorprende que esto ocurriera en fechas anteriores a la reunión de la mesa de contratación.
Este litigio tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la parte administrativa, donde la empresa solicita que se corrija la situación contractual que el Ayuntamiento firmó con Servigal. Esta parte, como es lógico, está siendo defendida por los abogados de la asesoría jurídica del propio Concello.
La parte penal afecta a distintas personas y tiene por tanto, carácter particular. Tanto es así que la defensa de los acusados no es conjunta, cada uno escogió su estrategia de defensa y sus abogados. Ya en su momento llamó mucho la atención que la solicitud del sobreseimiento de la causa contra el concejal Lage Tuñas y una funcionaria (en aquel momento en el servicio de contratación), la realizaran abogados al servicio del Ayuntamiento de A Coruña.
El tercer investigado, el concejal del PSOE en Oleiros, Jesús Fernández Díez, anteriormente ejercía como Director de Área de medioambiente en el Gobierno de Inés Rey, departamento responsable del servicio de la perrera.
Todo parece indicar que durante esta legislatura veremos varias visitas de cargos públicos a los juzgados.