Lage se queda a las puertas de ‘gran tenedor’ solo porque Sumar no logró rebajar el umbral a cinco pisos; Queixas (BNG) declara cuatro y Lorenzo (PP), tres, mientras la transparencia de la Corporación sigue incompleta
La dimisión de Montse Mínguez ha puesto el foco sobre las propiedades inmobiliarias de los políticos, pero en A Coruña el espejo no devuelve una imagen de opulencia extrema, sino de una acumulación silenciosa y perfectamente legal. Ningún edil alcanza la categoría de gran tenedor —diez o más viviendas—, pero solo porque la propuesta de Sumar y otras fuerzas de rebajar el umbral a cinco no prosperó. De haber salido adelante, el concejal de Hacienda y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, habría entrado de lleno en esa categoría.
Lage es, sin discusión, el concejal con el patrimonio inmobiliario más abultado de la Corporación. En los últimos años ha adquirido dos viviendas, hasta sumar seis, a las que hay que añadir dos plazas de garaje. Pero lo que realmente llama la atención en su declaración de bienes no es solo el ladrillo: el concejal ha incrementado notablemente sus joyas y obras de arte respecto al mandato anterior. Un patrimonio mobiliario que crece mientras el debate público se centra en los alquileres y los desahucios.
El ranking inmobiliario continúa con Mercedes Queixas (BNG), que declara cuatro viviendas, dos de ellas heredadas. Le sigue el portavoz del PP y candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, con tres propiedades, una de ellas en Pontevedra. El mismo número que posee Roberto Coira, también concejal popular. El resto de los ediles se mueve entre una y dos casas, muchas de ellas en parte o en su totalidad, además de una prolija lista de plazas de garaje y fincas rústicas, algo habitual en Galicia. Incluso hay quien no declara ninguna propiedad inmobiliaria, como Juan Ignacio Borrego.
La crítica no es solo cuantitativa. El caso de Lage revela una tendencia que el debate sobre la vivienda suele ignorar: la acumulación de bienes suntuarios —arte y joyas— como parte del patrimonio de los representantes públicos. Mientras la ciudadanía afronta alquileres desbocados y desahucios, la declaración de bienes de un concejal de Hacienda refleja un incremento de su colección personal. No es ilegal, pero sí es política y éticamente relevante.
A esto se suma un problema de transparencia: no todos los 27 ediles han presentado su declaración de bienes. Desde que comenzó el mandato, hace casi cuatro años, los vaivenes políticos han provocado dimisiones e incorporaciones que han dejado huecos en el registro público. La Corporación coruñesa, como tantas otras, exhibe un retrato incompleto de su propio patrimonio.
El caso de Mínguez ha servido para recordar que la vivienda es el gran tabú de la política española. Pero mientras el PSOE se desangra por 30 pisos, en A Coruña nadie es ‘gran tenedor’ por un tecnicismo. Lage tiene seis. Y joyas. Y arte. Y ninguna explicación pública sobre por qué su patrimonio mobiliario crece mientras su ciudad se enfrenta a la crisis habitacional más grave en décadas. La transparencia no debería ser solo un formulario: debería ser una explicación.