Un análisis de los datos del Ministerio de Hacienda revela una brecha abismal en la gestión financiera de los concellos, con A Coruña, Culleredo y Cambre incurriendo en morosidad sistemática, lo que encarece los servicios, ahuyenta a las mejores empresas y daña la economía local
La transparencia en la gestión pública arroja luz sobre una realidad preocupante en el área metropolitana de A Coruña. Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, solo dos de los cinco principales ayuntamientos del entorno coruñés –Oleiros y Arteixo– cumplen de forma consistente con el Periodo Medio de Pago (PMP) a proveedores, establecido por ley en un máximo de 30 días. Por el contrario, los concellos de A Coruña, Culleredo y Cambre arrastran un incumplimiento crónico, con las graves consecuencias legales, económicas y de calidad de servicio que esto conlleva.
El marco legal: una obligación, no una sugerencia
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) es clara. Las entidades locales tienen el imperativo legal de liquidar sus facturas en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de devengo. El incumplimiento no es una mera irregularidad administrativa:
- Superados los 30 días: Se genera deuda comercial retrasada. Los proveedores tienen derecho a reclamar intereses de demora y una compensación fija de 40 euros (Ley 3/2004, artículo 8).
- Superados los 60 días: Se activan medidas coercitivas de estabilidad presupuestaria, que pueden incluir la retención de transferencias del Estado o requerimientos directos del Ministerio de Hacienda.
Todos los ayuntamientos están obligados a calcular y publicar este dato periódicamente. Su cumplimiento es un termómetro esencial de la salud y la seriedad de la gestión municipal.
La radiografía local: una media que esconde dos mundos
A nivel nacional, el PMP medio de las entidades locales en 2023 se situó en torno a los 27-28 días, mostrando cierta mejora. Sin embargo, esta cifra agregada es un espejismo en el área de A Coruña, donde la disparidad es la norma.
Un análisis de los datos trimestrales publicados (para homogenizar la comparativa entre concellos) dibuja un panorama de dos velocidades:
- El club del cumplimiento: Oleiros exhibe un currículum impecable, manteniéndose siempre dentro del límite legal. Arteixo registró un desliz mínimo de apenas 0,39 días por encima del límite en marzo de 2024, pero corrigió inmediatamente la tendencia. No es casualidad que ambos sean los únicos de los cinco analizados que ya tienen aprobados sus presupuestos para 2026, y que sus gobiernos disfruten de mayorías estables.
- La tríada de la morosidad: A Coruña, Culleredo y Cambre superan de forma habitual y a menudo amplia la barrera de los 30 días. La evolución desde inicios de 2024 es reveladora: mientras los cumplidores se mantienen en línea, los incumplidores arrastran el problema. El caso de Cambre es especialmente alarmante, con cifras disparadas. A Coruña ofreció un breve respiro en diciembre de 2024, cumpliendo por vez primera en mucho tiempo, pero fue un espejismo que se desvaneció rápidamente.
Consecuencias más allá de la multa: servicios más caros y de peor calidad
El impacto del retraso en los pagos va mucho más allá de las sanciones. Se genera un efecto dominó perverso que termina afectando directamente al bolsillo y al bienestar de los vecinos:
- Fuga de calidad: Las empresas solventes y con mejores estándares evitan trabajar para administraciones morosas. Esto deja el campo abierto a compañías menos rigurosas, lo que se traduce en una merma en la calidad de los servicios públicos (limpieza, mantenimiento, obras, etc.).
- Encarecimiento del costo: Las empresas que sí se arriesgan a trabajar para concellos morosos incluyen en sus ofertas una prima de riesgo por la tardanza en el cobro. Al final, el Ayuntamiento (y, por ende, el contribuyente) paga más por lo mismo.
- Daño al tejido productivo local: Los proveedores, muchos de ellos pymes locales, se ven estrangulados por la falta de liquidez, poniendo en riesgo empleos y su propia supervivencia. Esta situación suele derivar en pleitos judiciales para forzar el cobro, dañando gravemente la imagen institucional.
La paradoja financiera: morosidad sin excusa de caja
Lo más revelador del análisis es que el incumplimiento no obedece, en estos casos, a una falta crónica de recursos.
- A Coruña, si bien es el ayuntamiento más endeudado de Galicia, tiene obligación de priorizar el pago a proveedores como mandata la ley.
- Culleredo cerró 2024 con un remanente de tesorería que superaba la mitad de su presupuesto anual.
- Cambre tiene depositado en cuentas bancarias un importe cercano al total de su presupuesto de un año.
Estos datos desmontan la posible justificación de una «tesorería ajustada» y apuntan, inequívocamente, a deficiencias graves en la gestión, la planificación y la priorización del gasto.
La buena gestión se paga (y la mala, también)
El cumplimiento del PMP no es un tecnicismo contable. Es un indicador fundamental de eficiencia, respeto al sector empresarial y compromiso con la sostenibilidad financiera. Oleiros y Arteixo demuestran que es posible gobernar cumpliendo la ley y salvaguardando los intereses de ciudadanos y proveedores.
En el otro extremo, la morosidad de A Coruña, Culleredo y Cambre es una losa para su desarrollo, un lastre para sus proveedores y un perjuicio silencioso para la calidad de los servicios que reciben sus vecinos. Los datos evidencian que este no es un problema de color político, sino de rigor en la gestión. Una lección que, tarde o temprano, los ciudadanos terminan reflejando en las urnas.