En apenas unos pocos meses, el discurso informativo en torno a la Universidade da Coruña ha dado un giro 180 grados. Si en lo últimos años se nos presentaba una universidad dinámica, volcada en proyectos innovadores como la Ciudad de las TIC, o con discurso propio en debates clave como el diseño de la fachada marítima, ahora se nos habla de una vieja dama arruinada, obligada a malvender deprisa algunas joyas para frenar su deterioro.
Sobre la deuda, abundan ahora explicaciones más o menos interesadas, las unas en culpar a la inflación y la evolución macroeconómica, las otras en ajustar cuentas políticas mal saldadas con el anterior equipo rectoral. Entremedias, la situación abre de nuevo el altavoz para esas voces que, incluso desde el Consello Social, reclaman que la universidad pública se gestione con criterios de universidad privada. Sería bueno que al margen de algunos lugares comunes como “racionalidad” o “buena gestión”, alguien explicase alguna vez cómo se opera esa transustanciación propia de un milagro religioso.
La universidad pública no puede concebirse como un gasto que genera deuda; será, en todo caso, una inversión que conviene ajustar cada cierto tiempo. Del mismo modo que no recuerdo que nunca se hable de la deuda de la Educación Primaria o Secundaria. Que la educación pública superior – y la investigación que de ella se deriva – no sea obligatoria, no la convierte en menos esencial para la sociedad. Es parte fundamental de ese escudo/modelo social occidental que garantiza a las personas, de modo universal, educación, sanidad y servicios sociales.
Porque los adalides del sistema americano, pintan siempre un panorama de Stanfords, Princetons y premios Nobel, con Oppenheimer y los gigantes de la Economía paseando por verdes campus. Pero olvidan la cara b del sueño americano: los estudiantes (y sus familias) endeudados; los profesionales que pasan años devolviendo las becas y los intereses de esos préstamos; la investigación supeditada no a los intereses sociales, sino a los del mercado que paga los proyectos. Las enfermedades raras no lo son sólo por su bajo nivel de incidencia, sino por el escaso grado de atención que merecen por parte de la investigación privada pagada por las grandes farmacéuticas.
Así que la UDC haría bien en recuperar el tono informativo y contarle a la sociedad coruñesa y gallega, que es la que la sufraga con sus impuestos, qué proyectos tiene para el futuro. Porque dramatizar en torno a 13 millones de euros supone montar un coro de plañideras un tanto falso, de melodrama más bizantino que griego. Nos damos provincianos golpes de pecho en torno a la cifra, un escándalo, olvidando la gota que supone en los 13.954 millones de presupuestos que la Xunta tiene para 2025, 3.041 de ellos destinados a la consellería de Educación. ¿De verdad son un drama esos 13 millones, o son la excusa ideal para tapar la falta de proyecto bajo un maquillaje de afectada responsabilidad? ¿Han olvidado acaso los cátedros coruñeses el millonario desfase presupuestario que acumuló no hace tanto la Universidad de Santiago? Desfase reajustado por la Xunta sin que en ningún caso se pusiese en cuestión la imagen de la venerable universidad compostelana.
La sociedad no tiene dudas en su respaldo a la Universidad pública. Porque sabe que, de momento y con contadas excepciones, las privadas españolas destacan sólo por el elevado precio de sus matrículas, pero ni ofrecen mejor docencia, ni captan más recursos de las empresas ni generan una investigación de mayor retorno social.
Hablar de la deuda le permitirá a algunos 15 minutos de gloria en el claustro. Y a muchos reducir el debate en torno a la UDC a la pelea entre los grupos que aspiran a dirigirla. Pero esto privaría a Coruña de uno de los agentes sociales fundamentales de los últimos 35 años. Una iniciativa – si quieren una empresa – pública, que ha contribuido a redefinir la personalidad de la ciudad y su entorno tanto como las grandes obras de infraestructuras, el rediseño de los servicios sociales, la Orquesta Sinfónica – otro “gasto” generador de “deuda” para los torpes – o el auge de las grandes empresas. La UDC, como toda la educación pública, no es un gasto, es una inversión, una herramienta con la que construimos y ajustamos la sociedad que queremos. No entenderlo, en el siglo XXI, equivale a mover esa última cifra al centro y retroceder al XIX.
