Los sindicatos denuncian la paralización de la negociación sobre seguridad y condiciones laborales, y advierten de que la falta de medios y protocolos homogéneos pone en riesgo a los profesionale
Los sindicatos UGT y USO han exigido a la Consellería de Sanidade y al SERGAS la adopción «inmediata» de medidas «reales y efectivas» tras la grave agresión sufrida el pasado sábado por un vigilante de seguridad en el Hospital de Oza, en A Coruña. El trabajador perdió parte del lóbulo y del cartílago de la oreja tras ser mordido por un paciente ingresado en la unidad de Psiquiatría, una lesión descrita como irreversible.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas. Según la versión recogida por los sindicatos, el paciente, que no estaba sedado, inició una conducta «extremadamente agresiva», golpeando paredes y creando una situación de riesgo. Durante la intervención para inmovilizarlo, se produjo el ataque que causó la grave herida al vigilante.
Para UGT y USO, este episodio «no es un hecho aislado ni imprevisible, sino la consecuencia directa de la falta de decisiones y de avances efectivos por parte de la administración sanitaria», pese a las advertencias previas. Ambas organizaciones recuerdan que mantuvieron reuniones con Sanidad para activar una negociación sobre seguridad en los centros y las condiciones del servicio de vigilancia, un proceso que, denuncian, «quedó en paréntesis, sin calendario, sin concreción y sin medidas aplicadas».
Ante el bloqueo, UGT y USO registraron en octubre de 2025 varios escritos ante la Consellería reclamando, entre otras medidas:
- La revisión y actualización de los protocolos ante pacientes agresivos.
- Medios de autoprotección adecuados para los vigilantes.
- Mejor coordinación entre seguridad privada y personal sanitario.
- Criterios homogéneos en toda la red SERGAS.
- Un marco de negociación sobre condiciones laborales y retributivas.
«A día de hoy, no se han producido avances reales», lamentan. Solo se habría planteado «estudiar» una fórmula de protección jurídica para el personal, una cuestión que «sigue pendiente de clarificar, sin concreción, sin calendario y sin garantías». Mientras, «no se han adoptado medidas efectivas en materia de medios, protocolos, refuerzo de plantillas ni mejoras sustanciales».
Los sindicatos subrayan el vínculo entre seguridad y condiciones laborales. Los vigilantes en hospitales públicos, afirman, trabajan en «entornos de alta conflictividad», asumen intervenciones de riesgo y afrontan agresiones recurrentes, pero lo hacen «con plantillas ajustadas, salarios bajos y sin un reconocimiento acorde al riesgo». Reclaman, por tanto, mejoras sustanciales que incluyan refuerzo de personal, condiciones dignas y estabilidad. «La precariedad y la falta de medios también son factores de riesgo», insisten.
Además, rechazan que la Consellería intente derivar el problema solo a la empresa adjudicataria del servicio. «Es la administración sanitaria quien define los protocolos, limita los medios y establece el marco de actuación», critican. Señalan una contradicción: mientras en otros centros del SERGAS existen medidas preventivas, en hospitales como el de Oza «se prohíben, obligando a intervenir cuerpo a cuerpo».
«Basta de normalizar las agresiones», exclamaron los representantes sindicales. «No aceptamos que trabajar en un hospital público signifique poner en riesgo la integridad física ni que las agresiones se gestionen con explicaciones posteriores y promesas sin contenido».
Por todo ello, UGT y USO exigen:
- Reactivación inmediata del proceso de negociación.
- Clarificación por escrito de la protección jurídica anunciada.
- Avances reales en medios, protocolos y refuerzo de plantillas.
- Mejoras sustanciales en las condiciones laborales del personal de seguridad.
- Medidas homogéneas en toda la red SERGAS.
Reiteran su disposición a negociar, pero advierten: «no se puede seguir posponiendo una solución mientras los profesionales ponen el cuerpo». Asimismo, no descartan anunciar «medidas de acción sindical en los próximos días», porque «la seguridad y la dignidad laboral no pueden seguir en paréntesis en la sanidad pública gallega».