El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), un ejemplo de opacidad
Según los recientes resultados de la liquidación del ejercicio 2023 presentados por Inés Rey y el delegado de competencias, Gonzalo Henrique Castro, el IMCE se erige como un modelo de opacidad financiera. Aunque el remanente de tesorería presentado fue de 497.761,14 €, lo que podría parecer un dato positivo, la existencia de «facturas en el cajón» por un valor mucho mayor, 3.646.241,96 €, refleja una situación mucho más crítica.
Estas facturas, que se registran en la cuenta 413, son compromisos de pago pendientes, lo que deja al IMCE con un balance real negativo superior a los 3 millones de euros. Además, es preocupante que en un año electoral como 2023, el presupuesto inicial del IMCE fue incrementado en más de 3,7 millones de euros (3.766.782,81 €), lo que revela una desviación considerable respecto al plan inicial.
La magnitud de esta desviación y la falta de transparencia en la gestión presupuestaria del IMCE pueden tener implicaciones graves, tanto a nivel de credibilidad del Gobierno local como en la capacidad de cumplir con las obligaciones económicas y los proyectos culturales.
El IMCE engloba entidades como el Coliseum, Teatro Rosalía, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Teatro Colón y Fiestas de A Coruña.
La trampa de mostrar lo pequeño y ocultar lo importante
La gestión del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) parece estar marcada por una estrategia de mostrar lo superficial y ocultar lo esencial. Aunque en el documento se presentan fichas detalladas sobre los gastos del Fórum Metropolitano, Teatro Colón y Teatro Rosalía, que en apariencia podrían interpretarse como un ejercicio de transparencia, el verdadero enfoque parece ser desviar la atención para no atender a las partidas más significativas y oscuras.
Un claro ejemplo es el presupuesto dedicado a la programación del Teatro Rosalía de Castro en el primer semestre de 2023, que apenas alcanzó los 65.000 euros, una cifra minúscula en comparación con el enorme presupuesto total del IMCE. En contraste, un solo programa Womex ascendió a 149.379,45 €, una inversión mucho más considerable.
El hecho de que se ofrezcan detalles minuciosos sobre pequeñas actuaciones del Teatro Colón, Rosalía y Fórum Metropolitano puede ser una maniobra deliberada para aparentar claridad, mientras se ocultan las grandes partidas bajo términos genéricos y ambiguos. Esta falta de especificidad en el gasto asignado a otras empresas y profesionales dificulta el escrutinio público y genera suspicacias sobre la correcta administración de los recursos del IMCE.
Como se observa en la gráfica, lo más preocupante es que más del 60% del gasto total (10.496.782,81 €) se destina a la cuenta «Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales» (22799), que alcanza los 6.462.126,18 €. Esta cifra se maneja con muy poca transparencia, lo que plantea serias dudas sobre cómo y en qué se están utilizando estos fondos.
El control
La existencia de contratos menores por importes que superan los límites establecidos por la ley añade desconfianza sobre la gestión del IMCE y la administración del Ayuntamiento. Este tipo de prácticas vulnera los principios de transparencia, legalidad y control en el uso de los fondos públicos, y plantea interrogantes sobre el papel de los órganos fiscalizadores, como la Intervención municipal.
La Intervención en los Ayuntamientos tiene un papel clave en la supervisión y control de la legalidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Sus funciones no solo abarcan al Concello directamente, sino también a todos sus entes, como en el caso del IMCE.
La Intervención debería garantizar que todos los contratos, incluidos los menores, cumplan con la normativa vigente y se realicen con transparencia, asegurando la adecuada justificación del gasto y el cumplimiento de los límites legales.
Cuando se hacen contratos menores por importes superiores a los que establece la ley, no solo se infringe la normativa de contratación pública, sino que también se eluden mecanismos de competencia y control que están diseñados para prevenir la adjudicación directa de contratos sin suficiente justificación o concurso. Estas irregularidades en la contratación afectan gravemente a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Si bien la responsabilidad recae en quienes autorizan y ejecutan los contratos, la Intervención municipal también juega un papel determinante en la detección y corrección de estas prácticas. Si se producen con frecuencia, puede indicar fallos o lagunas en los controles internos, o incluso la falta de voluntad para intervenir en situaciones donde se debiera actuar. Esta situación requiere una auditoría rigurosa que examine no solo los contratos menores, sino el conjunto de prácticas presupuestarias del IMCE y otros entes municipales para garantizar que el dinero público se gaste de acuerdo a la ley y al interés público.
