La modificación «a medida» de la RPT evidencia la apuesta del Gobierno de Inés Rey por la libre designación mientras se estanca la renovación general
El ejecutivo local desestima las alegaciones del sindicato CIG y la del propio concejal de Urbanismo, Francisco Dinis
El Gobierno local de Inés Rey acaba de aprobar definitivamente una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que consolida la apuesta por la libre designación (LD) como sistema de provisión para puestos clave de la administración municipal. El acuerdo, adoptado en solitario, desestima todas las alegaciones presentadas, incluida la del concejal de Urbanismo, Francisco Dinis Díaz Gallego, que, presentó alegaciones que ahora son rechazadas.
El expediente revela una estrategia de modificaciones «a medida» mientras el desarrollo de una nueva RPT, anunciada por el equipo de Inés Rey, permanece en un aparente estancamiento. La aprobación definitiva, firmada por la jefa de Recursos Humanos, Ana Carricoba, el director del Área de Administración General, Manuel Ángel Jove, y el concejal delegado de Economía, José Manuel Lage Tuñas, no sólo apuesta por la LD para nuevos puestos, sino que cambia el sistema de provisión de tres jefaturas de servicio existentes.
Libre designación: la apuesta discrecional del Gobierno
La modificación crea un nuevo puesto, la Jefatura del Servicio de Gestión Administrativa de Infraestructuras (ref. 2293), y establece que cuatro puestos estratégicos se cubrirán por libre designación con convocatoria pública: el de nueva creación, y las jefaturas de Gestión Tributaria (0104), Contratación (0258) y Concesiones y Patrimonio Municipal (2174). El Gobierno justifica esta elección en la «especial responsabilidad» y «confianza profesional» que requieren estos puestos, argumentando que sus titulares deben «extremar la confidencialidad» y colaborar directamente en la toma de decisiones políticas.
La libre designación, que permite al órgano competente elegir discrecionalmente al candidato, es un sistema excepcional en el ámbito de la función pública, donde el concurso de méritos es la norma. El Gobierno local, sin embargo, defiende su carácter «excepcional». No obstante, la modificación supone un paso más en la consolidación de un modelo que otorga un amplio margen de discrecionalidad al ejecutivo local para la elección de jefaturas. En su momento la actual concejala Monserrat Paz Romero accedió a la jefatura de seguridad por este sistema, posteriormente la Justicio anuló ese nombramiento.
Desestimación de alegaciones y «doctrina de los actos propios»
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es la desestimación de las alegaciones presentadas, que incluyen las de la Sección Sindical de la CIG y las del propio concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Dinis Díaz Gallego. El edil, que ostenta el cargo de teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local, presentó un escrito solicitando dejar sin efecto el traslado de un puesto técnico del Servicio de Edificación al Servicio de Intervención de la Edificación y Disciplina Urbanística.
Esta situación evidencia una tensión interna en el Gobierno municipal. Mientras el concejal de Urbanismo alega, entre otros motivos, la necesidad de reforzar su servicio, la decisión final, que proviene del Área de Economía y Planificación Estratégica liderada por Lage Tuñas, se impone y desestima sus peticiones argumentando que la iniciativa de modificación no debe partir necesariamente del servicio afectado.
Transparencia cuestionada y datos desactualizados
El Gobierno local intenta justificar la decisión de trasladar el puesto técnico al Servicio de Intervención de la Edificación y Disciplina Urbanística basándose en una «carga de trabajo» que, según alega, queda reflejada en las memorias de gestión del servicio. Sin embargo, para avalar esta afirmación, el expediente incluye un enlace al Portal de Transparencia municipal que redirige a las memorias de gestión, cuya última actualización data del año 2024.
Este gesto, lejos de dotar de transparencia al proceso, evidencia lo que la oposición lleva tiempo denunciando: una falta de información actualizada y la utilización de datos desfasados para tomar decisiones que afectan a la organización de los recursos humanos del Ayuntamiento. El Gobierno local, al responder a las alegaciones con un enlace a documentación de 2024 y anteriores, parece demostrar que la renovación de la RPT y su correspondiente actualización informativa no son una prioridad, mientras se opta por modificaciones puntuales.
La aprobación definitiva de esta modificación de la RPT consolida la estrategia del Gobierno de Inés Rey de utilizar la libre designación para puestos estratégicos, un movimiento que otorga una mayor capacidad de control sobre la estructura administrativa. La desestimación de las alegaciones, incluida la de un miembro de su propio Gobierno, y el recurso a datos desactualizados para justificar decisiones, evidencian un estilo de gobierno que prima la discrecionalidad y la inmediatez por encima de la negociación colectiva y la planificación a largo plazo. Mientras la elaboración de una nueva RPT queda en espera, el ejecutivo local avanza con modificaciones que, a juicio de los sindicatos y de la oposición, buscan «petrificar» un modelo organizativo a su servicio.