La cuarta operadora española de hidrocarburos denuncia que la demora en concederle el título de «operador confiable» impide inyectar 200 millones de litros de gasóleo al mes y contener los precios
HATTA Energy, cuarta operadora española del sector de los hidrocarburos, ha alzado la voz ante la preocupante escalada de precios de los carburantes que está golpeando con especial crudeza a ciudadanos y pequeñas empresas. La compañía considera que esta situación constituye un «problema estructural para la economía española y la viabilidad de las rutinas familiares», y exige al Gobierno medidas urgentes que garanticen una libre competencia plena en el mercado.
El dato adelantado del IPC de septiembre, que se sitúa en un 4,9%, refleja una escalada motivada principalmente por el alza continuada de los carburantes. Este incremento tendrá un reflejo inmediato en la cesta de la compra, ya que los costes logísticos más elevados serán repercutidos sobre los productos básicos. Según la compañía, el impacto en las familias «será tangible y crítico».
Un mercado lastrado por barreras artificiales
Ante este panorama, HATTA Energy reclama al Ejecutivo que permita «la circulación de producto sin cortapisas administrativas artificiales que generan embudos y una dañina caída de la oferta». La empresa sostiene que la actual configuración del mercado impide que operadores como el suyo puedan contribuir plenamente a equilibrar la oferta y contener los precios.
La compañía importa cada mes unos 200 millones de litros de gasóleo, un volumen que, según sus propias palabras, resulta «absolutamente decisivo para que haya suministro, equilibrar el mercado y el control de precios». Su CEO, Javier Alonso, es contundente al respecto: «Si HATTA no existiera, los precios en España habrían provocado ya el colapso de buena parte de la economía». Alonso destaca además que «la llegada del gasóleo de HATTA a las gasolineras independientes es garantía de control de precios».
La «sangre del sistema»
En una declaración de marcado tono reivindicativo, el máximo responsable de HATTA Energy subraya la importancia vital de los carburantes para el funcionamiento de la economía: «Los carburantes son la verdadera sangre del sistema. No propiciar un precio razonable, una distribución sin trabas artificiales y una política que facilite la competencia plena es atentar de forma consciente y dolosa contra el bienestar de los españoles».
La compañía lamenta que, «mientras la escalada de precios beneficia a grandes operadores», lo lógico sería que desde el Gobierno se velara por «el principio de proporcionalidad, ampliamente reconocido en el derecho de la competencia europeo». Este principio exige que la intensidad de una exigencia regulatoria guarde relación con el riesgo real que pretende evitar, y no con el tamaño del operador al que se aplica.
La figura del «operador confiable», en entredicho
Uno de los principales puntos de fricción radica en la configuración de la condición de «operador confiable» decretada por el Gobierno. Según explica Alonso, la anticipación del 110 por ciento del IVA a las empresas que no son reconocidas como confiables —por lo que considera «meras barreras arbitrarias»— es «una norma de dudosa legalidad, ya que destroza la libertad de empresa y la competencia alterando la legislación europea».
El CEO de HATTA recuerda que «hay un procedimiento abierto por varias empresas afectadas en la Audiencia Nacional», una situación que califica de «absurdo dada la coyuntura dramática para la economía nacional».
Diligencias penales por la demora administrativa
La compañía asegura cumplir «con creces» las condiciones para ser reconocida como operador confiable. De hecho, una jueza de A Coruña ha abierto diligencias de investigación penal para esclarecer por qué la Delegación de Hacienda en Galicia está demorando la concesión a HATTA del título de confiable. Esta dilación, denuncia la empresa, impide que la compañía incorpore al mercado más gasóleo, un producto clave para aliviar los precios y las cargas que soportan familias y pymes.
Un llamamiento a la acción
HATTA Energy cierra su comunicado con un llamamiento implícito a la responsabilidad del Gobierno: facilitar la competencia plena no es solo una cuestión de política económica, sino una medida urgente para proteger el bienestar de los ciudadanos y la viabilidad de miles de pequeños negocios en toda España. La pelota, en este momento, está en el tejado del Ejecutivo.