El Ayuntamiento esconde el ‘truco’ para rebajar la vivienda protegida en Oza: «Que otros la construyan”
El próximo jueves, 8 de mayo, el pleno municipal de A Coruña tendrá que decidir sobre la aprobación de un nuevo convenio urbanístico para el desarrollo del Parque de Oza, una fórmula recurrente del gobierno de Inés Rey para evitar modificar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Este mecanismo, aunque legal, genera desconfianza entre los vecinos, que ven en él una forma de eludir un debate más amplio y participativo sobre el futuro de uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad: Castrillón.
Un proyecto que aumenta la densidad en una zona ya saturada
El proyecto prevé un aumento significativo de la edificabilidad en una zona donde los servicios públicos —especialmente la movilidad— ya están al límite. Entre los aspectos más controvertidos destacan:
- Torres de hasta 17 plantas, un modelo que rompe con la tónica urbanística de la zona y que recuerda a las construcciones masivas de los años 70.
- Modificaciones en el sentido de la circulación, que podrían agravar los problemas de tráfico.
- Falta de estudios complementarios, como un análisis de impacto en la movilidad o un estudio paisajístico, teniendo en cuenta que las nuevas edificaciones afectarían a las vistas de la ría.
59 alegaciones y un gobierno que no da respuestas claras
Durante el periodo de exposición pública, se presentaron 59 alegaciones por parte de colectivos vecinales, partidos políticos y la propia Junta de Compensación del Parque de Oza. Las críticas más recurrentes fueron:
- Falta de transparencia y detalles: Vecinos y oposición denuncian que el convenio carece de información concreta sobre las actuaciones. La respuesta del gobierno municipal —»son acuerdos preparatorios y no vinculantes»— no solo no tranquiliza, sino que refuerza la sensación de opacidad.
- Zonas verdes y equipamientos: La asociación Oza-Gaiteira exige la recuperación de áreas verdes previstas en el plan original y la creación de equipamientos en el solar del antiguo concello de Oza. Además, reclaman mejoras en la accesibilidad entre Juan Montes y Casanova de Eiris.
- Vivienda pública insuficiente: Tanto la asociación Castrillón-Urbanización Soto “IAR” como el Partido Popular denuncian que el convenio incumple la Ley 2/2016, que establece un 30% de vivienda protegida, frente al 10% que se plantea. El Ayuntamiento justifica esta reducción alegando que la normativa permite excepciones, aumentando ese porcentaje en otras zona, pero los críticos señalan que es una forma de beneficiar a los promotores.
- Indemnizaciones pendientes: La Junta de Compensación recuerda que los propietarios afectados llevan 15 años esperando a materializar sus derechos y advierte de que cualquier merma en los aprovechamientos debería ser indemnizada.
El PP pide consenso y el BNG, inexplicablemente en silencio
El Partido Popular ha presentado alegaciones solicitando la anulación del convenio y exigiendo que cualquier modificación se consensue con los vecinos. También reclama estudios de movilidad y que las alturas de los edificios se ajusten a las construcciones existentes.
Llama la atención, sin embargo, la ausencia de alegaciones por parte del BNG, tradicionalmente crítico con las operaciones urbanísticas especulativas. Su silencio genera dudas sobre su postura ante un proyecto que, en teoría, contradice sus principios.
Un «cheque en blanco» para el gobierno
Las respuestas del equipo de Inés Rey no han disipado las dudas. Sobre la falta de equipamientos, se limitan a decir que «en todo caso, esta cuestión se concretará». Respecto a la vivienda protegida, reconocen que la normativa exige más, pero argumentan que puede compensarse en otras zonas, lo que en la práctica supone trasladar la carga a otros desarrollos.
Todo apunta a que el gobierno busca aprobar un convenio ambiguo, sin compromisos firmes, y con el aval de una oposición dividida. La pregunta ahora es si el PP y el BNG estarán dispuestos a darle ese «cheque en blanco» o si, por fin, exigirán un proyecto transparente y consensuado con los vecinos.
Lo que está en juego no es solo el futuro de Oza, sino el modelo de ciudad que quiere A Coruña: ¿más cemento o más calidad de vida?
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