Las reacciones no se hicieron esperar. Las palabras del portavoz municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo, han elevado la tensión política en el Concello de A Coruña tras conocerse los planes del gobierno local para la licitación de la concesión del autobús urbano y el uso de la parcela del antiguo cuartel de A Grela.
El núcleo de la controversia: plusvalías frente a cesión patrimonial
El foco del conflicto se centra en el destino de la parcela de A Grela, cuyo valor de mercado se estima en 15 millones de euros. Según denuncia Miguel Lorenzo, el gobierno de Inés Rey planea ceder este suelo a la futura empresa concesionaria del servicio de autobuses para la construcción de las nuevas cocheras.
Lorenzo califica esta decisión de «cuanto menos, sospechosa», y argumenta que el Ayuntamiento se encuentra al borde de la quiebra técnica. «El déficit municipal de 2025 fue de 12 millones de euros, con una previsión de 21 millones para 2026 según el Interventor. Lo lógico es que el Concello cobre esos 15 millones de la venta del suelo para tapar el agujero económico, y que sea la nueva empresa adjudicataria la que asuma el coste de construir sus propias instalaciones, como es habitual en este tipo de concesiones millonarias», ha declarado.
El portavoz popular también ha cuestionado la necesidad de la cesión, señalando que el convenio con Defensa no requiere de desarrollo alguno por parte del Ayuntamiento: «Inés Rey presume de desarrollar el convenio, pero no hay nada que desarrollar. Defensa vende el suelo y el Ayuntamiento, sin hacer nada, cobra 15 millones de plusvalía. ¿Qué interés ciudadano hay en ceder patrimonio municipal a empresas privadas?»
Carrera contrarreloj y sospechas electorales
Otro de los puntos que generan mayor malestar en la oposición es el aparente afán del gobierno local por adjudicar el nuevo contrato antes de las elecciones. «Hay demasiado interés en adjudicar el contrato justo antes de los comicios. Algo huele muy raro en María Pita, porque no fueron capaces de preparar la licitación sabiendo que el contrato con Tranvías acababa en diciembre de 2024, y ahora van a toda prisa», ha criticado Lorenzo.
Esta demora en la renovación de un contrato que expiró en 2024 ha sido una constante en las críticas del PP, que acusa al gobierno local de no haber gestionado los plazos adecuadamente para garantizar una transición ordenada.
Obstáculos urbanísticos y plazos inciertos
A la polémica política se suman los problemas técnicos. Lorenzo ha puesto el foco en que la parcela de A Grela «no tiene vial de salida» y requiere ser urbanizada. Esto, unido a la complejidad de construir unas cocheras para una flota de autobuses, que en gran parte deberá ser renovada hacia vehículos de cero emisiones, hace prever que las nuevas instalaciones «no estarán operativas, como mínimo, hasta 2028».
Mientras tanto, el servicio de autobuses, que el año pasado alcanzó la cifra récord de 28,5 millones de viajeros, continúa operando mediante prórrogas técnicas, a la espera de que el Concello despeje la maraña administrativa y defina el nuevo modelo de transporte que marcará la movilidad de la ciudad hasta el 2040