Mientras el «pelotazo» del convento de Puerta Real se cierne como la segunda o primera razón del cese
La alcaldesa Inés Rey quiere vendernos que el relevo de la Comisión Informativa del PEPRI es un asunto de «normalidad administrativa». Pero cuando una comisión que ha funcionado durante una década con independencia y criterio es fulminantemente sustituida justo después de alertar sobre problemas que hoy son evidentes, lo menos que cabe preguntarse es: ¿qué está ocultando realmente el gobierno local?
Porque no estamos hablando de cualquier órgano municipal. Hablamos de una comisión que ha sobrevivido a tres gobiernos de distinto signo político (Partido Popular, Marea Atlántica y PSOE), que ha emitido informes por unanimidad tras largos debates, y cuyos miembros —arquitectos, arqueólogos, juristas, técnicos de cultura e historiadores— han demostrado una solvencia y un compromiso con el patrimonio que ninguna otra comisión municipal ha logrado igualar.
La incómoda verdad de la parada de autobuses
Resulta que esta comisión, ahora cesada, tuvo la osadía de alertar antes de tiempo sobre el conflicto que generaría el traslado de la parada de autobuses en el contexto de las obras de la Marina. Advirtieron de los problemas que hoy son visibles para cualquier ciudadano que pase por la zona, con esa ubicación tan «acertada» entre la Diputación y Correos que tantas quejas ha generado.
Pero la comisión se equivocó en algo fundamental: olvidaron que en política, a veces, tener razón es el peor de los pecados. Porque si adviertes de un problema que luego se confirma, conviertes al gobierno en un problema. Y la solución más rápida, como todos sabemos, no es rectificar, sino eliminar al mensajero.
Por supuesto, la alcaldesa, en su infinita sabiduría, ha decidido que lo más coherente es sustituir a quienes tenían razón. Porque, ¿quién necesita a expertos que aciertan cuando se pueden tener asesores que digan lo que uno quiere escuchar? ¿No es mucho más cómodo rodearse de personas que no cuestionen las decisiones, aunque estas sean erróneas?
El pasado, presente y futuro que incomodan
Pero el asunto de la parada de autobuses es solo la punta del iceberg. La comisión ya había generado roces anteriores, como el informe sobre los posibles usos de la «Lágrima de San Roque» en la plaza de España, un asunto que no sentó nada bien en el gobierno de Inés Rey.
Sin embargo, el verdadero escándalo apunta al futuro. Y el futuro tiene nombre y dirección: el antiguo convento de las Religiosas de María Inmaculada en Puerta Real. Este edificio histórico, que cerró sus puertas definitivamente el 25 de septiembre de 2019 tras 83 años de labor social, ha cambiado recientemente de titularidad. Y, casualidades de la vida, varias empresas que mostraron interés por el inmueble recibieron información desfavorable sobre la posibilidad de cambiar su uso.
¿Qué mejor manera de allanar el camino para una operación inmobiliaria de dudosa legalidad que eliminar a la comisión que podría informar desfavorablemente sobre ese cambio de uso? Porque, seamos sinceros, si la comisión ya advirtió de los problemas de las obras de la Marina, ¿qué no podría haber dicho sobre un proyecto de recalificación en una zona tan sensible como Puerta Real?
La cortina de humo y el 70% olvidado
La alcaldesa, en su afán por normalizar lo anormal, ha declarado que «como alcaldesa decido quién está y quién no en los órganos municipales». Técnicamente tiene razón, pero conviene recordarle dos detalles:
- Que la votaron menos de uno de cada tres coruñeses (concretamente el 31,35% de los votantes, y solo el 20,98% del censo total). Gobierno de minoría, sí, pero también de humildad democrática, que debería invitar a escuchar más y a imponer menos.
- Que el voto de los concejales es personal e intransferible. No puede obligar a los concejales a votar lo que ella quiera. Pero, ¿acaso no fue eso lo que hizo? Porque el relevo del concejal por una funcionaria de su confianza es, cuando menos, una maniobra que roza lo grotesco.
El cambio que no engaña a nadie
La alcaldesa puede cambiar comisiones, quitar competencias a concejales y nombrar funcionarios. Pero lo que no puede cambiar es la evidencia: esta comisión funcionaba, y funcionaba bien. Sus informes salvaguardaron patrimonio público y privado, y su independencia era su mayor virtud.
Si el gobierno local quiere tomar decisiones controvertidas sobre el patrimonio de la ciudad, que lo hagan asumiendo el coste político. Pero no intenten disfrazar de «normalidad administrativa» lo que no es más que la eliminación de una incomodidad. No es normal cesar a una comisión que ha trabajado durante una década solo porque sus informes no gustan.
Porque al final, la pregunta que deberían hacerse los coruñeses es clara: si esta comisión era incómoda por advertir de los problemas de la Marina, ¿qué otras incomodidades podría haber generado en el futuro? ¿Qué intereses hay detrás de este cese fulminante? ¿Y por qué se toma una decisión tan drástica precisamente ahora?
Lo que está claro es que el patrimonio de A Coruña merece algo más que ocurrencias de quienes, votados por apenas un tercio de la ciudadanía, pretenden decidir por unanimidad el futuro de nuestra memoria colectiva. La alcaldesa debería recordar que gobernar no es imponer, sino escuchar. Y que, a veces, tener razón no es un delito, sino una virtud que debería premiarse en lugar de castigarse.
Pero bueno, supongo que es más fácil cambiar la comisión que admitir un error. Al fin y al cabo, ¿quién necesita expertos cuando se puede tener silencio?