Eva Martínez Acón y Esther Fontán impugnan el archivo de su denuncia y señalan irregularidades que comprometen la imparcialidad de la instructora, vinculada a la agrupación de Inés Rey
El malestar interno en el PSOE coruñés ha dado un salto a la dirección federal. Las exconcejalas socialistas Eva Martínez Acón y Esther Fontán han formalizado sendos recursos ante la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE para impugnar el archivo de su expediente disciplinario decretado por la dirección provincial de A Coruña. Aunque los recursos son individuales y contienen apreciaciones personales, ambos documentos coinciden en señalar una batería de irregularidades procesales que, a su juicio, dejan en evidencia las carencias del sistema interno de gestión de denuncias del partido.
Las recurrentes, que ostentaron actas de concejalía en el Ayuntamiento de A Coruña, sostienen que la instrucción del caso ha estado plagada de arbitrariedades. La base de su impugnación se centra en tres puntos clave: la exclusión injustificada de una prueba fundamental, la falta de llamada a testigos y la parcialidad de la instructora, designada de entre las filas de la misma agrupación local que lidera la secretaria general y denunciada, Inés Rey.
La «presunción de culpabilidad» de una grabación
El principal caballo de batalla del recurso es la exclusión de una grabación de audio presentada como prueba por las denunciantes. Según consta en el escrito, la instructora del expediente rechazó la admisión de este material no por considerarlo manipulado, sino porque alegó «desconocer si podría estarlo».
Para la defensa de Martínez Acón y Fontán, este argumento constituye una vulneración flagrante de los principios básicos del derecho, al invertir la carga de la prueba y presumir la mala fe de las denunciantes. «En la legislación española, las pruebas se presumen válidas y su exclusión debe estar motivada y justificada. Aquí se ha excluido por una sospecha genérica, lo que es una arbitrariedad procesal», señalan las recurrentes.
Las exconcejalas ponen el acento en la contradicción de este criterio con la aceptación, sin reparos, de mensajes de WhatsApp como prueba en contra de ellas, en referencia a la documentación presentada por la denunciada Inés Rey. En su recurso, denuncian que la manipulación de conversaciones en aplicaciones de mensajería es «extremadamente sencilla», por lo que exigen un trato procesal equitativo.
Una instructora en «territorio comanche»
Otro de los argumentos que esgrimen ante Ferraz es la ausencia total de declaraciones de testigos durante la fase de instrucción. Las exedilas califican esta omisión de «llamativa», ya que impide contrastar las versiones de las partes y obtener una visión completa de los hechos.
Sin embargo, la crítica más dura se dirige a la elección de la instructora del expediente. Las recurrentes cuestionan que la dirección provincial designara para esta función a una militante de base perteneciente a la misma agrupación local de la que Inés Rey es secretaria general.
«Si se hubiera querido garantizar una mínima objetividad, se podría haber recurrido a miembros de otras agrupaciones de la provincia. Este vínculo directo con la estructura de la denunciada compromete la percepción de imparcialidad y vicia el procedimiento de origen», subrayan en el recurso, que ya está en manos de la dirección federal que lidera Cristina Narbona.
La paradoja de la plataforma de Ferraz
El recurso a la Comisión Ejecutiva Federal no es casual. Las exconcejalas recuerdan que fue la propia dirección del PSOE, desde Ferraz, la que habilitó una plataforma web para denunciar casos de acoso de forma personal o anónima, precisamente para evitar injerencias locales y garantizar un tratamiento «claro y limpio» ante los casos que habían saltado a la luz pública.
Sin embargo, su extrañeza fue máxima al comprobar que su denuncia fue derivada a la dirección provincial de A Coruña, justo el ámbito donde se originó el conflicto. «La paradoja es evidente: la plataforma creada para centralizar y transparentar el proceso terminó devolviéndonos al mismo lugar del que huíamos, con una instructora vinculada a la estructura de la denunciada», afirman las afectadas.
«Este movimiento nos deja a los pies de los caballos», sentencian las exconcejalas en su escrito. «Si el objetivo de Ferraz es aclarar los casos de acoso, debe tratar estas denuncias de forma más transparente, sin anular pruebas de forma arbitraria y sin dejar de llamar a testigos. Lo peor de todo es que las víctimas nos sentimos en el más absoluto abandono.»
Contexto de un partido en el punto de mira
Este recurso se produce en un momento de especial sensibilidad para el PSOE. El partido habilitó en mayo de 2025 el Sistema CADE, un canal de denuncias para infracciones normativas y acoso, en el marco de su Protocolo contra el Acoso. Sin embargo, la gestión de estos casos ha generado una notable controversia interna, con críticas recurrentes por la falta de comunicación con las denunciantes y la lentitud en la tramitación de los expedientes.
De hecho, el propio partido ha reconocido en declaraciones públicas fallos en el acompañamiento a las víctimas. Ahora, la dirección federal deberá pronunciarse sobre el recurso de las exconcejalas coruñesas, un expediente que pone en evidencia las contradicciones y carencias de un sistema de gestión interna que, según las denunciantes, todavía está lejos de garantizar la justicia y la imparcialidad que promete.