25/09/2026

Ni la ministra de Vivienda quiere ver el ridículo de Inés Rey: plantón en A Coruña tras llegar 13 días tarde al plazo de alegaciones

La alcaldesa pide por carta gestionar los fondos del real decreto de zonas tensionadas cuando el trámite formal cerró hace casi dos semanas. El destino finalista son 5.112.304 euros para A Coruña y Santiago.

Hay quien llega tarde a todo. Y luego está Inés Rey, que ha convertido la puntualidad en una suerte de arte abstracto. La alcaldesa de A Coruña anunció ayer, con ese entusiasmo que se reserva para las causas perdidas, que enviará una carta al Ministerio de Vivienda y a la Conselleria para pedir gestionar unos fondos que todavía no existen de forma definitiva. Un gesto valiente, sin duda. Valiente porque llega exactamente 13 días después de que cerrara el plazo oficial de alegaciones al real decreto que regula precisamente esas subvenciones.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana abrió el periodo de audiencia pública el 2 de septiembre de 2026 y lo cerró el viernes 11 de septiembre. Como suele ocurrir en estos trámites, existía un mecanismo formal, sencillo, casi diríamos que de sentido común, para expresar discrepancias, sugerencias o reparos: presentar alegaciones. En plazo. Por escrito. Como hacen las administraciones serias. Cantabria y Andalucía, por ejemplo, anunciaron que lo harían. La alcaldesa de A Coruña, en cambio, optó por la vía del ruido: una cacerola, una cuchara y un anuncio a toro pasado.

El arte de descubrir la pólvora tarde

La cuestión, más allá del ridículo escénico, es de una gravedad que roza lo cómico. Si Inés Rey desconocía que existía un procedimiento reglado para presentar alegaciones, el nivel de torpeza es altísimo y peligroso para una ciudad que se juega una parte importante de esos 5.112.304 euros. Si lo conocía y aun así habla ahora de enviar una carta, entonces la conclusión es otra: o se toma a la población por tonta, o simplemente aplica aquello que decía el refrán gallego: «O falar non ten cancela». Palabras, ninguna gestión.

Porque el real decreto es meridianamente claro. Su artículo 4 designa como entidad beneficiaria a la Comunidad Autónoma de Galicia para actuaciones en el municipio de A Coruña, declarado zona de mercado residencial tensionado en julio de 2025. El artículo 5 fija la cuantía: más de cinco millones de euros para A Coruña y Santiago. El artículo 3 exige conformidad expresa de la comunidad autónoma antes de la transferencia. Y el artículo 1 detalla el destino: promoción y rehabilitación de vivienda asequible, adquisición de suelo, urbanización, compra de viviendas para alquiler social, avales de rentas. Todo finalista. Todo para A Coruña.

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La pregunta que nadie responde

Entonces, ¿qué es lo que no le gusta a la alcaldesa del real decreto? ¿Qué reparo técnico, jurídico o presupuestario justifica semejante despliegue de tardanza? La gran pregunta flota en el aire como una pancarta sin dueño. Porque si el destino finalista es A Coruña y Santiago, y si el dinero está asignado, uno sospecha que el problema no es el decreto. El problema es otro.

Quizá el objetivo no sea aplicar el decreto, sino crear una cortina de humo. Una cortina espesa, de esas que impiden ver lo que hay detrás: las viviendas destinadas a alquiler público que el ayuntamiento debe construir por acuerdo judicial y que, siete años después de que Inés Rey llegara a la alcaldía en junio de 2019, siguen sin estar. O la crisis económica que sufre el consistorio. O esa gestión que ya perdió fondos europeos por incumplir plazos en la ejecución de proyectos. Probablemente no sea la mejor entidad para presumir de «experiencia» en gestión de ayudas.

Hasta la ministra la deja sola

Y como guinda de este pastel de despropósitos, el lunes pasado la propia alcaldesa habló en una emisora de radio local de la visita que la ministra de Vivienda haría a A Coruña el jueves. Ayer jueves, nadie vio a la ministra por la ciudad. Ni rastro. Ni comunicado. Ni foto. Hasta su propia compañera de partido la deja sola. O quizá es que la ministra, que algo sabe de plazos y procedimientos, prefirió no compartir escenario con quien confunde una alegación formal con una carta a destiempo.

Mandar una carta cuando el plazo de alegaciones cerró hace trece días es, sin duda, un logro sublime dentro del mundo de cómo hacer el ridículo. Un mérito que no se enseña en las escuelas de administración pública, pero que Inés Rey ha elevado a categoría. La ciudad, mientras tanto, espera. Espera las viviendas, espera los fondos, espera una gestión que no llegue tarde. Aunque sea por una vez. Aunque sea por trece días menos.