Su mano derecha, Lage Tuñas, y familiares directos de la alcaldesa podrían entrar en la nueva definición mientras ella se escuda en «competencias» para no dar datos
En un momento en que el debate sobre la crisis de la vivienda en España es cada vez más candente, una definición jurídica que en principio es técnica —la de «gran tenedor»— se está convirtiendo en una piedra de toque para medir la coherencia de los responsables políticos. La actuación de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en el programa La Noche 24 horas de RTVE esta semana ha expuesto precisamente la incomodidad de fondo del gobierno local a la hora de abordar la vivienda: cuando el palo de la política puede caer sobre los propios, la llamada «política progresista de vivienda» se vuelve titubeante y poco convincente.
La contradicción central: la sombra del «gran tenedor» sobre el círculo cercano
El momento más dramático del programa fue sin duda cuando la pregunta se centro en el concepto de gran tenedor. Según el marco legal vigente, si el umbral de gran tenedor se fija finalmente en cinco o más viviendas, Lage Tuñas muy probablemente entraría dentro de esa categoría regulada, al igual que familiares directos de la propia alcaldesa.
No se trata de una hipótesis inocua. Fuentes gubernamentales indican que los ministerios están discutiendo endurecer la definición de gran tenedor para cerrar los vacíos legales. Y en A Coruña, la actividad inversora inmobiliaria personal de Tuñas —en particular la conversión de un local comercial en viviendas que sigue sin salir al mercado de alquiler, y que según algunos vecinos estaría destinada a pisos turísticos— contrasta de forma llamativa con la narrativa que la alcaldesa defendía en televisión sobre «ampliar la oferta de alquiler». Las evasivas de Rey no responden tanto a una táctica de comunicación como a un instinto de defensa ante un conflicto de intereses.
El peso jurídico de la etiqueta
La alcaldesa intentó quitar hierro a la etiqueta de «gran tenedor», pero esa definición conlleva obligaciones legales sustanciales. En primer lugar, en zonas de mercado residencial tensionado —A Coruña fue declarada como tal en julio de 2025—, los nuevos contratos de alquiler de los grandes tenedores quedan sujetos al límite del índice de referencia estatal (SERPAVI), mientras que los pequeños propietarios se rigen por reglas distintas y más flexibles para la prórroga. Esto significa que, si Tuñas fuera clasificado como gran tenedor, la libertad de fijación de precios de sus inmuebles quedaría directamente limitada.
En segundo lugar, en materia de desahucios, los grandes tenedores enfrentan requisitos muy superiores a los de los pequeños propietarios. La ley les exige acreditar un procedimiento de conciliación o mediación antes de demandar, así como aportar un informe de los servicios sociales sobre la vulnerabilidad del inquilino. Aunque el Tribunal Constitucional anuló parcialmente a principios de 2025 la obligatoriedad del procedimiento previo, el gran tenedor sigue obligado a declarar su condición en la demanda, y esa etiqueta conserva relevancia práctica en la práctica judicial.
Cuando los datos contradicen el relato
Rey se enfrentó además a una contradicción aún más incómoda: la distancia entre los datos de «moderación» de rentas que citaba y la realidad del mercado. La alcaldesa tiende a apoyarse en datos oficiales o afines para demostrar que la política de zonas tensionadas «funciona», pero informes independientes de portales inmobiliarios líderes como Idealista dibujan un panorama muy distinto.
Según Idealista, un año después de que A Coruña fuera declarada zona tensionada, la oferta de alquiler de larga duración se desplomó un 36%, mientras que los anuncios de alquiler de temporada —es decir, turístico o temporal— se duplicaron, alcanzando el 55% del total. Esto significa que quienes buscan un alquiler convencional —sobre todo jóvenes y familias trabajadoras— se enfrentan a un mercado aún más estrecho. Para eludir el control de precios, los propietarios están migrando masivamente hacia contratos temporales no sujetos al límite de renta. La ordenanza municipal sobre pisos turísticos aprobada por el gobierno de Rey en 2025 ha sido criticada por ser papel mojado en su aplicación efectiva, lo que agrava aún más la distorsión del mercado.
Una alcaldesa sin cartas que jugar
Cuando se le preguntó qué está haciendo realmente el ayuntamiento para aumentar la vivienda asequible, la respuesta de Rey sonó vacía. La alcaldesa no pudo comprometerse con un calendario concreto ni explicar por qué, en una ciudad con más de 30.000 viviendas vacías, la construcción de alquiler público avanza tan lentamente.
Ante la pregunta incisiva sobre el «gran tenedor», Inés Rey optó por salir del paso con generalidades del tipo «lo importante es mantenerlos en el mercado de alquiler». Pero el problema es precisamente ese: cuando el núcleo del entorno de la alcaldesa es a su vez un actor relevante del mercado, cualquier política destinada a disciplinar a los grandes tenedores se aplica con pies de plomo. En una A Coruña donde la crisis de la vivienda no deja de agravarse, esa zona gris entre intereses y responsabilidades quizá explique más que cualquier artículo de la ley.