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El personal municipal retoma las concentraciones tras más de quince meses de promesas incumplidas. Las cantidades pendientes desde 2022, el Fondo Social, la RPT y el teletrabajo siguen sin solución mientras Diana Piñeiro afirma «no tener constancia» del malestar de la plantilla
Cambre vuelve a la calle. O, mejor dicho, vuelve a las puertas del Concello. La asamblea de trabajadoras y trabajadores municipales acordó este martes, por una amplísima mayoría, retomar las concentraciones y movilizaciones, y no descarta la convocatoria de huelga. No es una decisión caprichosa ni un arrebato: es la constatación de que los problemas que motivaron las protestas anteriores nunca se resolvieron. Simplemente se le concedió un tiempo al Gobierno local. Y ese tiempo, lejos de servir para avanzar, ha tenido como protagonistas la inacción y, en no pocos casos, la acción errónea.
Han pasado más de quince meses desde que Diana Piñeiro asumiera la Alcaldía. Veinte meses de mandato, según recalcan desde la representación sindical, la etapa más prolongada de esta legislatura al frente del Concello. Un tiempo más que suficiente para conocer los expedientes, las reivindicaciones y el estado de la plantilla. Sin embargo, la propia alcaldesa manifestó en la reunión mantenida este lunes —en su despacho, junto al concejal responsable de Recursos Humanos— no tener constancia del malestar existente entre el personal. La afirmación, cuando menos, desconcierta. Y abre dos lecturas igualmente preocupantes: o un desconocimiento profundo de la realidad municipal, o una intención deliberada de engaño. Ninguna de las dos es buena para Cambre.
Un ejemplo que lo resume todo: lo pendiente desde 2022
Nada ilustra mejor la situación que el Fondo Social. La alcaldesa se limitó a comprometerse a «intentar» que las ayudas correspondientes a 2022 se abonen antes de final de año. Es decir, cuatro ejercicios después. Y mientras tanto, continúan pendientes las solicitudes de 2022, 2023, 2024 y 2025. Cuatro años acumulados de cantidades sin cobrar. Cuatro años de promesas. Cuatro años, en definitiva, de una gestión que ha convertido lo extraordinario —cobrar lo que se debe— en una excepción.
La productividad corre la misma suerte. El Gobierno se comprometió a llevar al pleno de octubre una nueva regulación, pero el personal sigue sin percibir las cantidades correspondientes a los tres primeros trimestres de 2026. La negociación, una vez más, se anuncia para después. Y lo que se anuncia para después, en Cambre, tiene un historial preocupante de convertirse en nunca.
La «comisión técnica» fantasma y la valoración de puestos
Otro de los asuntos abordados fue la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El Gobierno asegura que una supuesta «comisión técnica» está trabajando en ella. La CIG, sin embargo, desconoce cuándo se constituyó, quién la compone, cuál es su objeto y cuál su procedimiento. La única actuación conocida es una instrucción emitida ayer mismo por el responsable de Recursos Humanos solicitando información sobre determinadas cuestiones de los puestos A1 y A2: expedientes atendidos, funciones no ejercidas, informes emitidos, inspecciones y visitas realizadas.
Ante esto, la pregunta es obligada: ¿de verdad es esta la información que precisa una comisión técnica para realizar una valoración de puestos? ¿Tiene esa «comisión» la formación y el conocimiento necesarios para llevar a cabo un encargo de esta naturaleza? Para la CIG, una valoración de puestos debe analizar globalmente cada puesto —sus funciones, complejidad, responsabilidad y coordinación con el resto de la organización— y no limitarse a determinadas categorías. «¿Qué entiende el Gobierno de Cambre que es una valoración de puestos de trabajo? ¿Un reparto de una tarta? ¿Los Juegos del Hambre?», cuestiona el sindicato.
Resulta especialmente preocupante que no se esté abordando la realidad de los puestos de categorías inferiores, imprescindibles para el funcionamiento diario de los servicios municipales. Una administración que ignora a quienes la sostienen cada día difícilmente puede pretender mejorar.
Teletrabajo, carrera profesional y riesgos psicosociales: promesas sin fecha
El teletrabajo continúa sin respuesta. El Gobierno no ha mostrado intención de recuperar ni de negociar un nuevo sistema, a pesar del malestar provocado por la retirada del modelo anteriormente negociado y autorizado. La carrera profesional, otra de las promesas del Ejecutivo municipal, tampoco tiene fecha. «De esta ni siquiera tuvo la decencia de poner una fecha, aunque sea para incumplirla», denuncia la CIG.
A esto se suma la actuación de la Inspección de Trabajo tras una visita realizada hace meses. Ante el elevado número de situaciones de incapacidad temporal, la Inspección habría instado al Concello a realizar una evaluación de riesgos psicosociales antes de enero de 2027. Un requerimiento que, lejos de ser un simple trámite, debería encender todas las alarmas sobre las condiciones en las que trabaja la plantilla municipal.
«¿Diana Piñeiro existía antes de ser alcaldesa?»
Durante la asamblea, el personal trasladó numerosas quejas sobre sus condiciones de trabajo y el trato recibido por parte del Gobierno municipal. Los delegados electos expusieron que la propia alcaldesa manifestó no tener constancia de este malestar. Ante esta afirmación, desde la CIG la pregunta es directa: «¿Diana Piñeiro existía antes de ser alcaldesa o fue un espejismo su existencia anterior como concejala en la oposición?».
La cuestión no es retórica. Una alcaldesa que no conoce el estado de su propia plantilla, que no ha percibido un malestar que lleva meses —cuando no años— expresándose en forma de concentraciones y comunicados, difícilmente puede liderar una solución. Y si lo conoce y lo niega, el problema es aún mayor.
«Luz y taquígrafos»: la negociación no se hace en un despacho
Para la CIG, lo acontecido confirma también sus preocupaciones sobre el funcionamiento de la negociación colectiva en el Concello. El sindicato ya había reclamado formalmente información sobre las Mesas Generales de Negociación celebradas en 2026 y sobre cuestiones como el teletrabajo, el capítulo I del presupuesto, el Fondo Social y la productividad.
La central reclama que estas cuestiones se lleven a los únicos espacios legalmente previstos para la negociación colectiva: las Mesas Generales de Negociación, donde deben quedar reflejados en acta los acuerdos, desacuerdos y posicionamientos de todas las partes. «Las cuestiones laborales que afectan al personal municipal no se negocian en el despacho de la alcaldesa. Queremos luz y taquígrafos», señala la CIG. «Si hay asuntos que negociar, deben hacerse en las mesas correspondientes, con todas las organizaciones sindicales que tengan derecho a participar y donde queden reflejados todos los posicionamientos, también los del Gobierno municipal».
Movilizaciones y posible huelga
Ante este escenario, la asamblea acordó por una amplísima mayoría retomar las concentraciones y movilizaciones frente al Concello y constituir un comité organizador, integrado por el personal y por los delegados de personal electos, para planificar nuevas acciones, sin descartar la convocatoria de huelga.
El sindicato considera que el personal municipal está «harto de las medias tintas y de los juegos de trileros» y advierte de que, si no hay respuestas y avances reales, las movilizaciones continuarán y podrán intensificarse.
Cambre vuelve a movilizarse porque los problemas nunca se fueron. Porque el tiempo concedido al Gobierno local no sirvió para resolverlos, sino para cronificarlos. Porque la inacción —y, en ocasiones, la acción errónea— ha sido la verdadera protagonista de estos veinte meses. Y porque, mientras la alcaldesa pregunta por los problemas de personal, la plantilla lleva años preguntándose, sin obtener respuesta, cuándo cobrará lo que se le debe, cuándo tendrá una RPT digna, cuándo podrá teletrabajar y cuándo dejará de ser tratada como un problema en lugar de como lo que es: el motor del Ayuntamiento.