Una inmobiliaria compra el número 30 de la avenida de la Gramela y envía burofaxes de desalojo. La «zona tensionada» que debía protegerlos regula el precio del alquiler, pero no impide que los echen.
Un edificio, un plan de vaciado
El número 30 de la avenida de la Gramela, un edificio corriente de 16 viviendas, pasó desapercibido hasta hace poco. Pero en julio cambió de manos. El nuevo propietario es una empresa inmobiliaria con un objetivo claro: vaciarlo.
El 20 de julio, los inquilinos recibieron un burofax —una notificación con validez legal— exigiendo su salida. A algunos se les comunicó una «deuda retroactiva por IPC»; a otros se les dio menos de un mes para marcharse.
No es un caso aislado. La misma empresa ha comprado otros dos edificios en la calle Fisterra y en la calle Capitán Troncoso. En total, 24 familias se enfrentan al mismo destino. El modus operandi es idéntico: comprar el edificio, enviar burofaxes, exigir el vaciado.
Qué da la «zona tensionada» y qué no
A Coruña fue declarada oficialmente zona de mercado residencial tensionado en julio de 2025. El relato oficial del Ayuntamiento es positivo: la subida de los alquileres pasó del 13,65% en 2023 y el 16,29% en 2024 a solo un 2,63% en 2025..
Pero el instrumento legal de la zona tensionada no aborda el problema que enfrentan estos inquilinos.
El mecanismo central, previsto en la Ley 12/2023 de vivienda, es limitar el precio de los contratos nuevos: el alquiler no puede superar el del contrato anterior, o se aplica un índice de precios de referencia a los grandes tenedores. Lo que regula es «cuánto se cobra por el próximo contrato».
No regula «si el contrato actual puede renovarse». Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, si el arrendador es una persona física, la prórroga obligatoria es de 5 años; si es una persona jurídica —como aquí, una inmobiliaria— se extiende a 7 años. Cumplidos esos plazos, si el arrendador comunica con antelación que no renueva, recuperar la vivienda es un derecho legítimo.
Los inquilinos pueden solicitar la «prórroga extraordinaria», una de las pocas protecciones directas que trae la zona tensionada, prorrogable hasta un máximo de tres años. Pero su punto de partida es que la prórroga obligatoria ya haya terminado, que el inquilino la solicite y que la prórroga tenga, en sí misma, un límite temporal. El abogado que representa a los vecinos de Gramela, Antonio Vázquez, reconoce que es una medida «coyuntural, no la solución definitiva».
El nombre que A Coruña no ha olvidado
Mientras los inquilinos de la Gramela colgaban su pancarta, los medios coruñeses repetían otro nombre: Aurelia Rey.
En enero de 2013, Aurelia tenía 85 años. Vivía sola en un piso de la calle Padre Feijoo, en pleno centro. Era costurera, su contrato de alquiler databa de 1979, pagaba 126 euros al mes y cobraba una pensión no contributiva de 385 euros. Por deber un mes de renta, el propietario solicitó el desahucio. La fecha de ejecución se fijó para el 28 de enero.
Entonces las cosas no salieron según lo previsto. Activistas de Stop Desahucios pasaron la noche en el portal. Un bombero llamado Roberto Rivas, enviado para cortar las cadenas que bloqueaban la puerta, se negó. Levantó un cartel de «Stop Desahucios» y se convirtió en noticia nacional. Finalmente, el desahucio no se ejecutó. Aurelia aceptó una vivienda social ofrecida por la Xunta y se mudó a Monelos.
El escudo social se desmonta
Hace unos días el Congreso rechazó dos decretos de vivienda que incluían la suspensión de desahucios vigente durante la pandemia, la prórroga forzosa de contratos de alquiler y protecciones especiales para colectivos vulnerables. Según estimaciones del Ministerio de Consumo, la caída de estas medidas significa que 8,4 millones de inquilinos podrían enfrentarse a subidas de renta, con un gasto adicional para las familias de 626 millones de euros.
El viejo «escudo social» ha desaparecido. Los inquilinos de A Coruña lo saben.
El abogado de la Gramela invocará la zona tensionada para solicitar esa prórroga extraordinaria de hasta tres años para las 14 familias. Es una estrategia legal legítima y también una estrategia temporal. Pasados esos tres años, si el propietario vuelve a no renovar, todo empieza de nuevo.
«La zona tensionada regula el alquiler, no la condición humana. Controla el precio de los contratos nuevos, no la extinción de los viejos».