El «informe económico» de Lage Tuñas no incluye ninguno de los documentos ni datos exigidos por el PP y omite los 40 millones del crédito que bloquean todas las inversiones. Mientras, el ejecutivo socialista escenifica una ronda de contactos con la vista puesta en 2027: no piensa aprobar las cuentas.
La política municipal coruñesa vuelve a moverse en el terreno de la escenografía. Primero fue con el BNG: Inés Rey, Lage Tuñas y Nereida Canosa posaron juntos para visualizar una disposición al diálogo que los nacionalistas rechazaron de plano, alegando repetidos incumplimientos. Ahora la puesta en escena se repite con el Partido Popular, al que el gobierno local invita formalmente a negociar unos presupuestos mientras insiste en que sus socios preferentes siguen siendo los del BNG.
El guion, sin embargo, tropieza con un obstáculo que trasciende lo político: el presupuesto no existe. Ni el documento, ni los datos que deberían sustentarlo. Esta información fue recabada y confirmada por fuentes de esta redacción.
Un «informe económico» sin datos
El grupo municipal popular había exigido una serie de documentación concreta para sentarse a negociar. La fecha propuesta era mañana martes. La respuesta del PSOE llegó en forma de un «informe económico» firmado por Lage Tuñas que contiene «mucha literatura y pocos datos». El documento se limita a repetir el argumento habitual del gobierno local —el periodo medio de pago como principal aval de gestión— y omite por completo los papeles solicitados por los populares. En especial, nada sobre la situación del crédito de 40 millones del que depende la gran mayoría de las inversiones del presupuesto de 2026.
Pero el problema de fondo es más grave que la falta de transparencia documental. El presupuesto, sencillamente, no se ha elaborado. Según las fuentes consultadas por esta redacción, el gobierno local no ha recogido siquiera los datos de los servicios y departamentos municipales que deben facilitarlos. Sin costes salariales, sin intereses, sin gastos estimados para proyectos de inversión, es materialmente imposible confeccionar un presupuesto.
Esto confirma la teoría que venía cobrando fuerza en los pasillos de María Pita: el ejecutivo de Inés Rey ya no tenía previsto aprobar unas cuentas en un año electoral como 2027. La ronda de contactos con PP y BNG sería, bajo esta lectura, puro teatro.
Tres datos que desmontan el relato
El propio informe aportado por el gobierno local contiene elementos que evidencian su falta de credibilidad. El primero es el uso interesado del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) como argumento estrella en los plenos. Su cálculo, en la administración pública española, se inicia desde la fecha de conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, no desde la entrada de la factura en el registro. Retrasar esa conformación equivale a «tunear» la cifra media. El indicador, presentado como prueba de buena gestión, es en realidad un dato manipulable.
El segundo es la supuesta alta capacidad de ingresos: algo más de 260 millones, un dato que puede sonar elevado pero que queda muy lejos de los más de 370 millones presupuestados. Cierto es que son cifras de septiembre, pero a esas alturas del ejercicio los principales ingresos ya están contabilizados. Faltarían, precisamente, los 40 millones del crédito pendiente y otros que se desconocen.
Y el tercero, el más elocuente: estando en octubre y con el ejercicio a punto de cerrarse, nada se sabe del préstamo que debería contratarse para afrontar la gran mayoría de las inversiones contempladas en el presupuesto. Incluso los presupuestos participativos dependen al cien por cien de ese préstamo inexistente. La pregunta lleva meses sin respuesta: ¿por qué no se contrata un crédito ya presupuestado? La posible ilegalidad, dada la situación económica del Ayuntamiento, es la hipótesis que cobra más fuerza.
La foto que no llegará
Queda por ver si mañana se repite la estampa. Si habrá otra foto en la soledad del trío de concejales que esperaron en vano a la delegación del BNG. El PP confirmo que no acudirá una reunión sin documentación sobre la mesa. O si, por el contrario, el gobierno local reconoce lo que las fuentes consultadas sostienen sin ambages: que los presupuestos que dice querer negociar son, por ahora, un fantasma.