La ley obliga a la alcaldesa a presentar un proyecto de presupuesto; la prórroga no se decide, se sufre. Y el propio gobierno de Inés Rey ya demostró en el pasado que se podía gobernar sin consenso con la oposición.
El teniente de alcalde, Lage Tuñas, ha afirmado que «o Goberno prorrogará os orzamentos ante a negativa do resto dos grupos a negociar uns novos». Es un relato cómodo, pero no resiste el contraste con la ley ni con la hemeroteca.
Lo que dice la ley
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) regula el procedimiento en su Título VI. Su artículo 168 establece que corresponde a la Presidencia de la corporación, es decir, a la alcaldesa, formar el Presupuesto General con sus anexos y documentación, y remitirlo al Pleno antes del 15 de octubre. Ese es el «proyecto de presupuesto». No es una opción política, es una obligación legal.
El artículo 169 completa el camino: el Pleno aprueba inicialmente el presupuesto, se expone al público para reclamaciones, el Pleno las resuelve en el plazo de un mes y la aprobación definitiva debe producirse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que se aplique. Después se publica resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia.
Y aquí está la clave que el relato oculta: según el artículo 169.6, si el 1 de enero el nuevo presupuesto no está en vigor, se considera automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior, con sus créditos iniciales, hasta que entre en vigor el nuevo.
Quién hace qué
El reparto es nítido. La alcaldesa tiene la obligación de elaborar y presentar el proyecto. El Pleno tiene la potestad de aprobarlo o rechazarlo. Y solo si el 31 de diciembre no hay presupuesto definitivamente aprobado, la prórroga opera de forma automática. No la «decide» el gobierno, ni puede anunciarse en octubre como si fuera una consecuencia inevitable de lo que hagan los demás.
Lo que sí decide el gobierno es no cumplir su parte: no elaborar el proyecto. Anunciar una prórroga antes de que se haya presentado nada equivale a reconocer que no se ha cumplido el trámite que marca la ley. Y no se puede culpar a la oposición de rechazar o no negociar un documento que nunca llegó a existir.
Lo que dice la experiencia
Tampoco el argumento político se sostiene. En el ejercicio del 2025, el gobierno de Inés Rey llevó presupuestos al Pleno sin contar con el apoyo de la oposición y los sacó adelante mediante la cuestión de confianza, el mecanismo previsto en la legislación electoral para vincular la continuidad del alcalde a la aprobación del presupuesto. Es decir, la falta de acuerdo con los grupos no fue entonces un obstáculo insalvable ni una excusa para renunciar a presentar cuentas. El gobierno hizo lo que le correspondía: presentó el presupuesto y asumió el coste político de defenderlo.
Además, en varios años el presupuesto se aprobó después de haber estado prorrogado el anterior, lo que confirma que la prórroga es una situación transitoria que la ley resuelve por sí sola y que no exime de presentar un nuevo proyecto.
Una cortina de humo sin datos
Lo que se presenta como una consecuencia de la intransigencia ajena parece más bien una coartada. El discurso de Lage Tuñas llega sin un solo dato que lo respalde: ni un borrador, ni un calendario de negociación, ni una propuesta rechazada. Encaja, en cambio, con lo que ya publicamos: que el presupuesto no estaba elaborado, porque no se había solicitado la información necesaria a los diferentes departamentos.
El número dos de Inés Rey intenta así trasladar a la oposición una responsabilidad que es del ejecutivo local. La ley es clara, los precedentes también. Otro relato que no se soporta en datos.