La alcaldesa esgrime la rehabilitación como bandera, pero en 2025 ejecutó menos del 5 % de lo presupuestado, la Xunta sitúa en el Concello buena parte de los retrasos en las parcelas cedidas, aportando datos concretos
Hay decisiones políticas que se explican por el fondo y otras que se explican por el relato. El rechazo de Inés Rey a la propuesta de la Xunta para transferir al Concello los 7.296.084,96 euros del Ministerio de Vivienda por la zona tensionada pertenece a las segundas.
Conviene empezar por lo que se ofrece. La Xunta propone transferir esos fondos al Concello, con carácter finalista, para que promueva directamente vivienda pública de nueva construcción en la parcela que el propio gobierno local indique. Es la misma fórmula que se ha ofrecido a Santiago de Compostela. El Concello sería el responsable de ejecutar el dinero, y la Xunta lo comunicaría así al Ministerio. Nadie se queda con nada: se pide que el dinero sirva para construir pisos públicos, que es precisamente lo que el gobierno local dice querer.
Lo que no cuadra es el discurso. Rey habla de “ultimátum” y de rehabilitación, pero los datos de su propia gestión desmienten esa vocación. En 2025, el Concello presupuestó 1.920.855,45 euros para rehabilitación y gastó 91.839,90. Es una ejecución del 4,8 %: por cada euro anunciado, menos de cinco céntimos llegaron a la calle. Quien no ha sido capaz de gastar lo que ya tenía difícilmente necesita más dinero para esa partida. Lo que le falta es gestión, no financiación.
Tampoco es un asunto de competencias. El Real Decreto 851/2026 pone en manos de las comunidades autónomas la subvención directa, y es la Xunta quien debe justificar ante el Ministerio de Vivienda a qué se destina cada euro. Por eso necesita proyectos concretos, verificables y con plazos, no una declaración de intenciones. El plazo de cinco días hábiles que tanto molesta a la alcaldesa no es un capricho: responde a la necesidad de remitir al Ministerio la actuación seleccionada y la administración responsable de ejecutarla.
El secretario xeral de Vivenda, Heriberto García Porto, añade otro elemento incómodo. El Concello había sostenido que la comunicación de la Xunta partía de la premisa de que no colaboraba en la cesión de suelo. La Xunta responde que en ningún momento lo dio a entender y que agradece las cesiones de Os Rosais, Praza Porticada y Pedro Fernández. Es decir, el gobierno local se defendía de una acusación que nadie le había hecho.
Los datos de las cuatro parcelas dibujan un patrón. En Praza Porticada, la obra empezó el 22 de septiembre. En Os Rosais, la obra está licitada, aunque hubo que redactar a requerimiento del Concello un estudio de detalle que tardó seis meses en tramitarse. En Pedro Fernández, la urbanización no está ejecutada y su proyecto modificado sigue en tramitación. VIPUGAL asegura que necesita las condiciones de urbanización y las cotas y rasantes definitivas, que el Concello aún no ha entregado. Aun así, prevé licitar antes de fin de año los dos edificios, con 30 viviendas. El número de viviendas, además, no era “desconocido”, como decía el escrito municipal: figura en las comunicaciones de VIPUGAL al Concello desde el 13 de mayo de 2025.
El resultado es que, en apenas un año desde la escritura de cesión, ya hay cien viviendas en marcha, muy por delante del plazo máximo de tres años fijado en el acuerdo. A ello se suman las 1.041 viviendas de promoción pública que la Xunta construye en la ciudad y el suelo para más de 4.300 en Monte Mero, el 80 % de ellas protegidas.
Si el Concello no acepta, los fondos no se pierden: la Xunta los destinará a su actuación en el Campus de Elviña, con urbanización, 168 viviendas de promoción pública, 150 alojamientos compartidos para menores de 36 años y una residencia juvenil de 150 plazas, con unos 50 millones de inversión. A Coruña recibirá vivienda pública igualmente. Lo que perdería el gobierno local es la foto.
Quizá por eso el rechazo suena más a gesto político que a convicción técnica. Se puede discutir cómo se articula la coordinación entre administraciones y exigir garantías, pero no se puede rechazar una oferta para construir vivienda pública mientras se acumula un historial de inejecución en rehabilitación y de trámites pendientes en suelo ya cedido. Antes de reclamar más dinero, el gobierno local debería explicar por qué gastó 91.839,90 euros de 1.920.855,45, cuándo entregará a VIPUGAL las cotas y rasantes de Pedro Fernández y qué proyecto concreto, con calendario y presupuesto, pretende justificar ante el Ministerio.