Mientras la nueva normativa sigue sin publicarse, las tasas han subido el doble
Promesas incumplidas
En septiembre de 2023 Inés Rey anunció la inminente regulación del uso de terrazas en zonas de aparcamiento.
También en septiembre de 2023, el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, anunció que en 2024 habría una nueva ordenanza de terrazas.
Ambas promesas han sido incumplidas, habida cuenta que el tiempo requerido para completar el proceso legal necesario de la ordenanza (aprobación, alegaciones, resolución y publicación), imposibilita que se materialice antes de terminar este año.
El retraso continuado en la publicación de esta normativa, que originalmente se anunció en 2021, es un claro ejemplo de cómo las promesas políticas pueden dilatarse sin explicación alguna, afectando tanto a los hosteleros como a los ciudadanos que desean hacer un uso ordenado del espacio público.
Acuerdo con el BNG
El BNG, a través de su concejala Avia Veira, ya había manifestado su profunda preocupación por los «excesos» permitidos por el Gobierno municipal en cuanto al uso de las terrazas y la falta de cumplimiento de la ordenanza vigente. Esta crítica es especialmente relevante porque la ordenanza de terrazas era una de las demandas incluidas en los acuerdos para la investidura de Inés Rey en junio de 2023.
Avia Veira ha subrayado que estas irregularidades dificultan la convivencia normal en la ciudad, especialmente por la falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida y el incumplimiento de los límites de ruido. Esta situación no solo pone en evidencia las tensiones entre los socios del Gobierno, sino que también complica las negociaciones para el presupuesto de 2025, en las que el BNG endurecerá sus exigencias.
Inacción
La crisis sanitaria del COVID-19 tuvo un enorme impacto negativo en la hostelería. Dadas las restricciones de aforo en el interior de cafetería, bares y restaurantes, proliferó la instalación de terrazas en aceras y plazas de aparcamiento amparada por una más que razonable permisividad de la administración.
No obstante, ya en 2021 la alcaldesa se comprometió con el sector hostelero a mantener las terrazas en estas áreas, incorporando criterios de seguridad y estética. Desde entonces, no ha habido ningún avance en la regulación formal del uso de estos espacio públicos
Esta inacción ha dejado en una situación de alegalidad a la gran mayoría de terrazas, generando conflictos tanto con peatones como con vecinos.
Las quejas más frecuentes se centran en la invasión del espacio peatonal, la falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida y los inconvenientes derivados de la reducción de plazas de aparcamiento, afectando también al tráfico, especialmente en zonas donde el estacionamiento es limitado.
En este punto, Inés Rey se encuentra delante de una importante dicotomía: mientras garantizó a los hosteleros su permanencia en las plazas de aparcamiento, el acuerdo con el BNG obliga a una regulación más estricta. Hasta ahora la alcaldesa ha sido muy ambigua, pero la negociación de los presupuestos de 2025 con el BNG exigirá una postura clara al respecto.
Las medidas del Gobierno local
A pesar de haberse comprometido con distintos sectores sociales y fuerzas políticas, el Gobierno de Inés Rey ha postergado una normativa clave que ya debía haberse implementado. Esto ha provocado que, en la práctica, muchas terrazas no estén recibiendo licencias, probablemente porque la mayoría no cumpliría con los estrictos requisitos de la ordenanza vigente.
A esta pasividad se suma una política recaudatoria que agrava el malestar en el sector hostelero. Mientras se aplaza la regulación prometida, el Gobierno local ha decidido aumentar las tasas que deben pagar los hosteleros, llegando a casi el doble de lo que se cobraba el año anterior. Este incremento genera frustración en un sector que ya ha tenido que hacer frente a importantes inversiones para adaptar sus terrazas a las normativas provisionales y que ahora se encuentran en una especie de limbo legal.