La designación de la concejala socialista como Jefa de Seguridad, anulada por los tribunales, desata críticas y revela irregularidades en el gobierno de Inés Rey
El nombramiento de Montserrat Paz Romero como Jefa de Seguridad del Ayuntamiento de A Coruña en marzo de 2021 ha desatado un escándalo político y judicial que mantiene en vilo al gobierno municipal liderado por la alcaldesa Inés Rey. Dos sentencias, una del Juzgado Contencioso-Administrativo número dos y otra del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), han anulado la designación, considerando que el proceso careció de transparencia y justificación legal. Sin embargo, el gobierno municipal ha hecho oídos sordos a las resoluciones judiciales, lo que ha llevado a un nuevo capítulo en este conflicto que ya acumula años de polémica.
Un nombramiento bajo sospecha
Todo comenzó el 10 de marzo de 2021, cuando José Manuel Lage Tuñas, concejal de Personal, designó a Montserrat Paz Romero, militante socialista y actual concejala de Interior, como Jefa de Seguridad. Este cargo, que nunca había existido en la concejalía de Seguridad Ciudadana, parecía creado específicamente para Paz Romero, lo que despertó las primeras sospechas. Inicialmente, se intentó cubrir el puesto mediante una comisión de servicios, pero al fracasar este mecanismo, se optó por la libre designación.
Los tribunales han sido contundentes al señalar que el Ayuntamiento no justificó adecuadamente ni la creación del puesto ni la elección de Paz Romero. La sentencia del TSJG afirma que la motivación presentada por el gobierno municipal no supera el «test de racionalidad interna» ni cumple con los requisitos legales para un nombramiento de este tipo. Además, se critica la falta de transparencia en el proceso, que dejó fuera a otros candidatos que podrían haber optado al puesto.
Resistencia a cumplir las sentencias
A pesar de las sentencias, el gobierno de Inés Rey ha ignorado las órdenes judiciales de retrotraer el procedimiento y realizar un nuevo nombramiento con las garantías necesarias. Esta actitud ha obligado al denunciante, uno de los aspirantes al puesto, a recurrir nuevamente a la Justicia para exigir el cumplimiento de la sentencia. El Juzgado Contencioso-Administrativo número dos ha dado un ultimátum al Ayuntamiento, requiriendo que, en un plazo de 30 días, se ejecute la sentencia y se retrotraiga el proceso a sus momentos iníciales.
Sin embargo, el gobierno municipal ha intentado retrasar y manipular el proceso. En octubre de 2024, Lage Tuñas excluyó al denunciante del nuevo procedimiento administrativo para cubrir el puesto, una maniobra que ha sido interpretada como una evasión de las órdenes judiciales. Esta «triquiñuela», como ha sido calificada, ha sido rechazada por los tribunales, dejando claro que no cabe recurso y que el Ayuntamiento debe cumplir con la sentencia.
Daños económicos y morales
Las consecuencias de este escándalo van más allá de lo político. Las sentencias han generado daños morales y económicos para los aspirantes al puesto, que vieron cómo se les negaba una oportunidad laboral en un proceso viciado. Además, los gastos judiciales y las posibles indemnizaciones recaerán sobre las arcas municipales, financiadas con los impuestos de los coruñeses.
Una pregunta incómoda
La pregunta que muchos se hacen es por qué un puesto que se consideró “urgente” en 2021 para designar a Paz Romero ha perdido prioridad ahora. Mientras que en su momento se justificó la creación del cargo y la designación de la concejala como una necesidad imperiosa, el puesto ha permanecido vacante desde que Paz Romero asumió su actual cargo en la concejalía de Interior. Esta contradicción ha alimentado las críticas hacia el gobierno de Inés Rey, acusado de utilizar cargos públicos para beneficiar a afines políticos.
Un caso que erosiona la confianza
El caso de Montserrat Paz Romero es un ejemplo de cómo la falta de transparencia y el incumplimiento de las normas en la designación de cargos públicos pueden derivar en conflictos legales y políticos. Las sentencias judiciales han dejado claro que el proceso fue irregular, pero la resistencia del gobierno municipal a rectificar ha amplificado el escándalo. Este episodio no solo afecta a la imagen del Ayuntamiento de A Coruña, sino que también plantea serias dudas sobre la gestión de Inés Rey y su equipo.
Mientras el gobierno municipal sigue sin cumplir las sentencias, los coruñeses se preguntan cuánto más tendrán que esperar para que se haga justicia y se restaure la confianza en sus instituciones. Por ahora, el caso de Montserrat Paz Romero sigue siendo una herida abierta en la política local, un recordatorio de que la transparencia y el respeto a la ley son pilares fundamentales de cualquier democracia.