De la incompetencia al abandono: así pierde Culleredo fondos públicos por culpa de su alcalde
Culleredo, Mugardos y A Pastoriza son los tres ayuntamientos gallegos que, por distintos motivos, han quedado excluidos de las subvenciones autonómicas para bibliotecas. Sin embargo, en el caso de Culleredo y Mugardos, la razón es especialmente grave: la incapacidad de acreditar que presentaron la cuenta general dentro del plazo legal establecido. Lo más preocupante es que este incumplimiento no es un hecho aislado, sino que refleja una gestión desastrosa y continuada por parte del equipo de Rioboo, que lleva todo el mandato sin aprobar unos presupuestos municipales y con una situación caótica en la contratación pública.
Un patrón de negligencia que perjudica a los vecinos
La falta de estas ayudas no solo supone un perjuicio económico directo para las arcas municipales, sino que evidencia un abandono sistemático de las obligaciones básicas de un gobierno local. Mientras los vecinos y vecinas de Culleredo están obligados a cumplir rigurosamente con sus pagos (como el IBI o el Impuesto de Vehículos), bajo la amenaza de recargos y sanciones, el equipo de Rioboo incumple sus deberes sin consecuencias personales, trasladando el coste de su incompetencia a la ciudadanía.
Si un contribuyente no paga a tiempo sus impuestos, asume las multas correspondientes. Pero cuando un ayuntamiento no presenta sus cuentas en plazo, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, privados de servicios y ayudas que financian con sus impuestos. Esta situación no solo es injusta, sino que corroe la confianza en las instituciones públicas.
El riesgo de normalizar el desgobierno
Lo más alarmante es que esta cultura del desorden administrativo pueda terminar normalizándose. Culleredo lleva años sumido en una parálisis institucional: sin presupuestos, con irregularidades en la contratación y ahora, incapaz de cumplir los plazos legales más básicos. Si la población asume esta situación como algo inevitable, se estará consolidando un precedente peligroso: que quienes gobiernan no rindan cuentas, mientras los vecinos asumen los costes de su ineptitud.
Los servidores públicos deben servir, no perjudicar
Los cargos electos tienen la obligación de gestionar con responsabilidad el patrimonio público, no de dilapidarlo con desidia. La Xunta de Galicia concede estas ayudas para mejorar servicios culturales esenciales, como las bibliotecas, que son espacios de formación, acceso a la información y cohesión social. Que Culleredo pierda estos fondos por la inacción de sus gobernantes es inaceptable.
José Ramón Rioboo y su equipo deben dar explicaciones claras sobre por qué no presentaron las cuentas a tiempo y qué medidas tomarán para evitar que estos incumplimientos se repitan. La ciudadanía merece una administración eficiente, transparente y comprometida con el bien común, no un gobierno que la perjudique con su negligencia.
Mientras otros municipios avanzan, Culleredo sigue estancado por la incompetencia de sus dirigentes. Es hora de exigir responsabilidades y que los servidores públicos sirvan a los vecinos, no a sus propios intereses o desidia.