La senadora Rosa Gallego presenta una pregunta y una moción en el Senado para garantizar el carácter social de la promoción
El Partido Popular, a través de la senadora coruñesa Rosa Gallego, ha registrado en el Senado una pregunta y una moción dirigidas al Gobierno del Estado para que garantice una financiación adecuada a los cooperativistas de Xuxán, evitando que las exigencias del Instituto de Crédito Oficial (ICO) descarten a familias con menos recursos.
La iniciativa se suma a las ya aprobadas en el Pleno municipal de A Coruña, el Parlamento de Galicia y el Congreso de los Diputados, reforzando la presión para que el Ejecutivo central flexibilice las condiciones crediticias y mantenga el precio asequible de estas viviendas de carácter social.
Una pregunta directa, sin evasivas
La pregunta registrada exige una respuesta clara del Gobierno: ¿Va a modificar los requisitos del ICO para que los cooperativistas no se vean obligados a asumir desembolsos que hagan inviable su acceso a la vivienda?
«El endurecimiento de las exigencias malogra el esfuerzo de las administraciones y el objetivo social de estas promociones», subraya Gallego. El PP denuncia que, de mantenerse las condiciones actuales, muchas familias quedarán excluidas pese a contar con el aval de la Xunta y el Ayuntamiento.
Moción con mayoría garantizada
La moción, que será aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP en el Senado, insta al Gobierno a:
- Asegurar que el ICO no impida el acceso a viviendas sociales con precios asequibles.
- Revisar los plazos y garantías exigidas, que actualmente desvirtúan el fin de la cooperativa.
- Coordinar con la Xunta y los ayuntamientos para evitar que las trabas financieras frenen proyectos ya respaldados.
«Hablan de compromiso con la vivienda social, pero sus políticas la dificultan», critica la senadora, recordando que el Gobierno central promueve ayudas mientras el ICO cierra la puerta a quienes más las necesitan.
Un problema que se repite
El caso de Xuxán refleja un conflicto recurrente: las exigencias bancarias chocan con los proyectos de promoción pública, dejando en el limbo a familias que cumplen los requisitos sociales pero no los financieros. El PP insiste en que, si el Ejecutivo no actúa, miles de gallegos verán frustrado su derecho a una vivienda digna.