La venta de la concesión, posible causa de los incumplimientos
Desde Noticias Coruña llevamos días informando sobre la situación anómala que afronta el edificio propiedad del Ayuntamiento de A Coruña, ubicado en los jardines de Méndez Núñez, que aloja la cafetería Copacabana. Dicho edificio, más de 30 meses después de su inauguración, sigue con dos postes que soportan el cableado del suministro eléctrico de obra, lo que constituye una anomalía y una chapuza estética.
Se puede entender que la empresa concesionaria busque lograr la máxima rentabilidad económica, pero el Gobierno de Inés Rey debe velar por los intereses de la población coruñesa que, con sus impuestos y tasas, financia las arcas municipales. Por tanto, debe cumplir y hacer cumplir la legislación y los acuerdos contractuales.
Posible venta de la concesión
Detrás de esta permisividad podría estar la operación de venta de la concesión municipal a otra empresa inversora. Esta operación se rumorea en el sector hostelero de A Coruña y podría realizarse de dos formas:
- Venta de la concesión: requiere autorización por parte de la administración local. Sin embargo, el tiempo de explotación de la concesión es muy reducido, ya que no alcanza ni el 10% de los 30 años otorgados.
- Venta de participaciones o acciones de la sociedad: este método es más efectivo. La empresa seguiría siendo la misma, con las mismas obligaciones, pero con otros propietarios. El beneficio de la operación iría directamente a los accionistas iniciales.
¿Qué obligaciones encontrará el futuro comprador?
Los inversores que adquieran esta concesión podrían enfrentarse a problemas que requerirán un importante desembolso económico:
- Acometida eléctrica: para obtener la potencia necesaria del local, la acometida debe ser financiada por la empresa, lo que podría rondar los 200.000€. Aunque los propietarios actuales la dejen activada, si es con potencia inferior, la sorpresa podría llegar posteriormente. Esto dependerá también de si continúan disfrutando de la permisividad actual.
- Reformas obligatorias: en poco más de cuatro años, los concesionarios deben realizar una reforma que inicialmente ascendía a 15.000 €, pero que fue incrementada a 115.000 € (un sorprendente 666% de aumento). Esta reforma debe realizarse en tres ocasiones durante la concesión, sumando un total de 300.000 €.
- Obligación de plantilla: la concesionaria se comprometió a emplear a 12 trabajadores a jornada completa con contrato fijo.
- Canon mensual: la concesión incluye un canon de 3.328 € al mes.
Analizando esta situación, parece evidente que el gran negocio está en la venta de la concesión y no en su explotación.
Grandes dudas sobre la concesión
La empresa que logró la adjudicación, Indihostel 2012, SL, lo hizo a pesar de no cumplir los siguientes criterios de evaluación del presupuesto descriptivo de la reforma que debía adjuntar en el sobre 3, según la cláusula 11.I.b del PCAP:
- Presentación del presupuesto descriptivo.
- Desglose de la inversión.
- Especificación de las marcas del equipamiento.
- Clasificación energética de los electrodomésticos.
- Descripción de los materiales a utilizar.
- Valoración económica individualizada.
A pesar de incumplir estos 6 puntos, la empresa obtuvo la máxima puntuación (15 puntos) en la valoración de la reforma, basada en una inversión propuesta de 485.890 €, sumada al mínimo inicial de 74.175 €, lo que supone un total de 560.065 €.
Esto contrasta con el criterio del canon de concesión, donde la puntuación máxima era de 11 puntos. Esta puntuación fue obtenida por Iago Cagiao Borredo, quien ofertó 792.000 € por los 30 años de concesión, mientras que la actual concesionaria apenas superó el mínimo exigido con una oferta de 3.000 €.
La empresa también logró la máxima puntuación en el compromiso de emplear a un número de personal superior al mínimo, ofreciendo 12 personas a jornada completa frente a las 9 exigibles.
Sorprende que obtuviera la peor puntuación en los criterios más fácilmente comprobables y las mejores puntuaciones en aspectos subjetivos como la valoración de la reforma y el compromiso de plantilla, a pesar de las quejas existentes sobre el incumplimiento en el número de empleados.
Controvertidas relaciones políticas
La adjudicación de la concesión generó malestar en la hostelería coruñesa debido a las relaciones políticas entre el nuevo Copacabana y el PSOE local. Una oficina en el número 1 de la calle Ramón de la Sagra se ha convertido en el epicentro de la polémica. En ella tienen su domicilio social:
- Empresas vinculadas a Gonzalo Castro Prado, jefe de gabinete de la alcaldesa Inés Rey en aquel momento y actual concejal.
- Dolores y Alberto José Rodríguez Amoroso, cargos de la ejecutiva del PSOE coruñés y respectivamente esposa y cuñado de José Manuel Lage Tuñas, portavoz del Gobierno local y concejal de Economía.
- Dos sociedades de Yaiza Canosa Ferrío, conocida emprendedora gallega y hermana de Mónica Canosa Ferrío, administradora solidaria de Indihostel 2012, SL.
Cabe recordar que José Manuel Lage Tuñas fue el responsable del concurso de adjudicación.
La relación familiar entre la concesionaria y una persona tan vinculada al PSOE coruñés ha levantado ampollas entre parte del sector hostelero de la ciudad.
