Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, el periodo medio de pago a proveedores del concello herculino es de 36,47 días.
La gestión de los pagos por parte del gobierno municipal sigue siendo una asignatura pendiente. Las Administraciones Públicas están obligadas a pagar en treinta días a sus proveedores, pero el Ayuntamiento de A Coruña ya inició el año 2023 con un mal dato, siendo de 33,56 días de período medio de pago. Esta referencia empeoró con el paso de los meses, llegando hasta los 36,47 días, último dato publicado por el Ministerio de Hacienda y que corresponde al mes de octubre de 2023.
Este comportamiento se agrava si miramos las cifras de entes dependientes del propio Concello como son el Consorcio para la Promoción de la Música y el Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña. Esta actuación de la administración esconde importantes riesgos, puesto que la demora genera intereses, herramienta que los proveedores raramente utilizan para seguir siendo contratados en futuras operaciones, pero a la que sí tienen derecho.
Podríamos pensar que el incumplimiento de esta norma es algo que afecta a las administraciones públicas en general, pero no es cierto.
La ciudad que más se parece por población a la nuestra es Vigo y los datos son claros. Su periodo medio de pago a proveedores en el mes de septiembre fue de 9,41 días, y en el mes de octubre incluso se redujo a 9,33.
La propia Xunta de Galicia, a pesar de ser un ente de mayor volumen presupuestario, cumple perfectamente con la legislación vigente. El último dato publicado en la web del Ministerio de Hacienda detalla en 11,03 días el periodo de pago de la Xunta a los proveedores.
El periodo medio de pago definido en el Real Decreto 1040/2017 mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y busca combatir la morosidad.
Los proveedores y acreedores del Ayuntamiento de A Coruña agradecerían que la administración local cumpliera con la legislación vigente, como hacen otros concellos similares o la propia Xunta de Galicia.
