Instituciones como el Congreso de los Diputados y la Diputación Provincial de A Coruña ya han publicado las preceptivas declaraciones de bienes de sus cargos públicos. 109 días después de su toma de posesión, el Ayuntamiento de A Coruña aun no lo ha hecho ¿Qué interés oculto tiene el gobierno municipal en no publicarlos o en retrasarlos?
Desde la alcaldía de este ayuntamiento siempre se saca pecho a la hora de presumir de su supuesto alto nivel en política de transparencia. Pero una inexactitud, repetida muchas veces, no se convierte en verdad. En el de las declaraciones de bienes, la actuación del concello de acerca de nuevo a la completa opacidad e incumple los objetivos fijados por la Ley.
En artículos de fechas anteriores hablábamos de la imposibilidad de localizar el contrato que firmo el Ayuntamiento con la RFEF de Luis Rubiales y Albert Luque; y también hicimos referencia a otros expedientes y contratos de alcaldía que no aparecen en la web municipal de transparencia. Ahora debemos sumar la imposibilidad de consultar las declaraciones de bienes de los miembros del pleno.
Con el fin de poder aportar información sobre los perfiles de la corporación municipal, intentamos acceder a la declaración de bienes de los mismos, pero nos resulto imposible. Esta situación, se convierte en un nuevo ejemplo que aleja al Ayuntamiento de A Coruña de cumplir con los fines de la Ley de Transparencia. Que como dice su texto, “es la ley que reconoce a todas las personas su Derecho de Acceso a la Información Pública. Este derecho funciona como una llave que permite a cualquier persona acceder a la información pública, es decir, aquella que se encuentra en poder de cualquier Institución Pública.”
En otros organismos públicos como Congreso o Diputación ya son accesibles.
Lejos de ser odiosas, las comparaciones resultan esclarecedoras, y nos demuestran como esta acumulación de irregularidades pone a este gobierno local muy lejos de poder ser considerado como un ejemplo de transparencia. Podemos empezar por el Congreso de los Diputados, formado por 350 miembros y que se constituyó bastante más tarde que las entidades locales. A través de su web se puede acceder sin problema a la información sobre el patrimonio de todos los diputados y diputadas. Por cierto, conviene recordar que el pleno de A Coruña está compuesto únicamente por 27 personas, muy lejos de las cifras centenarias del Congreso.
Otro ejemplo que Inés Rey tiene más cerca, a pocos metros del palacio municipal de María Pita, es la Diputación Provincial de A Coruña que también fue constituida con posterioridad al pleno municipal. En este ente provincial también están accesibles las declaraciones de bienes de sus diputados.
Si la situación que denunciamos fuese una anécdota aislada no publicaríamos este artículo, pero los malos hábitos de este gobierno municipal en política de transparencia empiezan a formar una cortina de opacidad diseñada para ocultar a los ciudadanos coruñeses la realidad de la gestión municipal. De la gestión que se hace del presupuesto que los vecino y vecinas nutren con sus impuestos. Relacionamos algunas de las anomalías que hemos detectado en fechas recientes:
- Contratos y expedientes públicos que no aparecen en web municipal.
- 99% del presupuesto del IMCE oculto en plataforma de contratación.
- Suprimir las ruedas de prensa con preguntas de los periodistas tras la celebración de las Juntas de Gobierno Local y sustituirlas por el envío de notas de prensa.
- No responder a preguntas sobre la situación del Jardín de San Carlos y la extraña peripecia protagonizada por el vehículo de Lage Tuñas.
- No permitir el acceso a la documentación a los miembros de los otros grupos de la oposición, derecho que recoge claramente el Reglamento Orgánico Municipal en su artículo 120.
Actuar de espaldas a los ciudadanos se está convirtiendo en la norma de este gobierno. Si a esto le sumamos el poco interés que muestran algunos de sus miembros en cumplir las normas, el panorama que se ofrece a los coruñeses y coruñesas resulta preocupante. Lo que nos lleva a plantearnos esta pregunta: ¿Por qué se oculta toda esta información que debería ser pública?