El gobierno local de A Coruña, presidido por la alcaldesa Inés Rey (PSOE), ha implementado un nuevo modelo de gestión de las fiestas de barrio que, lejos de optimizar recursos, ha generado un incremento de costes para las asociaciones vecinales. Bajo el sistema anterior, el Instituto Municipal de Cultura y Entretenimiento (IMCE), dependiente del Concello, se encargaba de la organización y asumía los gastos derivados de los eventos, incluyendo los derechos de autor gestionados por la SGAE. Sin embargo, la nueva fórmula transfiere esa responsabilidad a las entidades vecinales mediante subvenciones, un cambio que ha disparado los gastos en un 25% y ha provocado el malestar entre los colectivos ciudadanos.
Un modelo que encarece la fiesta: las entidades pierden el descuento municipal
Uno de los aspectos más controvertidos del nuevo sistema es el sobrecoste que supone para las asociaciones asumir los pagos a la SGAE. Según ha podido confirmar esta redacción, los ayuntamientos disfrutan de un descuento del 25% en estos derechos gracias a un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), del que Inés Rey es vicepresidenta. Sin embargo, este beneficio no se traslada a las entidades vecinales, que ahora deben afrontar la totalidad de los gastos sin bonificación alguna.
Esta situación ya ha tenido consecuencias: la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro hizo pública en sus redes sociales una notificación de la SGAE reclamándole el pago por las actuaciones musicales de su festejo, un trámite que antes gestionaba directamente el IMCE. La entidad, ante las dificultades económicas y burocráticas, decidió renunciar a la organización de sus fiestas.
¿Falta de coordinación o mala gestión?
El nuevo modelo no solo ha generado quejas por el aumento de costes, sino también dudas sobre su eficiencia. Desde el gobierno local se defiende que la medida busca «dotar de mayor autonomía» a los barrios, pero las entidades critican que se les ha transferido la carga económica sin las herramientas necesarias para asumirla.
Llama la atención que Inés Rey, como vicepresidenta de la FEMP, esté al tanto del convenio que beneficia a los ayuntamientos, pero no haya impulsado un mecanismo para extender ese descuento a las asociaciones. Esto ha llevado a cuestionar si el Ayuntamiento de A Coruña ha diseñado un sistema realmente optimizado o si, por el contrario, está trasladando un problema a los vecinos sin ofrecer soluciones.
Mientras, otras entidades estudian seguir el ejemplo de Novo Mesoiro y abandonar la organización de sus fiestas si no se revisa el modelo. El debate está servido: ¿autogestión vecinal o externalización de gastos?
