La situación de la contratación en el Ayuntamiento de A Coruña ha alcanzado un nivel de desgobierno que ya no puede ocultarse tras cortinas de humo. Los coruñeses y coruñesas no solo están pagando más por servicios esenciales, sino que están recibiendo un servicio de menor calidad, todo ello mientras el gobierno de Inés Rey mantiene una cadencia irregular que roza la negligencia.
Un Contrato Estrella que se Desinfla
El caso más paradigmático es el de la gestión de la planta de Nostián, cuya licitación, con un importe estimado de 642.469.659,24 euros, ha quedado desierta. Este contrato, que la alcaldesa vendió como una gran operación de futuro para la ciudad, ha evidenciado la falta de planificación y el escaso atractivo de las condiciones ofrecidas a las empresas. No es un fracaso menor: la gestión de residuos es uno de los servicios más sensibles para cualquier municipio, y el hecho de que el contrato esté vencido desde 2019 convierte la situación en un verdadero agujero negro jurídico y económico.
Recogida de Basuras: Cinco Años de Irregularidad
Pero Nostián no es un caso aislado. El contrato de recogida de residuos, adjudicado en octubre de 2020 a CESPA (actualmente Prezero), fue anulado por una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia . Esta sentencia, que el Ayuntamiento decidió no recurrir, convertía el contrato en nulo de pleno derecho. Sin embargo, el gobierno local permitió que Prezero siguiera prestando el servicio, generando un desembolso de más de 50 millones de euros sin cobertura legal .
La propia asesoría jurídica del Ayuntamiento ha reconocido que la empresa tiene derecho a una compensación por haber trabajado sin contrato, lo que supondrá una nueva sangría para las arcas municipales. La trampa se cierra cuando, en 2025, el mismo gobierno que adjudicó el contrato a Prezero decide excluir a Valoriza, la empresa ganadora del litigio, por supuestos incumplimientos de las bases que no fueron motivo de exclusión en 2020. La contradicción es tan evidente que apunta a una arbitrariedad que deja en evidencia el proceso.
Las Consecuencias de un Caos Jurídico y Económico
Esta situación no es una simple anécdota administrativa. Tiene consecuencias directas para los vecinos:
- Servicios más caros: La prolongación irregular de contratos caducados impide aplicar revisiones de precios y controlar el gasto público. Además, la incertidumbre jurídica genera sobrecostes que acaban repercutiendo en el ciudadano. La reciente subida de la tasa de basura, justificada por el gobierno local con la implantación del quinto contenedor, se presenta como una medida inviable cuando no hay un contrato que la respalde. Expertos señalan que es una «gran mentira» .
- Servicios peores: La inestabilidad en la prestación de servicios esenciales como la limpieza o la recogida de residuos puede derivar en interrupciones, huelgas o bajada de la calidad. La retirada de los contenedores marrones presentados en Novo Mesoiro es un símbolo de la inconsistencia de un proyecto que no puede ejecutarse sin una concesión formal.
Riesgos Adicionales: La Sombra de la Nulidad
Más allá de los costes económicos y la pérdida de calidad, la práctica de mantener contratos caducados arrastra graves riesgos jurídicos y administrativos. Según la Ley de Contratos del Sector Público, una vez vencido el contrato, no cabe prórroga tácita. La continuación de la prestación sin un nuevo acto administrativo puede ser considerada nula de pleno derecho . Los informes de Intervención suelen calificar estas situaciones como irregularidades graves en la gestión económica.
La «orden de continuidad», un mecanismo que el Ayuntamiento podría estar utilizando, es una vía de hecho que genera inseguridad jurídica tanto para la administración como para los trabajadores de las contratas. Aunque permite mantener el servicio de forma temporal, no es un sustituto de una licitación formal y puede ser impugnada.
Una Evidencia de Abandono
La alcaldesa Inés Rey ha tratado de minimizar la gravedad de estos hechos, pero la realidad es tozuda. La situación de Nostián y de la recogida de residuos no son casos aislados; son la evidencia de un abandono institucional que está costando millones a los contribuyentes y que deteriora los servicios públicos. El gobierno local ha demostrado una alarmante falta de planificación y, lo que es peor, un desprecio por las sentencias judiciales que erosiona la credibilidad de la institución.
Los coruñeses no merecen ser tratados como ignorantes. Pagan más impuestos y reciben peores servicios, mientras la oposición y los tribunales señalan una y otra vez las irregularidades. El «culebrón» de la basura, con sus 50 millones de euros en el aire, es el ejemplo perfecto de una gestión que ha perdido el norte y que debe asumir sus responsabilidades.