El gobierno de Inés Rey encadena su segundo tropiezo en una semana, pero la sombra de la nulidad jurídica lo convierte en un terremoto institucional
El pleno municipal no es el único escenario donde el gobierno de Inés Rey cosecha reveses. El pasado martes, la Junta General de la empresa municipal de aguas, Emalcsa, se convirtió en un nuevo campo de batalla política y jurídica, dejando tras de sí un reguero de interrogantes que van más allá de un simple desacuerdo contable. Lo que se presentaba como un trámite rutinario para la aplicación de los resultados del ejercicio 2025, derivó en un choque institucional que expone las costuras de la gestión local y, lo que es más grave, plantea serias dudas sobre la legalidad de la propia constitución del órgano.
La operación de «maquillaje» que no cuela
El centro del conflicto reside en la propuesta rechazada por los miembros de la Junta General. Según fuentes consultadas, el equipo de gobierno pretendía utilizar los resultados económicos de Emalcsa—una empresa con superávit histórico—para llevar a cabo una operación de «maquillaje» de las cuentas generales del Ayuntamiento. Si bien la práctica de compensar déficits o ajustar partidas con remanentes de empresas municipales no es ilegal per se, la opacidad con la que se ha manejado esta propuesta y el hecho de que ni siquiera los propios miembros de la junta hayan respaldado la iniciativa, invita a preguntarse: ¿se estaba ocultando un agujero presupuestario real o simplemente se buscaba embellecer las cifras de cara a la opinión pública?
El rechazo frontal a la propuesta supone un nuevo tropiezo para Inés Rey, que ve cómo su capacidad de control sobre los brazos ejecutores del consistorio se resquebraja. Pero la derrota política es lo de menos si lo comparamos con la segunda cuestión que ha saltado a la palestra: la presidencia de la Junta.
La presidencia de Lage Tuñas: ¿legalidad o «parche» estatutario?
La ausencia de la alcaldesa Inés Rey, presidenta nata del órgano, era esperada. Sin embargo, lo que no estaba en el guion era la designación de quien ocuparía su lugar. Frente a la lógica corporativa que dicta que la suplencia recaiga en el vicepresidente o, en su defecto, en el consejero de mayor edad, el concejal Lage Tuñas se sentó en la silla principal. Según las mismas fuentes, esta elección generó un «estupor» jurídico entre los asistentes, que vieron cómo se saltaban las normas de suplencia sin una justificación aparente.
La pregunta es obligada: ¿Puede un concejal, sin ser vicepresidente ni decano, presidir legítimamente una Junta General de una sociedad municipal? Si los estatutos de Emalcsa no prevén esta figura de «presidente accidental de libre designación», estaríamos ante un vicio de forma que podría invalidar todas las decisiones adoptadas en la sesión, incluida la propia votación que denegó la propuesta del gobierno. La Ley de Bases de Régimen Local y la normativa mercantil aplicable a las sociedades de capital público son taxativas en cuanto a la necesidad de respetar el orden de suplencia. De no ser así, nos encontramos ante un acto nulo de pleno derecho.
¿Un intento de controlar la oposición?
Surge una hipótesis inquietante: ¿Se designó a Lage Tuñas precisamente para evitar que un vicepresidente o un consejero de mayor edad (quizás de la oposición) dirigiera la sesión y, por ende, tuviera capacidad para admitir ruegos o preguntas incómodas? La maniobra, de ser cierta, no solo sería antidemocrática, sino que revela una preocupante falta de solvencia jurídica en el asesoramiento del gobierno local.
Un precedente peligroso
La ciudadanía coruñesa debe exigir respuestas claras. No podemos permitir que las empresas municipales se conviertan en meras cajas de caudales para equilibrar números sobre el papel, ni que sus órganos de gobierno se celebren con un manual de instrucciones improvisado. El gobierno de Inés Rey tiene la obligación de aclarar:
- La naturaleza exacta de esa operación contable rechazada.
- El sustento estatutario o legal que permitió a Lage Tuñas presidir la Junta General.
Si el Ayuntamiento no aclara estas dudas en los próximos días, no solo estaremos ante un nuevo revés político, sino ante un quevedo de sospechas que podrían terminar en los tribunales contencioso-administrativos. La transparencia no se negocia, y la ley, tampoco.