Los cortes de tráfico por las protestas de los taxistas son el preámbulo de un conflicto que amenaza con desbordar al gobierno local. Pero mientras los profesionales del volante pierden jornadas de trabajo, fuentes de esta redacción apuntan a que la alcaldesa, Inés Rey, no solo mira hacia otro lado, sino que podría estar ocultando un conflicto de intereses de dimensiones mayúsculas para salvar a un familiar directo
El enfrentamiento entre taxistas y VTC no es exclusivo de A Coruña, pero en nuestra ciudad la podredumbre parece aflorar con especial virulencia. Mientras el sector del taxi clama por una regulación justa y el cumplimiento de las normas, la regidora socialista ha optado por una estrategia de comunicación digna de la Casa Blanca: negacionismo, datos sesgados y un mutismo sospechoso.
El «Efecto Trump» en María Pita
Inés Rey ha decidido imitar al presidente estadounidense Donald Trump en su manera de gestionar la verdad. Ante las preguntas incómodas, la alcaldesa deriva las responsabilidades hacia la Xunta cuando se habla de VTC, pero hace mutis por el foro cuando el debate son los taxistas, un sector cuyas competencias son exclusivamente municipales.
En un alarde de cinismo, Rey llegó a comparar el precio de una licencia de taxi con el de un piso en la millonaria calle Juana de Vega, intentando justificar un supuesto agravio comparativo. Además, se agarra a encuestas y consultas para apoyar al sector de los VTC, en un claro intento de intoxicación informativa para desviar la atención de lo que realmente importa: el incumplimiento de la ley en pleno centro de la ciudad.
El «Agujero Negro» de las Denuncias: ¿Dónde están los conductores?
Según ha podido saber esta redacción, la Xunta de Galicia, a través de su servicio de inspección en movilidad, ha interpuesto un número muy significativo de denuncias contra vehículos VTC en la ciudad. Estas denuncias, que incluyen datos pormenorizados y la identificación clara del conductor infractor, son remitidas al Ayuntamiento de A Coruña para su tramitación final, recaudación o archivo de alegaciones.
Sin embargo, lo extraño, lo que hace saltar todas las alarmas, ocurre en el proceso de tramitación municipal. Fuentes consultadas aseguran que, cuando estas denuncias entran en el Concello, los expedientes «pierden» milagrosamente los datos del conductor.
Mientras la Xunta remite los pliegos con la identidad clara del infractor (tal y como exige la Ley para sancionar a la persona física que comete la irregularidad), al salir del departamento correspondiente del Ayuntamiento coruñés, los expedientes aparecen únicamente a nombre de la empresa. Una «pérdida» de información que, curiosamente, deja en un limbo jurídico las sanciones y, sobre todo, protege la identidad de los conductores reincidentes.
El vínculo familiar que lo explica todo
Siguiendo el rastro de estas denuncias «descabezadas», esta redacción ha podido confirmar la existencia de un familiar directo de la alcaldesa Inés Rey que figura como trabajador activo en una empresa de VTC con operativa en A Coruña.
Fuentes solventes apuntan a que este familiar podría ser el acumulador de varias de esas denuncias tramitadas por la Inspección de la Xunta. La pregunta es clara: ¿Es una casualidad que, precisamente, las denuncias que llegan al Ayuntamiento pierdan los datos del conductor, justo cuando un familiar de la primera edil podría estar en el punto de mira de la Inspección?
Parece que la estrategia de comunicación «trumpista» de Inés Rey (negar, desviar, atacar al sector del taxi y esconder los datos) no es más que una cortina de humo para ocultar su verdadera motivación: proteger a los suyos mientras el sector del taxi, el que realmente depende de su licencia municipal, es abandonado a su suerte y obligado a tomar las calles.