El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente la demanda de la entidad y obliga al gobierno local de Inés Rey a pagar a la entidad, sumándose esta a una larga lista de sentencias adversas que evidencian la falta de previsión y la gestión caótica del ejecutivo municipal
Una nueva sentencia judicial vuelve a poner en evidencia la gestión del gobierno municipal de Inés Rey. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de A Coruña ha dictado una resolución (Sentencia 00147/2026) por la que condena al Ayuntamiento a indemnizar al Club del Mar de San Amaro con 33.315,64 euros por los gastos de mantenimiento de la Piscina Municipal, correspondientes al periodo comprendido entre el 6 de mayo y el 31 de agosto de 2023. La sentencia supone un nuevo revés para el ejecutivo local, que ve cómo se acumulan los fallos judiciales en su contra por su inacción y mala praxis administrativa.
Un contrato caducado y una gestión en precario
El origen del conflicto se remonta a mayo de 2023, cuando el contrato de concesión administrativa que vinculaba al Club del Mar con la gestión de la piscina climatizada, firmado en el año 2003 por un plazo improrrogable de 20 años, llegó a su fin. La ley y la lógica administrativa exigían al Concello convocar un nuevo concurso público con la suficiente antelación para garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, el gobierno local de Inés Rey no lo hizo.
Ante la pasividad del Concello y para evitar el cierre de una instalación considerada de interés público, el Ayuntamiento impuso al club, de forma verbal y sin cobertura contractual, la continuidad en la prestación del servicio. Esta situación de «gestión en precario» se ha prolongado durante más de tres años, generando una enorme incertidumbre económica y laboral para la entidad.
El fallo: enriquecimiento injusto de la Administración
La sentencia desestima los argumentos del gobierno municipal y se basa en la doctrina del enriquecimiento injusto de la Administración. El tribunal considera que, al no existir contrato vigente, no se trata de una reclamación contractual, sino de una obligación de resarcir al club por los costes reales asumidos para mantener un servicio público que el Concello debería haber gestionado directamente o licitado de nuevo.
El fallo rechaza todos los argumentos de la defensa municipal y, tras analizar la prueba pericial, fija la indemnización en 33.315,64 euros por el déficit generado entre el 6 de mayo y el 31 de agosto de 2023, añadiendo además la obligación de abonar los costes sucesivos que se generen desde el 1 de septiembre de 2023 hasta que el Ayuntamiento asuma la prestación del servicio o realice los trámites legales pertinentes.
El PP exige explicaciones y denuncia una gestión «ruinosa»
El Partido Popular de A Coruña, que ya había denunciado reiteradamente esta situación, exige explicaciones urgentes a la alcaldesa Inés Rey. El portavoz popular, Miguel Lorenzo, quien se ha reunido en varias ocasiones con la directiva del club y con el comité de empresa de los trabajadores, ha sido un firme defensor de la entidad en este proceso.
«Esta sentencia ratifica lo que el PP ha venido denunciando durante años: la nefasta planificación del gobierno de Inés Rey. No es una cuestión menor; estamos hablando de una entidad social y deportiva viable que se ha visto abocada a una situación insostenible, hipotecada por tener que gestionar una instalación municipal sin contrato y asumiendo pérdidas millonarias», declaró Lorenzo.
El dirigente popular aseguró que el Ayuntamiento tendrá que resarcir al club con una cantidad que fuentes de la entidad estiman en aproximadamente 500.000 euros, una factura que los vecinos de A Coruña tendrán que pagar por la dejadez del gobierno local. «Mientras los trabajadores sufrían despidos y la directiva del club luchaba por mantener la viabilidad, Inés Rey miraba hacia otro lado. No hubo solución, ni licitación a tiempo, ni asunción directa del servicio. Solo improvisación y falta de respeto», añadió Lorenzo.
Un gobierno judicializado y sin respuestas
Esta no es la primera sentencia que desmonta la narrativa del gobierno municipal. El caso del Club del Mar se suma a una lista de fallos adversos que dibujan un panorama de gestión irregular y falta de control. Desde el PP se insiste en que el ejecutivo local debe dar una respuesta inmediata: asumir la gestión directa de la piscina, sacar a licitación un nuevo contrato actualizado o llegar a un acuerdo con el club, pero terminando con la provisionalidad que tanto daño está causando.
El Concello de A Coruña, que aún puede presentar recurso de apelación ante esta sentencia en el plazo de 15 días, vuelve a quedar retratado judicialmente. Mientras, el Club del Mar sigue a la espera de que el gobierno de Inés Rey pague lo que debe y ponga fin a una pesadilla que comenzó con la negligencia de sus propios gobernantes.