Hoy, apenas dos días después de la entrada del nuevo año, A Coruña despide un «poblado navideño» que quedará, efectivamente, en el recuerdo colectivo. Pero no como la idílica estampa centroeuropea que prometió la alcaldesa Inés Rey, sino como un sonado desastre mediático y ciudadano. Lo que se presentó como un proyecto emblemático terminó por convertirse en un fiasco, protagonizando portadas y reportajes por todos los errores que acumuló.
Ahora, en el momento del desmontaje, se busca cerrar el capítulo con el anuncio de exigir responsabilidades. Sin embargo, un análisis detallado de la contratación pública revela que la responsabilidad política del gobierno local que encabeza Inés Rey es ineludible y va mucho más allá de las multas simbólicas que se puedan imponer al adjudicatario.
El contrato: Un negocio ruinoso para los coruñeses
El expediente AD1/2025/59, destinado a la «autorización de explotación del dominio público en la plaza de María Pita» por un Mercado de Nadal, es el núcleo de este fracaso. Mientras la cuantía oficial del contrato ascendía a 14.666,40 € anuales, la verdadera fuente de ingresos estaba en el alquiler de las 50 casetas (como mínimo), con un precio mínimo total que superaría con mucho los 150.000 € (calculado con el importe mínimo).
Esta disparidad pone en contexto la irrisoria amenaza de sanción que el Ayuntamiento puede imponer al adjudicatario, NC7 Events, SL. Según los pliegos, las multas por incumplimientos oscilan entre un 1% y un máximo del 10% del valor del contrato base. Es decir, la sanción más severa posible apenas alcanzaría los 1.466 euros, una cantidad inferior a la mitad de lo que pagó un solo casetero por su puesto. Una desproporción que hace dudar de la seriedad con la que se redactaron las cláusulas de control.
Irregularidades que apuntan a una contratación negligente
La cronología del proceso genera más dudas que certezas. El plazo para presentar ofertas finalizó el 13 de noviembre de 2025. Sin embargo, la empresa adjudicataria, NC7 Events, SL, no modificó su objeto social para incluir nuevas actividades hasta el 19 de noviembre, seis días después, según consta en el BORME (publicado el 1 de diciembre). Esto plantea una pregunta incómoda: ¿participó y ganó un concurso público una empresa que, técnicamente, no tenía aún el objeto social adecuado en el momento de la licitación?
Además, los propios arrendatarios de las casetas denuncian el incumplimiento flagrante de otra cláusula: la obligación de tener un responsable permanente en el recinto para atender sus problemas. Este ausentismo gestionarial fue uno de los motivos del caos y el descontento generalizado.
Los verdaderos responsables: Nombres y apellidos dentro del gobierno local
La alcaldesa Inés Rey anunció que pediría responsabilidades al organizador. Pero la pregunta clave es: ¿y a sus propios responsables?
La firma que avala el pliego de condiciones es la del director del Área de Administración General, Manuel Ángel Jove Losada, número dos del gobierno municipal. Asimismo, el órgano que valoró y adjudicó este contrato estuvo compuesto por:
- Presidente: El concejal de Economía y Planificación Estratégica.
- Vocales: Representantes de la Asesoría Jurídica, el Departamento de Mercados y Comercio, el Servicio de Concesiones y Patrimonio, y el Servicio de Intervención.
Son estos cargos, bajo la autoridad política última de la alcaldesa, los que diseñaron unos pliegos laxos, valoraron una oferta cuestionable y supervisaron (o no) un desarrollo catastrófico. La sorpresa fingida de Inés Rey en la inauguración y sus promesas de mejora sobre la marcha no son más que el reflejo de una falta de control previo y una gestión reactiva y deficiente.
Una lección cara que no debe repetirse
El desmantelamiento del poblado navideño no acaba con la responsabilidad política. El daño a la imagen de la ciudad, la decepción de la ciudadanía y las pérdidas económicas de decenas de caseteros son una factura que pagamos todos.
Exigir una multa de 1.500 euros al contratista es un gesto vacío si no va acompañado de una auditoría interna, explicaciones públicas y, en su caso, responsabilidades dentro del equipo de gobierno. La prometida «transparencia» que el portavoz Lage Tuñas vinculó al portal de contratos debe demostrarse ahora publicando todos los documentos, incluida la resolución de adjudicación que brilla por su ausencia.
A Coruña merece unas fiestas dignas y bien organizadas. Para ello, antes que buscar culpables externos, el gobierno de Inés Rey debe empezar por mirar hacia dentro y asumir su parte en este desastre. Solo así podrá garantizar, con hechos y no con palabras, que algo así sea, efectivamente, irrepetible.