Una sucesión de intentos fallidos, sentencias contrarias y una peculiar interpretación de las resoluciones judiciales por parte del equipo de Inés Rey desembocan en un nuevo ultimátum de la justicia al gobierno local
El prolongado intento de incorporar como funcionaria del Ayuntamiento de A Coruña a la concejala socialista Montserrat Paz Romero se ha convertido en un laberinto administrativo y judicial que ha puesto en evidencia, según numerosas fuentes consultadas, el departamento de Recursos Humanos del gobierno local, que en este proceso “no ha acertado ni una”. El caso, que se arrastra desde el pasado mandato también presidido por la alcaldesa Inés Rey (PSdeG), está a punto de llegar a un nuevo punto crítico tras una reciente orden judicial.
El origen: un puesto de jefa de Seguridad
Todo comenzó con el propósito de traer a Paz Romero, funcionaria de prisiones, al Ayuntamiento para ocupar la Jefatura de Servicio de Seguridad. El primer método explorado fue la comisión de servicio, una fórmula actualmente judicializada por su presunto mal uso por parte del gobierno local. En este caso, no prosperó porque la administración penitenciaria de la concejala no autorizó el destino.
Ante ese fracaso, se optó por la vía de la Libre Designación (LD). Este proceso, que legalmente no puede realizarse “a dedo”, exige convocar un concurso público y valorar los méritos de los candidatos. Así se hizo, y el área de Personal, dependiente del concejal de Hacienda y Personal, Lage Tuñas, y dirigida técnicamente por el socialista Manuel Ángel Jove Losada, declaró a Paz Romero como la candidata más idónea.
La justicia da la razón al recurrente y desmonta la valoración
Sin embargo, otro candidato, identificado con las siglas JFSG y con una amplia experiencia en seguridad ciudadana y la policía local, recurrió el proceso. La justicia le dio la razón. El juzgado destacó, entre otros argumentos, que en la valoración de la concejala se habían inflado de manera “irreal” las cifras sobre el tamaño de los equipos humanos que había coordinado, otorgándole así una puntuación indebida.
El Ayuntamiento, en lugar de acatar, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG). Este confirmó la sentencia inicial, ratificando que el proceso adolecía de graves irregularidades en la fase de valoración curricular. Al no llevar el caso al Supremo, la sentencia del TSXG se convirtió en firme. Su mandato era claro: retrotraer el proceso al momento anterior a esa valoración errónea para que se repitiera de forma limpia.
La sentencia firme, ignorada
Pese a ello, el gobierno de Inés Rey no ejecutó la sentencia. Este silencio administrativo obligó al recurrente a solicitar la ejecución forzosa, un trámite ante los tribunales que, nuevamente, le dio la razón y exigió al Ayuntamiento el cumplimiento estricto de lo resuelto.
Lejos de acatar, el equipo de gobierno realizó lo que fuentes jurídicas califican como una “interpretación personal e interesada” de la orden judicial. Alegó, sin base en la sentencia, que el paso del tiempo impedía aplicar la retrotracción tal como se ordenaba, una maniobra que perjudicaba claramente al recurrente, dejándole sin reparación y asumiendo costes.
Un nuevo ultimátum: 30 días para cumplir
El culebrón, como ya es conocido en los pasillos del Palacio Municipal, dio un nuevo giro el pasado 16 de diciembre de 2025. La justicia volvió a actuar, dando un ultimátum de 30 días al Consistorio para que ejecute la sentencia en los términos originales, es decir, retrocediendo el proceso al punto previo a la valoración de méritos.
Reflexión final: ¿incompetencia técnica u obediencia política?
El caso deja al descubierto una gestión cuestionable y plantea una reflexión incómoda: ¿por qué no se han depurado responsabilidades internas por este desastre administrativo y judicial?
Las opciones, según analistas y oposición, son dos: o los técnicos y responsables máximos del área de Personal actuaron con una incompetencia flagrante que debería costarles su puesto dada la alta responsabilidad que ostentan, o, simplemente, cumplían órdenes superiores. El hecho de que no se haya producido ningún cambio ni sanción interna apunta, para muchos, a la segunda opción: que todo este entramado de intentos y resistencias judiciales fue orquestado desde la cúpula política del gobierno para favorecer a una miembro del propio equipo.
Mientras el Ayuntamiento se juega en estos días su credibilidad ante los tribunales, el “caso Paz Romero” se erige como un ejemplo de opacidad, opción política por encima del mérito y una tenaz resistencia a acatar la justicia, incluso cuando esta habla de forma clara y reiterada. Un episodio que deja una profunda huella sobre la gestión de lo público en A Coruña.