La alcaldesa de A Coruña y el responsable de Personal afirman públicamente que se cometió un delito, pero no hay constancia pública de denuncia formal, por lo que incurren en una posible omisión de su deber como autoridades públicas
En unos testimonios y pruebas conocidas por esta redacción estos dias, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el concejal de Personal, Lage Tuñas, realizaron una acusación de extrema gravedad: según afirmaron, trabajadores del Ayuntamiento habrían modificado expedientes administrativos de manera irregular, un acto que –según su propia versión– constituiría un delito. La información, según declararon, procede de “fuentes fiables” y está respaldada por “soporte documental”.
Sin embargo, tras las graves declaraciones, surge una pregunta incómoda y de crucial importancia jurídica y democrática: ¿han presentado denuncia formal ante la Fiscalía o los tribunales? Hasta el momento, se desconoce si se ha iniciado algún procedimiento legal, lo que deja la acusación en un preocupante limbo y abre la puerta a múltiples interrogantes sobre el uso político o intimidatorio de una información tan sensible.
La obligación legal de denunciar: especialmente imperiosa para los cargos públicos
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que todo ciudadano tiene el deber de poner en conocimiento de la autoridad judicial o policial los delitos de los que tenga noticia. Si bien para el ciudadano de a pie esta obligación suele tener una sanción simbólica y de escasa aplicación, para los funcionarios públicos y, especialmente, para las autoridades, el deber se refuerza significativamente.
El Código Penal español es claro al respecto. Castiga específicamente al “funcionario público que, en el ejercicio de su cargo, tuviere noticia de algún delito y no procediera a denunciarlo” con la pena de multa e incluso inhabilitación. Inés Rey y Lage Tuñas, como máxima autoridad local y responsable del área de Personal, respectivamente, no son meros testigos: son los superiores jerárquicos directos de los presuntos implicados y los garantes de la legalidad en la institución.
Su inacción tras la acusación pública los sitúa en una posición jurídicamente vulnerable y éticamente insostenible. Si poseen pruebas documentales de un delito que afecta a la administración pública –y por ende, a todos los coruñeses–, su primer paso debería haber sido acudir a la justicia.
Las sombras de la estrategia: chantaje, acoso o cálculo político
La decisión de hacer el anuncio por la vía pública antes (o en lugar de) la vía judicial levanta inevitables sospechas. Expertos en derecho administrativo y gobernanza consultados para este artículo señalan varios riesgos:
- Utilización como instrumento de presión: La información podría emplearse para amedrentar a la plantilla o a sectores políticos opositores dentro de la casa, creando un clima de temor y deslealtad.
- Manejo de tiempos electorales: Retener la denuncia formal permite activarla en el momento político más conveniente, transformando un presunto delito en un arma de campaña, lo que trivializa la gravedad del asunto.
- Posible encubrimiento o negociación: La omisión en denunciar podría interpretarse, en un escenario extremo, como una forma de encubrimiento si existe la intención de proteger a alguien o de obtener algo a cambio del silencio.
Consecuencias de la no denuncia: más allá de la multa simbólica
Para un ciudadano, no denunciar un hurto que ha visto en la calle rara vez tiene consecuencias. Para la alcaldesa y el concejal, la situación es radicalmente diferente. Su posición conlleva una obligación reforzada de garantizar la integridad de la institución. No actuar no solo los expone a la mencionada figura del delito de omisión del deber de perseguir delitos, sino que mina la confianza ciudadana y normaliza la impunidad dentro de la propia administración.
Un requerimiento de explicación a la ciudadanía
La ciudad de A Coruña merece respuestas claras y actos concretos. Las declaraciones públicas, sin la contundencia de los hechos judiciales, no bastan. Por ello, las preguntas que la ciudadanía y la oposición deben plantear son directas:
- ¿Se ha presentado denuncia formal? En caso afirmativo, ¿cuándo y ante qué organismo?
- Si no se ha presentado, ¿por qué? ¿Qué razón jurídica o de estado justifica que los máximos responsables de la ciudad, conocedores de un presunto delito interno, no acudan a la justicia?
- ¿Qué medidas administrativas inmediatas se han tomado contra los presuntos implicados mientras se dilucida la verdad judicial?
El caso ya no es solo la presunta modificación de expedientes. El nuevo y quizás más grave foco es la aparente contradicción entre acusar públicamente y no actuar legalmente. Inés Rey y Lage Tuñas han levantado una losa muy pesada. Ahora tienen la obligación, legal y moral, de mostrar las pruebas a un juez o de explicar de manera convincente por qué no lo hacen. De lo contrario, su credibilidad y la seriedad de la institución que representan quedarán irremediablemente dañadas. La justicia no puede ser un recurso opcional o un arma política; es un deber ineludible, especialmente para quienes ocupan la máxima responsabilidad pública.