Ignacio Martínez Dopico, alto cargo de máxima confianza de la alcaldesa, se ampara en un permiso de acometida de agua para una reforma integral de su vivienda de la calle del Carmen: segundo caso de picaresca urbanística en el ejecutivo local, que ha dejado el servicio de inspección con un solo vigilante
La picaresca urbanística ya no es que salpique al gobierno de Inés Rey: forma parte de su organigrama. Tras los casos del concejal Lage Tuñas —obras sin licencia en un local comercial de la avenida del Ejército convertido después en dos pisos, acreditado por informes de la Policía Local e inspección de urbanismo—ahora sale a la luz un segundo episodio que hunde el listón ético del Ayuntamiento todavía más abajo.
El protagonista no es un concejal, sino Ignacio Martínez Dopico, director de área de Turismo del Ayuntamiento de A Coruña, conocido popularmente como Nacho Dopico. Es decir: un puesto de máxima confianza nombrado directamente por la alcaldesa y que ocupa el máximo nivel dentro de la organización municipal. No hablamos de un funcionario de carrera que ejecuta órdenes ni de un vecino desinformado: hablamos de una persona con rango jerárquico máximo en la administración local, con acceso directo a los servicios municipales y a la información de primera mano sobre los requisitos legales que cualquier obra debe cumplir. Un cargo que, por definición, debería encarnar el ejemplo de legalidad y servicio público que el gobierno local exige al resto de la ciudadanía.
Según ha podido saber esta redacción, las reformas se ejecutaron en una vivienda ubicada en la calle del Carmen, número 4, en el barrio de Monte Alto, sin la preceptiva licencia de obra. Y aquí conviene ser preciso, porque la excusa del documento que aparece y el permiso que no llega es ya un patrón conocido en esta ciudad: la acometida de agua al edificio sí disponía de licencia de obra, pero esa autorización únicamente abarcaba la llegada de agua al inmueble. La carencia afecta a la reforma de la vivienda propiamente dicha. Es decir: se usó un permiso parcial, limitado a la conexión de suministro, para amparar una reforma completa del inmueble.
La imagen política: el cargo que debería dar ejemplo
La cuestión no es solo administrativa. Es, sobre todo, de imagen política y de ética pública. El director de área de Turismo no es un cargo cualquiera: es una de esas personas que la alcaldesa coloca en la cúpula municipal, con sueldo público y responsabilidad directa sobre la imagen de la ciudad. Resulta difícilmente sostenible que quien representa a A Coruña ante el mundo —el Turismo es, precisamente, la puerta de entrada de la marca de una ciudad que vive de su reputación— y quien cobra de las arcas municipales para gestionar un área de promoción, sea precisamente quien se aprovecha de las deficiencias de esa misma administración que él integra para ejecutar reformas sin licencia en su propia casa.
Ignacio Martínez Dopico no es un cargo que llegue a la administración por méritos en la función pública: proviene del sector privado. Fue director comercial del Deportivo antes de la llegada de Escotet y también pasó por el extinguido Banco Pastor. Es decir, conoce las reglas del juego empresarial y de la gestión privada. Pero una cosa es conocerlas y otra muy distinta es trasladar la lógica del beneficio individual al terreno de lo público, donde las normas no son sugerencias. Que alguien con su trayectoria, ahora instalado en un puesto de máxima confianza del gobierno local, opte por aprovecharse de un defecto estructural de la administración que preside Inés Rey no es un error menor: es una decisión consciente que revela un déficit ético que empieza en la cúpula del Ayuntamiento.
Y lo que es todavía más grave: no hablamos de aprovecharse de la ignorancia, sino de aprovecharse del desmantelamiento. El gobierno local sabe perfectamente que el servicio de Disciplina Urbanística está en mínimos de recursos humanos, tal y como se evidencia en los escasos ingresos de ese apartado en la ejecución presupuestaria. Es fácil entender que la picaresca triunfe cuando quienes deberían vigilarla no existen. Pero que la picaresca se ejerza desde el propio gobierno, valiéndose de ese vacío que el mismo gobierno ha creado, es como mínimo muy poco ético.
Un servicio clave desmantelado mientras se engorda la nómina de altos cargos
Mientras el gobierno de Inés Rey aumentó de forma exagerada el número de altos cargos —como el propio Nacho Dopico, el caso que nos ocupa—, desmonta servicios que deben prestar atención a los ciudadanos. Es la paradoja perfecta de esta administración: más cargos de confianza, menos control público. Escasas personas en el servicio de licencias, pero lo que parece ya un escándalo es el servicio de Disciplina Urbanística.
Y no es casualidad. Desde que salieron a la luz las obras del concejal Lage Tuñas en su primer piso de la avenida del Ejército sin licencia de obras, ese servicio entró en una fase de desmontaje progresivo. Un servicio en claro abandono y desmantelamiento que parece la apuesta de la alcaldesa. Los datos son elocuentes: falta un jefe de servicio en activo; no hay una jefatura de sección con personal; y lo que es escandaloso en una ciudad que aspira a un urbanismo ordenado, un servicio de disciplina urbanística no tiene inspectores de urbanismo: únicamente un vigilante.
Es decir: el área encargada de detectar y corregir las obras sin licencia —las de los particulares y, ahora sabemos, también las de los propios cargos del gobierno— se ha quedado sin los recursos humanos más elementales. Sin inspectores, sin jefatura, sin personal. Con un solo vigilante como coartada. Y mientras tanto, los gastos de personal del Ayuntamiento se incrementan año tras año y el número de altos cargos crece sin freno. La prioridad del gobierno local no es la disciplina urbanística: es engordar la estructura política y vaciar los servicios que controlan el cumplimiento de la ley.
No se trata solo de falta de recursos: se trata de una estrategia. Si el servicio que debe perseguir las obras sin licencia se desmantela justo después de que un concejal sea pillado, y mientras nuevos casos afectan a altos cargos del gobierno, la conclusión es difícil de evitar. ¿Es negligencia? ¿Es incompetencia? ¿O es una calculada dejación de funciones que garantiza la impunidad? La alcaldesa Inés Rey no ha dado ninguna explicación pública sobre por qué su gobierno ha decidido vaciar el servicio de Disciplina Urbanística. Tampoco sobre por qué los funcionarios que cumplieron con los requerimientos de la fiscalía en el caso de «los pisitos» de Lage Tuñas siguen con expedientes disciplinarios abiertos, pero sin resolver. Es decir: quienes hicieron su trabajo y pusieron de relieve las irregularidades del concejal quedan señalados, mientras los cargos del gobierno que incumplen la norma no enfrentan consecuencia alguna.
Ese dato, pequeño en apariencia, es demoledor. Porque revela la auténtica dirección de la política urbanística del ejecutivo de Inés Rey: señalar a quien vigila, proteger a quien incumple. Todo hace pensar que a la alcaldesa la política urbanística de la ciudad le importa poco, o nada.
Un patrón: un conceja, un director de área y un servicio vaciado
Lo ocurrido con Ignacio Martínez Dopico no es un caso aislado. Es el segundo episodio conocido de picaresca urbanística en el seno del gobierno de Inés Rey: primero Lage Tuñas y ahora el director de área de Turismo en la calle del Carmen. Dos cargos, dos obras irregulares, dos permisos que no existían o que abarcaban mucho menos de lo que se construía. Y en los dos casos, el mismo modus operandi: la utilización de documentos parciales o trampa para simular legalidad y la confianza en que el servicio de Disciplina Urbanística, vaciado de recursos, no va a detectar nada.
Mientras la alcaldesa siga engordando la estructura de altos cargos, desmantelando el servicio que debería controlarla y mirando hacia otro lado ante los incumplimientos de los suyos, la picaresca seguirá andando a sus anchas por nuestra ciudad. Y ya van tres veces. Todas, de la mano de quienes deberían combatirla.