El ejecutivo municipal, que no sanciona el incumplimiento generalizado del cartel de obra exigido por la ley, suma ya dos casos en meses: primero Lage Tuñas en la avenida del Ejército y ahora un segundo un segundo miembro del equipo de gobienro que simula tener permiso con papeles de carga y descarga
La picaresca urbanística vuelve a salpicar al equipo de gobierno de Inés Rey. Si hace apenas unos meses denunciábamos en este medio el caso del concejal Lage Tuñas, quien realizó obras sin licencia en un local comercial de la avenida del Ejército para convertirlo posteriormente en dos pisos —con informes de la Policía Local e inspección de urbanismo que acreditaron la realización de obras con ausencia de licencias—, ahora salta un segundo escándalo que compromete directamente a otro miembro del equipo de Inés Rey. En esta ocasión, las obras se estarían ejecutando en un edificio de su propiedad situado en el barrio de Monte Alto.
Lo que en cualquier otra ciudad sería un escándalo institucional de primer orden, en A Coruña se ha convertido en una rutina inquietante. Y es que el Ayuntamiento no solo tolera el incumplimiento de la normativa urbanística: lo normaliza, lo facilita y, en última instancia, lo alienta con su inacción.
Dos documentos para el engaño
Según ha podido constatar este medio, en la fachada del inmueble en el que se ejecutan las obras —un edificio propiedad de este miembro del gobierno de Inés Rey— estuvieron expuestos dos documentos municipales que, a simple vista, podrían confundirse con la preceptiva licencia de obra. Sin embargo, ninguno de ellos lo es. El primero hace referencia a una reserva de espacio público para carga y descarga por un plazo de dos días. El segundo corresponde a una licencia para obras en las conexiones de agua. Es decir: documentación menor, ajena por completo a la obra mayor que se está ejecutando, pero hábilmente colocada para simular el cumplimiento de una normativa que el propio gobierno local se encarga de no hacer cumplir.
Resulta cuando menos llamativo —y profundamente preocupante— que quienes manejan información de primera mano sobre los requisitos legales en materia urbanística sean precisamente quienes los esquivan con mayor descaro. No hablamos de un ciudadano desinformado: hablamos de un miembro del equipo de gobierno que conoce, o debería conocer, la obligación de exhibir la licencia y el cartel indicador de obra. Y que, sin embargo, opta por el artificio, la apariencia y el documento trampa.
Una norma que existe y que nadie aplica
El marco legal no deja margen a la interpretación. El Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia (Decreto 143/2016), en su artículo 357.6, califica de «requisito indispensable» la obligación de disponer junto a la obra de la copia autorizada de la licencia municipal y, en el caso de las obras mayores, de un cartel indicador con el nombre de los técnicos y directores, la persona contratista, la ordenanza aplicada, los usos previstos, la fecha de expedición de la licencia, el plazo de ejecución, el número de plantas autorizadas y el número de expediente.
Es decir: toda la información que un vecino necesita para saber qué se está construyendo a su lado, con qué permiso y hasta cuándo. Y toda la información que, paseando por A Coruña, sencillamente no está.
Como ya denunciamos en este medio, el Ayuntamiento de A Coruña incumple de forma sistemática esta obligación. Caminar por la ciudad se ha convertido en un ejercicio de arqueología normativa: andamios, contenedores y vallas se suceden por las fachadas, pero falta lo que la ley exige junto a cada obra. Lo que antes era excepcional —encontrar una obra sin cartel— se ha convertido en la regla. La información de las obras ha pasado de habitual a excepcional, y con ella se ha diluido la frontera entre lo que tiene licencia y lo que no.
La permisividad como política
Lo verdaderamente grave no es solo el incumplimiento, sino su normalización. Contenedores un mes en la vía pública y vallas sin expediente completan el paisaje de un control urbanístico que se diluye. La permisividad —o incluso el aliento— a incumplir una norma obligatoria facilita estas obras sin licencia en general. Pero si esto llega de la mano de miembros del gobierno de Inés Rey, contiene un agravante importante: quienes deberían velar por el cumplimiento de la legalidad son los primeros en saltársela.
La pregunta no es si se cumple la norma —no se cumple—, sino por qué el propio ayuntamiento lo permite. ¿Es incompetencia, negligencia o complicidad? ¿Cómo se explica que un gobierno local que presume de gestión moderna y transparente no sea capaz de hacer cumplir una obligación tan básica como la exhibición de la licencia de obra? ¿Y cómo se explica que dos de sus miembros hayan sido sorprendidos ejecutando obras sin la preceptiva autorización en cuestión de semanas?
Un patrón que se repite
El caso de Monte Alto no es un hecho aislado. Es la segunda vez que la picaresca urbanística viene de la mano de un miembro del gobierno de Inés Rey. Dos casos en poco tiempo dibujan un patrón preocupante: el de un ejecutivo municipal que predica una cosa y hace la contraria, que exige a los ciudadanos el cumplimiento de la normativa mientras sus propios miembros la esquivan con documentos de cobertura y artimañas.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de A Coruña sigue incumpliendo el artículo 357.6 del Reglamento de la Ley del Suelo y nadie lo sanciona. La calle demuestra que el «requisito indispensable» se ha convertido en una excepción. Y lo que es peor: quienes tienen la responsabilidad de corregir esta situación son los primeros interesados en mantener la opacidad.
A Coruña merece un gobierno que predique con el ejemplo, que exija a sus miembros lo mismo que exige a los vecinos y que no convierta el urbanismo en un terreno de impunidad para quienes ostentan el poder. Mientras eso no ocurra, la picaresca seguirá andando a sus anchas por nuestra ciudad. Y esta vez, por segunda vez, de la mano de quienes deberían combatirla.