La política social de Inés Rey deja fuera a menores con alergias graves, diversidad funcional y trastornos de conducta
Las bases de los campamentos de verano del Ayuntamiento de A Coruña esconden un entramado de requisitos y condiciones que, lejos de garantizar la inclusión social que prometen, establecen barreras discriminatorias para los menores con necesidades educativas especiales (NEE), alergias graves o diversidad funcional. Mientras el gobierno local presume de políticas sociales, el documento que regula estos programas evidencia una realidad muy distinta: la exclusión silenciosa pero efectiva de los niños y jóvenes más vulnerables.
Alergias e intolerancias: la exclusión más flagrante
El punto más preocupante de las bases se encuentra en la página 5, donde se especifica textualmente que «non terán a consideración de NEE… aquelas situacións que non constitúan unha necesidade educativa especial…, tales como, a título exemplificativo e non exhaustivo, alerxias ou intolerancias alimentarias (incluída a celiaquía), ou dietas especiais».
Esta cláusula supone un muro infranqueable para menores con alergias graves. Un niño con celiaquía, cuya condición médica requiere cuidados específicos y puede afectar gravemente su salud si no se maneja adecuadamente, queda automáticamente excluido de la categoría NEE. Si una familia solicita una plaza basándose en esta condición, su petición será rechazada para esa categoría y tramitada como una solicitud ordinaria, sin ningún tipo de apoyo específico.
La decisión municipal contradice abiertamente la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013), que incluye las enfermedades crónicas que limitan la participación social como discapacidad a efectos de protección.
Barreras físicas: el requisito de saber nadar como filtro excluyente
Dos de los campamentos incluyen un requisito que, en pleno siglo XXI, resulta especialmente llamativo por su carácter excluyente. Tanto el Campamento Tradicional de Pernoctación (página 17) como los Campamentos Mocidade (página 22) exigen como condición indispensable que los participantes sepan nadar.
«É necesario que as persoas participantes saiban nadar», reza la base del primer programa. En el segundo se insiste: «Trátase dun campamento multideportivo con actividades no medio acuático, polo que é imprescindible saber nadar».
Esta exigencia excluye automáticamente a cualquier menor con discapacidad motriz, parálisis cerebral, o cualquier otra condición que le impida desenvolverse en el agua. No se contempla adaptación alguna, ni alternativa para quienes puedan participar en el resto de actividades pero no en las acuáticas. Un requisito desproporcionado que convierte la discapacidad física en una condena a la exclusión.
La «inclusión condicionada» de los menores con diversidad funcional
Las bases reservan plazas para menores con diversidad funcional, pero la participación no es absoluta. En los Campamentos de Día, Urbanos y Mocidade (páginas 10, 13 y 20) se ofertan plazas «para menores con diversidade funcional nun grao que non lles impida participar nas actividades co grupo». Es decir, si el grado de discapacidad es tal que el menor no puede seguir el ritmo del grupo estandarizado, el campamento no está diseñado para atenderle.
Aún más preocupante es lo establecido en la página 20 para los Campamentos Mocidade. Allí se detalla que podrán participar jóvenes con diversidad funcional siempre que cumplan tres condiciones: tener capacidad de comunicación y participación, tener una movilidad «acorde» con las características de las actividades, y «non presenten trastornos que poidan alterar a convivencia durante a actividade».
Esta última cláusula es especialmente grave. Deja en manos de la organización la decisión sobre qué trastornos pueden «alterar la convivencia», lo que abre la puerta a la exclusión arbitraria de menores con trastornos de conducta o del neurodesarrollo, vulnerando la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige apoyos individualizados en entornos inclusivos, no la exclusión por posibles conflictos.
Un requisito más: la escolarización como filtro
En la Escola OMIC (página 25), se añade otra condición restrictiva: «Só poden solicitar praza NEE menores con necesidades educativas especiais escolarizados en centros educativos ordinarios». Esto deja fuera a cualquier menor con NEE que esté escolarizado en un centro de educación especial, negándoles el acceso a esta reserva de plazas.
Un negocio, no un servicio público
Estas medidas evidencian unas bases diseñadas a medida de la empresa que presta el servicio, priorizando la facilidad de gestión sobre el derecho de los menores a participar en actividades de ocio inclusivas. No se han adaptado espacios, ni actividades, ni apoyos para todos los jóvenes. La conclusión es clara: no hay inclusión real cuando se excluye a quienes más apoyos necesitan.
La denuncia del PP: recorte de plazas y falsa inclusión
El Grupo Municipal Popular ha sido contundente en su crítica. Denunció este martes que «Inés Rey ha recortado 1.245 plazas en los campamentos municipales en este mandato». Los datos son reveladores: en 2023 se anunciaron 7.361 plazas, en 2024 fueron 6.296, y para 2026 la cifra se ha reducido a 6.116, un 17% menos.
«Este descenso ha sido progresivo. Cada año hay menos plazas cuando debería haber cada vez más, para favorecer la conciliación», señaló el portavoz popular.
Los recortes afectan especialmente a áreas concretas:
- Campamentos deportivos: se han reducido a la mitad, de 960 plazas en 2023 a 480 este año.
- Campacoles (para escolares de Infantil y Primaria): caída de 720 plazas, un 40% menos, de 1.800 a 1.080.
- SummerTalk (campamento en inglés): ha desaparecido por completo, eliminando 225 plazas que existían en 2023.
«Esto no es inclusión, es selección»
El PP también ha puesto el foco en la falsa inclusión que promociona el gobierno local. «En los Campamentos de Mocedade, supuestamente todos los chicos y chicas de entre 12 y 17 años, tengan o no discapacidad, pueden participar, pero solo si cumplen ciertas condiciones injustas», denunciaron.
Además de los requisitos ya mencionados, desde el Partido Popular señalaron que «solo los jóvenes con un grado de discapacidad igual o inferior al 33% podrán recibir los apoyos personales necesarios», dejando desprotegidos a quienes tienen un grado de discapacidad superior.
«Esto no es inclusión. Esto es selección. Una selección que excluye a muchos chicos sin ni siquiera permitirles intentarlo. La inclusión real consiste en adaptar los espacios, las actividades y los apoyos para que todos los chicos puedan participar, no al revés», sentenció el portavoz popular.
Un derecho vulnerado
La conclusión de los populares es rotunda: «Todas las niñas y niños tienen derecho a convivir y a disfrutar, sin límites injustos y sin barreras invisibles. Los campamentos públicos deben ser accesibles y diversos. Porque si es un campamento de la juventud… que sea para toda la juventud».
Mientras el gobierno local de Inés Rey presume de políticas sociales inclusivas, las bases de sus campamentos de verano cuentan una historia muy diferente: la de miles de familias que ven cómo sus hijos quedan excluidos por alergias, por una discapacidad, o simplemente por no saber nadar.