La Justicia ordenó anular su designación como Jefa de Seguridad por falta de objetividad, pero el Concello no ha adoptado medidas
Hoy vence el plazo legal para que el gobierno local de A Coruña, presidido por Inés Rey (PSOE), cumpla una sentencia firme que anula el nombramiento de la actual concejala de Seguridad, Montserrat Paz, como Jefa de Seguridad del Ayuntamiento en 2021. El proceso, ejecutado por el edil de Personal, José Manuel Lage Tuñas, ha sido reiteradamente cuestionado por la Justicia, que lo considera carente de «racionalidad» y transparencia.
Un nombramiento con vicios desde el principio
Montserrat Paz, entonces militante socialista sin experiencia municipal en seguridad, accedió al cargo el 10 de marzo de 2021 mediante libre designación, tras un primer intento fallido de colocarla vía comisión de servicios. Su procedencia como funcionaria de prisiones no justificaba, según los tribunales, su idoneidad para el puesto, creado ad hoc y sin antecedentes en la Concejalía de Seguridad Ciudadana.
Varios empleados, entre ellos un policía local con amplia trayectoria, recurrieron el nombramiento por falta de méritos y transparencia. El Juzgado Contencioso-Administrativo les dio la razón en una primera sentencia, ordenando «retrotraer el procedimiento» por ausencia de «motivación razonable». El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó el fallo, condenando al Concello al pago de costas.
Incumplimiento reiterado y «salida alegal»
Pese a la firmeza de la sentencia, el gobierno de Rey no adoptó medidas, lo que obligó al demandante a reclamar su ejecución judicial. El plazo para cumplirla finaliza hoy, 7 de abril, pero fuentes internas revelan que el Concello planea una solución extralegal: ofrecer a Paz otro puesto en la administración local cuando deje la concejalía, burlando así la anulación de su designación.
Esta maniobra choca con la sentencia, que declara nulo su nombramiento desde su origen, obligándola a regresar a su puesto anterior en Instituciones Penitenciarias. «Gestionar lo público como un cortijo es inadmisible», critican voces municipales.
Antecedentes de opacidad
El caso se enmarca en un patrón de incumplimientos judiciales por parte del gobierno de Rey. Destacan:
- Una sentencia de 2022 (reafirmada por el TSXG en 2023) que exige transparentar 150 comisiones de servicio heredadas de Marea Atlántica, incluyendo motivaciones y criterios de selección. El Concello sigue sin aportar la información.
- El uso «torticero» de comisiones de servicio, según los tribunales, para eludir procesos meritocráticos.
Silencio institucional
El gobierno local no ha explicado por qué incumple las sentencias ni qué medidas adoptará hoy. La pasividad, advierten juristas, podría derivar en nuevas demandas y multas, costeadas con fondos públicos.
Mientras, el puesto de Jefa de Seguridad que ocupó Paz sigue vacante, evidenciando lo innecesario de su designación. Un nuevo capítulo de una gestión que, para la Justicia, prioriza la lealtad política sobre el interés general.