Documentos internos revelan que el «perdón millonario» a UTE-Albada carece de justificación legal
El Gobierno municipal de A Coruña, liderado por Inés Rey, ha suscrito un acuerdo transaccional por el que condona 7.383.930,43 euros a UTE-Albada, la empresa concesionaria de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) de Nostián. La medida, adoptada el 24 de febrero de 2025, ha desatado una oleada de críticas por carecer de respaldo técnico o legal, según denuncia la Agrupación Coruñesa de Asociaciones Vecinales (ACAV), que ha llevado el caso al Consejo de Cuentas para su investigación.
Una sentencia firme ignorada
El conflicto se remonta a 2011, cuando el Ayuntamiento pactó con UTE-Albada (formada por Urbaser y otras empresas) pagar por el 55% de las toneladas tratadas en Nostián, incluso si no se procesaban. Sin embargo, en 2018, el Juzgado Contencioso-Administrativo nº4 anuló ese acuerdo por ilegal, una sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2019 y por el Tribunal Supremo en 2020.
Pese a ello, el Consistorio siguió pagando a la concesionaria hasta 2018, acumulando una deuda de 15,6 millones de euros. En 2022, informes de las áreas de Medio Ambiente, Asesoría Jurídica e Intervención Municipal respaldaron reclamar ese dinero por considerarlo un «enriquecimiento injusto». De hecho, la propia UTE-Albada depositó un aval bancario ante la posibilidad de tener que devolverlo.
Un perdón sin explicación
En febrero de 2024, la Junta de Gobierno acordó reclamar la totalidad de los 15,6 millones. Pero un año después, rebajó la deuda a menos de la mitad (8,3 millones) sin justificación.
Claves del escándalo:
- Sin aval jurídico: La Asesoría Jurídica municipal admitió que la decisión fue «política, no jurídica».
- Silencio en Transparencia: En la comisión del 6 de marzo de 2025, el gobierno no aportó motivos económicos o legales para el acuerdo.
- Presupuesto comprometido: Los 15 millones figuraban como ingreso en los presupuestos de 2024. La condonación genera un agujero fiscal no explicado.
Empresas vs. Vecinos
La ACAV destaca el trato discriminatorio hacia los ciudadanos:
- Impuesto de vehículos: De 11 millones recaudados en 2023, solo se condonaron 111.016 € (1%).
- Basura: De 8,2 millones, se perdonaron menos de 2.000 €.
- Multas: Lo «perdonado» a UTE-Albada supera lo recaudado por sanciones de tráfico y urbanísticas en un año.
ACAV recuerda que: “Estos fondos son dinero público, pagado con los impuestos de todos. Deberían invertirse en servicios para la ciudad, no en blindar los beneficios de una multinacional».
El Consejo de Cuentas deberá pronunciarse sobre:
- La legalidad del acuerdo transaccional.
- El impacto económico para las arcas públicas.
- Posibles responsabilidades políticas por ignorar informes técnicos.
El caso refleja un patrón preocupante: mientras los vecinos asumen impuestos rigurosos, grandes empresas logran condiciones privilegiadas mediante acuerdos opacos. La ACAV insiste en que «el dinero público no es moneda de cambio político» y reclama que los 7,4 millones condonados se destinen a políticas sociales o infraestructuras.
¿Fue una negociación legítima o un favor encubierto? La bola está ahora en el tejado del Consejo de Cuentas.